La difícil convivencia que se prevé tendrá la Convención con el nuevo gobierno y los potenciales conflictos

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La presidenta de la Convención, Elisa Loncon, y el vicepresidente, Jaime Bassa, el 10 de noviembre. Foto: Agencia Uno.

Quien llegue a La Moneda el 11 de marzo asumirá en un incierto escenario en el cual la Convención – a 4 meses del inicio del gobierno-  propondrá nuevas reglas para gobernar el país, en un plebiscito que sería en septiembre de 2022. Una eventual reducción del período presidencial, la implementación de un estado plurinacional y cambios al modelo de desarrollo son temas que podrían tensionar la relación entre la Convención y el Ejecutivo. Otro punto conflictivo podría el protagonismo de la Convención en la agenda contingente, como ya ocurrió con el indulto a los presos del 18/10.

Qué observar: El nuevo presidente de Chile asumirá el 11 de marzo de 2022 en un incierto escenario, marcado por las propuestas que realice la Convención Constitucional para modificar la Constitución, los plazos que fijen para este proceso y el eventual protagonismo que tengan en la agenda política durante el primer año de gobierno, más allá de su mandato constitucional.

  • El artículo 137 de la Constitución establece que la Convención deberá redactar y aprobar una propuesta de texto en un plazo de 9 meses, prorrogable por 3 meses, contados desde su instalación. La instalación ocurrió el 4 de julio y convencionales de distintos sectores prevén que se utilizará la prórroga, por lo que la propuesta de Carta Fundamental debiera estar lista el 4 de julio de 2022,  a menos de 4 meses de iniciado el nuevo gobierno.
  • Tras esto, comenzará a correr el plazo para el plebiscito de salida. El presidente tendrá 3 días para convocar al referéndum, que será obligatorio para quienes vivan en Chile. Éste deberá celebrarse un máximo de 60 días después de publicado el llamado en el Diario Oficial, lo que miembros de la Convención estiman que ocurrirá en septiembre.
  • La calificación del plebiscito deberá producirse 30 días después de esto y la sentencia de proclamación deberá ser comunicada 3 días más tarde al Presidente, quien (en caso de que la nueva Carta sea aprobada) deberá convocar al Congreso en los 5 días siguientes. En un plazo máximo de 10 días deberá ser publicada la Carta Fundamental en el Diario Oficial y entrar así en vigencia. Es decir, en noviembre podría comenzar a regir una nueva Constitución que reemplace a la de 1980.
  • Un factor que analistas prevén incidirá en la relación entre La Moneda y la Convención, más allá de los plazos fijados, es la decisión de la mesa de involucrarse en la política contingente, como ya ocurrió este año a propósito del proyecto de indulto a los presos del 18-O. “Cada vez que la Convención intente superar el mandato que se la ha dado, va a generar críticas no solo de los órganos ya constituidos, sino que también de la ciudadanía, críticas a su respeto a las reglas”, dijo el abogado constitucionalista y profesor de la UC, Sebastián Soto.

Duración del mandato presidencial: Uno de los elementos que analistas estiman podría generar fricciones con la Convención es la duración del período presidencial, en caso de que se abrevie la permanencia en La Moneda del próximo gobierno.

  • “Se debe evitar utilizar un cambio de régimen político como una forma encubierta para acortar el mandato del próximo presidente. Tal cosa me parecería completamente inadecuada y poco republicana y cortoplacista”, dijo el abogado constitucionalista Arturo Fermandois, quien dijo, de todas formas, “confiar en que la relación entre el nuevo gobierno y la Convención va a estar a la altura republicana”.
  • En este sentido, el abogado constitucionalista Tomás Jordán (DC), explicó que “si es que (José Antonio) Kast es elegido presidente, va a haber una tentación de la Convención de acortar el período y reordenar rápidamente el naipe, básicamente porque la izquierda es preeminente en la Convención”. Advirtió, sin embargo, que no es un elemento que esté presente en la actual discusión. “No hay mucha voluntad de que se acorte el mandato del presidente, hasta ahora, más allá de lo que alguna vez declaró el vicepresidente Jaime Bassa en televisión”.

Régimen político y Estado Unitario: Otro de los elementos que se anticipa podría generar tensión entre el nuevo gobierno y la Convención son las definiciones que se tomen sobre el nuevo régimen político que imperará en el país. Hay consenso en que se propondría reemplazar el régimen presidencial actual, aunque hay dudas sobre si será sustituido por un presidencialismo atenuado, uno semi-presidencial o uno parlamentario. Un elemento clave será si se propone hacerlo durante el próximo gobierno o más allá de los próximos 4 años.

  • Esta decisión se votaría tras la segunda vuelta, según plantea un borrador de la mesa de la Convención.
  • Una de las opciones que se ha planteado respecto del Congreso es dejar un parlamento unicameral, lo que, en caso de resolverse que tenga aplicación inmediata, podría tener efecto en la distribución política de fuerzas que se resuelva este domingo 21. El diputado Daniel Núñez (PC) llamó esta semana a la Convención a “clausurar” la Cámara Alta luego de que el Senado rechazara la acusación constitucional presentada por el caso Dominga.
  • Al respecto, Jordán advirtió que “más que el régimen político, la conversación difícil será si se decide abandonar el Estado unitario, porque hoy todo el gobierno presidencial se radica en el presidente y su gabinete dentro del Estado unitario, y si esto se descentraliza o se crea un Estado regional, no va a ser tan fácil ir eliminando los dispositivos centralizadores. Entonces eso sería una transición larga”.
  • “También, en el evento de que se cree un estado plurinacional, eso es un elemento clave, cualquiera sea el presidente, porque se tiene que crear un nuevo diseño de instituciones que sean coherentes con la mayor autodeterminación política y el modelo de desarrollo de los pueblos”, destacó.
  • En términos generales, Fermandois dijo que “la Convención, si debe convivir con un futuro gobierno, de centro derecha, o de derecha nítida como lo es José Antonio Kast, por ejemplo, debe evitar la tentación de redactar una Constitución pensando en el corto plazo al momento de definir el régimen político”.

Modelo de desarrollo y derechos sociales: Una de las definiciones centrales que tomará la Convención será el modelo de desarrollo que proponga para Chile, lo que implicaría generar nuevas estructuras que la hagan posible.

  • “Hay una discusión todavía muy inicial sobre el modelo de desarrollo que va a estar en la Constitución; el equilibrio entre la naturaleza, la protección del medio ambiente y empresa. Es algo que le va a tocar al nuevo gobierno, y particularmente al nuevo Congreso, empezar a ejecutar”, dijo Jordán. “Pareciera claro que va a haber una preeminencia de derechos sociales y un rol preferente del Estado en su otorgamiento, por lo tanto, al legislador futuro y el gobierno próximo les va a tocar iniciar una transición hacia un rol más fuerte del Estado en materia de provisión de salud, educación y vivienda”.

Provisión de recursos: Fermandois dijo que, por el lado de La Moneda, un foco de tensión en caso de ser elegido un gobierno de centro derecha o derecha podría ser “seguir prestando la ayuda y cooperación financiera y administrativa que la Constitución le ordena proveer a la Convención”, dada su composición mayoritaria de izquierda.

  • Dijo que si bien este tema “se hace más sensible”, confía en que se ejecutará correctamente.

Plebiscito de salida: En términos más generales, Fermandois planteó que “si la Convención continúa una senda crecientemente radicalizada, comenzará naturalmente a arriesgar un apoyo transversal necesario, no sólo para la aprobación de las disposiciones al interior, sino para salir airosa en el plebiscito de salida”.

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