Kenneth Bunker: “Siempre el voto obligatorio va a ser un voto en contra del Gobierno de turno”

El cientista político y académico de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, dice que el veto aditivo anunciado por La Moneda -que mantiene la distinción entre electores y ciudadanos- “profundiza el problema, porque lo hace oficial”. Bunker agrega que “si el Gobierno no veta para resolver la cuestión de fondo que nace desde el Congreso, está participando del problema”.

-¿Cómo evalúas el rechazo del Senado a las multas a quienes no concurren a votar?

-Es una legislación atravesada por intereses electorales de corto plazo, que obviamente llega tarde en el ciclo electoral. Creo también que el Gobierno está fragmentado y está improvisando para obtener réditos electorales.

-¿Cómo interpretas los cambios de postura que ha habido en el oficialismo y la oposición durante la tramitación de este proyecto?

-La razón por la que se adoptó el voto obligatorio era, precisamente, para consolidar la democracia y no para hacerla más débil. Y, por lo tanto, me parece que el Gobierno es el que debiese alinear a sus filas para asegurarse que la reforma se mantenga y que se ajuste a todas las condiciones que se necesitan.

-¿Crees que las alineó para un objetivo distinto?

-Finalmente, no las alineó. Porque lo que en la mañana parecía claro, que era que se iba a aprobar la legislación, finalmente se terminó cayendo en la tarde, porque entran estos intereses cruzados sobre el castigo con multa a los votos a las personas que son migrantes.

-¿Cuáles son esos intereses cruzados?

-Pareciera que no hay intención de castigar a los migrantes de la misma forma que a los ciudadanos, que es básicamente el tema técnico entre la diferencia entre los electores y los ciudadanos chilenos. Entonces, pareciera que desde el Poder Legislativo no quisieran que haya un castigo adicional para los migrantes, eventualmente pensando en elecciones futuras.

-A tu juicio, ¿tiene sentido hacer la distinción entre ciudadanos y electores?

-No, creo que no tiene ningún sentido. Creo que esto se debió haber pensado antes en el debate. No es un tema interpretativo, sino algo más bien técnico. Y siendo esto un mensaje del Gobierno y no una moción legislativa, debió haber sido el Gobierno el que se hubiese encargado de que la ley fuera igual y pareja para todos, desde un comienzo.

-Una justificación que entregó el Ejecutivo es que el artículo 14 de la Constitución establece que los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años “podrán ejercer el derecho a voto”. 

-Aquí el tema es que el voto es obligatorio para todos los que tienen que ir a votar. Entonces, creo que ese tipo de distinciones son innecesarias. Y creo que ahí hay un problema conceptual con la ley que se debió haber resuelto desde antes. No puede haber dos tipos de ciudadanos distintos en términos de representación política.

-Desde el oficialismo dicen que el voto obligatorio de los migrantes avecindados en Chile puede afectarlos negativamente en las elecciones

-Puede ser en algunas comunas, en especial las del centro de Santiago, como Recoleta, Santiago, Estación Central. Ahí hay bastante en juego. En La Florida o Puente Alto, que son comunas más grandes, puede haber más en juego y puede inclinar la balanza.

Pero también todo esto está amarrado al financiamiento electoral. Eso es un elemento que importa porque también se rechazó. Entonces, puede tener que ver con los incentivos electorales de ahora, pero también con la mantención de los partidos políticos. Porque, obviamente, al haber más partidos políticos en la izquierda, va a ser el oficialismo el que rechace la idea de reducir el financiamiento para los partidos que compiten.

-¿A quién beneficia el voto obligatorio con sanciones para los migrantes?

-Mi impresión es que mientras más personas voten, más personas van a votar en contra del gobierno. No hay ninguna sorpresa de que el Gobierno es bastante impopular y que las personas no están contentas. Uno podría suponer que los migrantes tuvieran algún tipo de cercanía con la oposición, pero no necesariamente es el caso. Pero, en este caso, ha sido el Gobierno el que los ha protegido con más fuerza.

Entonces, a pesar de que puede haber algún tipo de motivo político por el cual están migrando aquí -están escapando de un sistema dominado por la izquierda-, en este caso, puede ser claro que están siendo protegidos por el Gobierno. Y, por lo mismo, ellos votarían por mantener eso en vez de un Gobierno más conservador y más preocupado de la seguridad.

-Por la otra vereda, ¿a quién perjudicaría un voto obligatorio con multa para todos los electores?

-Lo que haría el voto obligatorio full es perjudicar al Gobierno que es incumbente que, en este caso, es incidentalmente la izquierda. Pero, hacia adelante, siempre el voto obligatorio va a ser un voto en contra del Gobierno de turno. Por lo mismo, si votan menos personas, el Gobierno se va a ver menos perjudicado.

-¿Cuál es, a tu juicio, la estrategia que está ocupando el Ejecutivo?

-El Gobierno no tiene el control, está desordenado. El oficialismo está fragmentado entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y, básicamente, los diputados y los senadores están actuando en base a sus propios incentivos. Hay poca disciplina en la coalición de Gobierno y, obviamente, cuando no se puede ordenar un sector político, este tipo de cosas pasan.

En este caso, creo que se tendría que haber manejado todo desde antes. Que el Gobierno le esté poniendo un veto a un proyecto que era propio es bastante decidor sobre lo que entra y lo que sale, sobre su capacidad de manejar los proyectos de ley a medida que van avanzando en el Congreso. El Gobierno se ha ido un poco más hacia una posición moderada, más centrista, a pesar de que sigue estando en la izquierda, pero le cuesta bastante ordenar al Congreso, sobre todo porque improvisa mucho.

-El ministro Álvaro Elizalde anunció que el veto que ingresarán mantendrá la distinción entre electores y ciudadanos que fue rechazada este martes. ¿Cuál es tu mirada?

-Yo creo que eso se tiene que pensar bien. Si ese es el caso, entonces profundiza el problema, porque lo hace oficial. Uno podría pensar que en el Ejecutivo están las personas que están pensando más a largo plazo y las personas en el Congreso son más bien irresponsables. Entonces, si el Gobierno no veta para resolver la cuestión de fondo que nace desde el Congreso, está participando del problema.