-En agosto de 2009, la presidenta Bachelet te nombró ministro coordinador de temas indígenas. ¿Qué misión te encomendó?
-Hay un problema en nuestro sistema político: no hay un ministerio que esté encargado exclusivamente de asuntos indígenas. Forma parte de las tareas del ministerio de Desarrollo Social, pero al final termina rebotando siempre en La Moneda. La presidenta tenía un encargado de asuntos indígenas que era Rodrigo Egaña, que avanzó bastante e hizo un documento muy bueno que se llamaba Reconocer. Pero ocurrió el asesinato de Matías Catrileo y la situación se volvió muy complicada. Y ella decidió nombrar, usando una facultad que hay en la Constitución, un ministro coordinador y me lo encargaron a mí.
-¿Cómo fue la reacción del gobierno frente al caso Catrileo?
-Fue complejo, un poco parecido a lo de Catrillanca. En el sentido de que él era un joven dirigente mapuche que participaba en una toma y un carabinero le disparó por la espalda. Pero al principio no estaba claro: fue una toma, hubo refriega y murió Catrileo. Eso produjo una ruptura muy grande con el mundo mapuche.
-En ese contexto te nombran coordinador. ¿Fue muy difícil?
-Claro. Estuve durante meses dialogando con múltiples organizaciones y comunidades, y también con personas que eran víctimas de hostigamiento, dueños de fundo, etc. por parte de grupos más extremos indígenas. Al final del gobierno lo que hicimos fue mandar un proyecto de ley creando el ministerio de Asuntos Indígenas. En forma inexplicable para mí, ese proyecto duerme en el Congreso hace 15 años. Lo que es una muy mala señal para el mundo indígena. Ese proyecto llevaba también una reforma sustancial de la CONADI, para superar las dificultades enormes que tiene.
-¿Se creaba una nueva institucionalidad?
-Se creaba un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, que tuviera atribuciones específicas, y que además tuviera consejos por cada pueblo: rapa nui, mapuche, etc. También eso duerme en el Congreso. Eso pretendía que el tema indígena estuviera presente en el gabinete y que además tuviera un responsable. En segundo lugar, que ese Consejo fuera un interlocutor claro del tema indígena. Al crear un Consejo había una representación propia indígena, donde pudieran discutirse los temas fundamentales de la política indígena.
-¿Qué paso con el proyecto?
-El primer gobierno de Piñera no hizo nada, en el segundo de Bachelet tampoco se movió. Al principio del segundo gobierno de Piñera, la idea la retomó Alfredo Moreno, pero después no la llevó a cabo. Entonces hoy día no hay un ministerio, que no sea el ministerio de Interior, que se ocupe de la política indígena como tarea exclusiva. Así, el tema llega a la Moneda como un asunto policial, siendo que es básicamente político.
-¿Tú conversaste con todos los sectores mapuches, incluidos los violentistas?
-No recuerdo bien. La CAM existía pero era incipiente. Sí conversé con la familia de Héctor Llaitul (fundador de la CAM), y con muchas otras organizaciones, que uno no sabía si participaban o no en actos de violencia, pero en ningún caso la violencia tenía la dimensión que tiene hoy.
-Te pregunto por esta polémica sobre si es necesario dialogar con las fuerzas que usan la violencia como acción política, como planteó Izkia Siches.
-Depende de lo que uno se proponga.
-¿Estás de acuerdo con que haya un diálogo que incluya a la CAM?
-En primer lugar, creo que tiene que haber, por parte del gobierno de Gabriel Boric, un giro claro en la política indígena como se hizo en Nueva Zelandia. Y ese giro tiene que tener muchos componentes; uno de ellos es el diálogo y ese diálogo no debiera tener fronteras. Me inspiro en lo que pasó con el IRA en Irlanda del Norte. El gobierno de Tony Blair, para llegar a la paz en Irlanda, cosa que logró, tuvo que sentarse con representantes del IRA, que era un movimiento calificado de terrorista, que además había hecho atentados en la capital de Inglaterra. No es un problema de decir con estos sí o con estos no, sino que con todos los que quieran alcanzar la paz. Eso lo ha dicho bien Boric.
-¿Qué rescatas del modelo neozelandés?
-Nueva Zelandia tuvo conflictos grandes con los maoríes, pero hace ya varias décadas lo primero que hicieron fue establecer un diálogo; después el Estado formalmente hizo un acto público para pedir perdón por la violencia con que había sido tratados los maoríes. Luego empezó un proceso de reparación: a veces consistió en restituir tierras, a veces recompensas económicas a las comunidades. Se creó un fondo para crear empresas maoríes y poderlos incorporar a la economía moderna, cosa que ha ocurrido. En fin, tiene varios componentes.
-Y también tiene un lado policial: los atentados han aumentado en La Araucanía.
-Evidentemente, no cabe la menor duda y eso es expresión de cómo la situación se ha ido deteriorando. O sea si en Chile se hubiera hecho esta política de la que hablo hace 15 años atrás, no estaríamos en la situación en que estamos hoy, en que la violencia ha aumentado, los conflictos son peores, se han mezclado distintos tipos de delito con la causa mapuche. La situación es mucho más grave de lo que era cuando a mí me tocó enfrentarla. Pero hubo oídos sordos en la sociedad chilena.
-Es importante el aspecto cultural, el reconocimiento. ¿Se ha avanzado en eso?
-Ha habido apertura en la elite. Se han multiplicado los centros en universidades de Santiago que estudian el tema indígena, por poner un ejemplo. Ha habido un cambio en la sociedad chilena, incluso del mundo empresarial y eso es muy importante. Lo que pasa es que ahora llegó el momento de materializar ese giro político que está anunciado en el estudio que se hizo en el gobierno de Lagos por la comisión que presidió Patricio Aylwin, sobre Verdad Histórica y Nuevo Trato. Tiene cientos de páginas y ahí está la verdad de lo que pasó en Chile. En base a ese documento oficial, debiera hacerse el giro que estoy indicando.
-Pero es de 2001. ¿No necesita actualizarse?
-Es antiguo, pero una verdad que la sociedad chilena nunca quiso asumir: quedó en un cajón o en una biblioteca. Podría ser el punto de partida. Imagino, además, que estas misiones que han hecho recientemente algunos organismos noruegos expertos en diálogo podrían ayudar a realizar ese giro. Eso no quita que si se siguen cometiendo delitos las policías tengan que ser eficaces en reprimirlo. Eso tiene que ir en paralelo. Aquí no puede suceder que un día están dialogando y al siguiente están disparando, no.
-En la Convención se está hablando de autodeterminación.
-Se usa como si fuera una palabra mágica. El pueblo mapuche siempre ha sido pre-estatal, o como diríamos hoy ha funcionado en red. No tiene una autoridad central, son dos mil comunidades. Sin embargo existe como cultura, como historia, como identidad. Es muy particular. En el caso del pueblo Rapa Nui hace unos 15 años se estableció en la Constitución que la isla tendría un estatuto jurídico especial. Y ha pasado todo este tiempo y no ha sido posible dictar esa ley.
-¿Por qué?
-Por las desavenencias, los desencuentros, los conflictos al interior del mundo Rapa Nui. Y eso que son muy pocas personas. Ahí están la autorización constitucional, la voluntad del gobierno, pero no se ha podido avanzar. Expresar política y jurídicamente la identidad histórica de los pueblos dentro de una estructura estatal moderna y democrática es una tarea difícil.
-¿Cuál es tu posición respecto a la extensión o no del estado de excepción en La Araucanía?
-Eso es difícil de juzgar, depende de cada momento. Lo que es evidente es que el solo estado de excepción no sirve. Es volver a pensar que el tema indígena es un tema policial. Y eso es un error. Si la situación se hace más grave, como ha dicho el propio Boric, se usarán los instrumentos que hay en el orden jurídico. Pero la verdad, pienso que para iniciar un giro evidente de la política no debiera prolongarse el estado de excepción, porque se trata justamente de tender la mano, establecer un diálogo, no de amenazar. Eso supone que, como decía el cardenal Silva Henríquez, habría que desarmar las manos y los espíritus. No es fácil, porque ha corrido mucha sangre y ha habido mucha violencia. El tema mapuche es el gran desafío de la sociedad chilena.
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