Hay interés de varias compañías nacionales y extranjeras por desarrollar proyectos en Chile en distintos sectores: energía, infraestructura y nuevas estrellas, como hidrógeno verde o litio. Sin embargo, el Banco Central proyecta una caída de la inversión del orden del 2% este año. Reformas relevantes en tramitación en el Congreso, sumado al camino largo, tortuoso e incierto de las autorizaciones que deben emprender las empresas, generan alta incertidumbre para concretar los proyectos.
El esperado proyecto de ley que aborda las dificultades en la “permisología” ya se encuentra en trámite. Está bien orientado, pretende reducir los plazos y dar mayor previsibilidad a los desarrolladores de proyectos. Cuenta con aspectos muy valiosos: que se potencie la existente plataforma digital de seguimiento, para mayor eficiencia y transparencia durante el proceso; que se incluya el criterio de proporcionalidad en base al riesgo, que permite descongestionar el sistema y enfocar los recursos escasos en los proyectos riesgosos que hay que evaluar con detenimiento; o que se instaure la declaración jurada como alternativa a la autorización, sin exigir un acto administrativo por parte del órgano competente, aunque con limitaciones (están acotadas sólo a algunos permisos específicos y únicamente si es que el respectivo reglamento que debe dictar cada servicio los reconoce como suficientes).
Establece principios rectores saludables y normas mínimas de procedimiento que parecen muy razonables. Aunque se echan de menos incentivos y sanciones que hacen cuestionable creer que éstos serán cumplidos. Por ejemplo, se limita el pedido de información por parte de los servicios que excedan sus atribuciones, pero no hay ningún mecanismo para lograrlo.
Es interesante también la inclusión del silencio positivo como mecanismo para hacer cumplir realmente los plazos de los permisos a otorgar por las agencias del Estado, ya que actualmente existen plazos legales en varios de ellos, pero no se cumplen. Es relevante establecer bien los incentivos y las justificaciones, para que no se genere rechazos de permisos por parte de los servicios antes del cumplimiento del plazo, dado el silencio positivo. Un mecanismo que sería útil para alcanzar este objetivo es asociar el desempeño del servicio y, por ende, el presupuesto asignado a su performance, frente a los trámites que le son solicitados, tal que haya un incentivo real a hacerlo bien.
Incluir revisores externos independientes, para apoyar a las distintas agencias del Estado en la evaluación, es una buena herramienta -aunque también aplica sólo a casos específicos y es resorte del servicio utilizarla-, ya que permite descongestionar el sistema, haciendo una evaluación más expedita con expertise técnico que actualmente no existe en suficiencia en el Estado, siempre y cuando no implique una doble revisión a posteriori por parte del servicio.
Por cierto, también hay varios temas que revisar. De partida, el proyecto se autodefine como ley marco supletoria, es decir, que entra a operar sólo en caso de que las leyes específicas no regulen esas materias, con lo cual, podría volverse irrelevante si es que varios de estos permisos no son ajustados a posteriori por los ministerios en sus leyes sectoriales. Y en general, se establece que los ajustes que se incluyen -que podrían hacer la diferencia en mayor eficiencia en el sector público- son resorte de los propios servicios el realizarlos o no, y no se ven incentivos para que suceda.
La complejidad regulatoria de Chile va en aumento y pese a que es muy positivo reducir en aproximadamente 30% los plazos, como promete el proyecto, se hace imprescindible una revisión comprehensiva y una reingeniería para reformular la ruta crítica necesaria de autorizaciones para cada tipo de proyecto y ver qué es realmente ineludible autorizar.
Proyectos importantes para destrabar la inversión, pero complejos como éste, pueden tardar varios años en aprobarse, por lo que resulta imperativo tomar medidas de gestión inmediatas para acelerar la inversión y el crecimiento, que permitan autorizaciones y permisos más expeditos, entreguen mayor certeza jurídica a los inversionistas y vuelvan a poner a Chile en el mapa de los países competitivos donde invertir.
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