-¿Cuál es tu opinión sobre este caso en que fue absuelto el funcionario de la Armada Ricardo Seguel, acusado de matar al comunero mapuche Yordan Llempi Machacán, en 2021?
-Lo relevante es que se trata de un fallo del Tribunal Oral en lo Penal. Que da cuenta de lo que el tribunal llama una investigación sesgada. Incluso habla de que la investigación fue víctima de un efecto túnel, donde solo se dedicó a investigar aquellos antecedentes que ayudaban a imputar al infante de Marina. Pero obvió o descartó todos aquellos antecedentes que hubieran permitido darle contexto a la actuación del infante de Marina, que eran muy relevantes por el intercambio de disparos que se dio en el lugar y también por la peligrosidad de esa ruta.
-¿Crees que efectivamente hubo un sesgo en la investigación?
-El fiscal que estuvo a cargo tenía esa visión sesgada que no tomó en consideración los otros antecedentes. Y en segundo lugar, una falta de fiscalización o de control, o al menos de supervisión por parte de la Fiscalía Regional. Porque era un infante de marina que estaba desplegado en la Macrozona Sur como consecuencia del estado de excepción constitucional.
-¿Esto te recuerda el caso del Pío Nono?
-Sin duda. Hemos tenido varios capítulos de esto mismo y con las mismas características. Donde las fuerzas policiales y en este caso las fuerzas militares, deben hacer uso de la fuerza y la Fiscalía en investigaciones sesgadas ha intentado imputar por delitos gravísimos a los policías que debieron actuar.
Ya sea en resguardo del orden público, como en el caso Pío Nono, ya sea en legítima defensa, como fue el caso Panguipulli y en este caso, en un procedimiento donde había intercambio de disparos y la Armada procede en protección de los propios carabineros que estaban siendo atacados en ese lugar. Entonces, claramente, hay un problema en la forma en que algunas fiscalías están procediendo respecto de las policías cuando hacen uso de la fuerza.
-¿Es una mirada más ideológica, quizá?
-Los fiscales son parte de una institución. Y dudo que puedan guiarse por sus visiones ideológicas personales. Puede que ellas afecten sus opiniones, pero para eso hay controles, para eso hay fiscalías regionales, para eso hay una Fiscalía Nacional. En ese sentido, el llamado de atención es a la rendición de cuentas hacia la ciudadanía, porque ella es la que sufre los efectos de este tipo de actuaciones.
-¿De qué manera?
-Las policías se ven inhibidas de hacer uso de la fuerza o incluso surge una especie de conciencia colectiva en que el uso de la fuerza implica necesariamente una persecución penal por parte de la Fiscalía en contra de las policías o de las Fuerzas Armadas. Eso lo que hace es generar desprotección a la ciudadanía y fortalecimiento de aquellas organizaciones criminales que atacan a las policías.
-Otro tema importante es la migración. El gobierno sorprendió al decir que iba a regularizar 180.000 migrantes ilegales. ¿Qué te parece esa opción?
-La regularización es un proceso que es parte de las herramientas que tiene a su disposición la autoridad migratoria. Sin embargo, por la importancia que tienen estos procesos, la principal crítica es la forma en que se hizo el anuncio. Porque los procesos de regularización hay que prepararlos y no solamente en la logística, sino también en los mensajes. En primer lugar, definir exactamente quiénes pueden ser y quiénes no.
-¿La manera en que se informó fue errada?
-Se hizo un anuncio en una conferencia en vez de hacer un anuncio oficial por parte del gobierno, estableciendo claramente las condiciones y las medidas que se iban a tomar.
-¿Este anuncio tendrá un “efecto llamada”, que el Gobierno negó?
-Un proceso de regularización tiene efectos sistémicos. Puede causar un efecto llamada y aunque el subsecretario Cordero lo niegue, hay evidencia de que estos procesos por la mala calidad de la información que fluye dentro de las comunidades migrantes, pueden tener un efecto de atracción hacia nuestro país.
En vez de debatir si es que existe o no existe el efecto llamada, hay que tomar medidas preventivas para comunicar adecuadamente cuáles son las condiciones para regularizarse. La mejor vía de ingreso a nuestro país, en búsqueda de oportunidades, es la migración regular. Eso lamentablemente no se ha dicho y no se ha dicho por la forma improvisada en que se anunció esta regularización.
-El lunes también hubo una situación caótica en el enrolamiento porque la gente se confundió, pensó que se podía legalizar. ¿Ahí también hubo fallas de comunicación?
-Sí. La forma en que los mensajes se transmiten en muchas comunidades migrantes son muy imperfectos y por lo tanto hay que ser muy claros y reiterativos en la comunicación y muy explícito en las condiciones. Ante el anuncio improvisado del inicio de este proceso de regularización, algunos ciudadanos extranjeros confundieron el enrolamiento con la regularización y con el registro biométrico. Esa es la demostración palmaria de que la comunicación en materia migratoria es casi tan relevante como la medida misma que se toma.
-Algunos relacionan una parte de la migración irregular con el crimen organizado. ¿Cuál es tu visión?
-No me gusta la vinculación directa que se hace entre migración y crimen. Lo que hemos visto en la zona norte es que las condiciones de ingreso irregular a nuestro país facilitan el desarrollo de organizaciones criminales que se dedican al tráfico de migrantes. Pero muchas veces esos migrantes son víctimas de organizaciones de tráfico de sus propios compatriotas. La preocupación debe ser sobre el desarrollo de estas organizaciones criminales, ya sea chilenas o extranjeras, que están ocupando estos espacios de oportunidad para desarrollar actividades ilícitas.
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