-Se postergó el ingreso del proyecto de ley corta, para después de la elección. ¿Qué te parece una medida así?
-No me gustó. Porque hay 3 millones de personas esperando. La crisis del sistema privado debe resolverse el 30 de mayo. Ha hecho todo un esfuerzo la ministra de Salud y yo lo he visto en forma directa. Lo he comentado en la Comisión de Salud: es necesario sacar el tema lo antes posible. De modo que a mí me resulta poco explicable.
-Lo decidió el gobierno.
-Sí. Me lo comunicó la ministra horas atrás. Es una decisión de La Moneda. Y yo espero que haya claridad de La Moneda en cuanto a la razón de postergar esto que se viene anunciado hace tanto tiempo. La ministra ha debido poner el pecho a las balas para encausar este proceso. No entiendo porqué se producen estas diferencias en el interior del ejecutivo, que generan un clima de incertidumbre que no debería ocurrir. Entiendo que pueden haber razones políticas para esperar después de las elecciones, pero hay más razones ciudadanas para resolver antes que después del 7 de mayo.
-¿Hay una fecha ya definida?
-A mí lo que se me comunicó que sería la semana siguiente al 7 de mayo.
-¿Cómo has visto a la ministra? ¿Ha sido desautorizada de alguna forma?
-No, pero yo creo que tiene que lidiar con distintas voces y articulaciones, de gente que a lo mejor no está interiorizada de la gravedad que tiene este asunto. O bien tiene una posición eventualmente muy anti isapre, de dejar las cosas como están y no intervenir, lo cual sería muy dañino también para los usuarios de Fonasa.
-¿De que manera, en específico?
-Recordemos que si caen la isapres caen las clínicas porque les deben 300 mil millones a las clínicas. Si caen las clínicas casi 5 millones de personas que se atienden en clínicas, ya sea por consulta médica o por exámenes u hospitalizaciones, también se verían afectadas, de los grupos B, C, y D, y los de Fonasa. O sea, esto sería una cascada monstruosa si llegara a ocurrir.
-¿Hay un sentido de urgencia?
-Claro. Por eso es que yo levanto mi voz como presidente de la Comisión de Salud, entendiendo que la ministra ha hecho todo lo posible, pero no ha tenido un acompañamiento de parte del conjunto del gobierno para poner esta semana, que era el compromiso, la ley en el Congreso. A diferencia de otras leyes, cuando un proyecto se atasca en el Congreso, acá no es el caso, porque la ley está atascada en La Moneda.
-¿Está muy sola la ministra?
-No, yo creo que no, porque tiene el apoyo de Socialismo Democrático. Tiene el apoyo del ministro de Hacienda, de la Segpres, de Interior. Pero algo sucede que finalmente no se logra arribar a puerto. Estamos contra el tiempo. El proyecto tiene en su interior un modelo de Fonasa nuevo. Tiene una serie de guarismos y cálculos. Lo más sano es que el Gobierno pida de inmediato una prórroga a la Corte Suprema. Imagino que lo está haciendo. Espero que eso se dilucide. La ley es para aplicar el fallo, por lo tanto, la ley tiene que estar antes.
-¿Esperas que el gobierno pida una prórroga al fallo de la Suprema Corte?
-El fallo de la Suprema entra en vigencia el 30 de mayo. Y para que haya fallo cumplido, tiene que haber ley que pavimente un fallo. En ese sentido es que no puede haber inicio de un fallo sin haber ley. Por eso tiene que ampliar la fecha de ese fallo, algo que ya se ha venido diciendo varias veces, pero no se ha concretado. Y eso es una petición que tiene que hacer el Gobierno a la Corte Suprema. Yo espero que eso esté ocurriendo para que la cosa se ordene.
-¿Qué rol ha jugado Miguel Crispi?
-Él asistió a una reunión el jueves pasado. Apoyó a la ministra, apoyó el contenido del proyecto. Es lo que me consta. Yo creo que el comité político tal vez tiene más que decir. Son los ministros que llevan la agenda. No personalizo en nadie en especial, pero hay una decisión de gobierno que tiene que destrabarse de una vez por todas.
-El tema de la devolución de los cobros excesivos, se decía que eran 1.400 millones de dólares, pero se exploró una cifra diez veces menor. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema?
-Esa tesis ya está desahuciada porque era la exploración inicial, pero sobre una base distinta, que era que el fallo se aplicara solo a los nuevos contratos del 2020 en adelante. Y la Suprema lo que ha reiterado a través del ministro de Justicia es que entiende que la aplicación es a todos los contratos vigentes a abril del 2020. Eso suma 600 mil contratos. Y eso significa que si multiplicas por tres o cuatro cargas estamos hablando de casi 2 millones o algo más de beneficiarios. Y eso en dinero significaría casi 1 billón de pesos o casi 1.400.000.000 de dólares aproximadamente.
-¿Eso sería impagable?
-Depende del tiempo y la forma. No todo es pagable en dinero. El excedente puede ser prestaciones, vale decir, pueden ser programas de copago, mejores bonificaciones y planes de mejor nivel. Pueden ser medicamentos o puede ser dinero. Todas las anteriores. No es un solo cheque o una sola forma de pagar. Lo que vendría más cerca, más próximo, es una rebaja de precio. Eso debiera ocurrir en cuanto al fallo entre en vigencia.
-¿Hay en el gobierno una tendencia anti isapre?
-Veo las mismas almas de las que todos hablan. No voy a dar nombres, pero yo creo que hay gente que opera, que actúa. La semana pasada pensaba que esto estaría en la recta final. Veo que todavía falta camino por recorrer. Confío en la ministra. Le hemos dado un respaldo unánime en la Comisión de Salud de todos los sectores, incluido el presidente de Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre. Pero no sé qué ocurre en La Moneda, que están dando estos pasos, a mi juicio muy complicados, que sobreexponen a la ministra innecesariamente. Ella es la que ha dado la cara. A mí me gustaría que La Moneda diera la cara en este tema, que puede ser ingrato para algunos, pero es parte de la responsabilidad política.
-¿Las Isapres necesita una reforma profunda?
-Sí, y no me cabe duda que son un modelo agotado, judicializado y requiere reglas nuevas. Ahora, yo no quiero que la ley la saquemos mientras las isapres se van muriendo. Las isapres tienen que estar vivas no fallecidas para cumplir el fallo. Por lo tanto, la circunstancia obliga a darle viabilidad financiera, es un imperativo social. Otra cosa es que le rayemos la cancha de una forma diferente mirando al futuro y las coloquemos en la Seguridad Social. Hay que salir de ese escollo porque si no vamos a ver caer una cantidad de isapres, de clínicas y después varios millones de personas no van a tener donde atenderse, eso sería catastrófico en el momento sanitario que vive el país.
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