José De Gregorio y programa de Jadue: “Es muy difícil argumentar que no tendrá efectos sobre el crecimiento, la inversión y el empleo”

El decano de Economía U. de Chile y expresidente del Banco Central José De Gregorio (DC) afirma que el alto costo del programa del candidato presidencial PC Daniel Jadue (US$ 34.880 millones, el doble que Bachelet) “estresará las finanzas públicas” con altos niveles de deuda. Y plantea dudas de la factibilidad y efectos de una reforma tributaria de la magnitud que Jadue planteó como eje clave de financiamiento (8-10 puntos del PIB): dice que no hay evidencia que la respalde y que recaudaría menos de lo previsto al “reducir el crecimiento de forma relevante”.

El también exministro de Economía, Minería y Energía se refiere en esos términos a la propuesta que lanzó Jadue, que en materia económica ha resultado controvertida en varios puntos, según han alertado economistas y políticos:

• Nacionalización de los fondos de AFP, con opción de un retiro del 100% de los fondos.
• Su alto costo en los 4 años de 11,3% del PIB (el doble que Bachelet) a partir de un fuerte rol del Estado en varios frentes, y restricciones al sector empresarial.
• La factibilidad de su reforma tributaria, con impuesto a súper ricos, rentas altas, ganancias de capital y fondos de inversión, y de una envergadura del triple que Bachelet (que se planteaba recaudar 3 puntos del PIB).

—¿Es viable una reforma tributaria de esa envergadura en este minuto?
—Subir los impuestos en 8-10 puntos del PIB en 4 años no es creíble. El programa no entra en detalles, y los números son inconsistentes con la evidencia internacional. Si uno considera los 35 países de la OECD para los que reporta carga tributaria, la mayoría de ellos desde 1965, uno puede calcular todos los máximos de alzas de impuestos en 4 años por país. Hay solo 2 casos en que hubo una experiencia de aumentos de 8 puntos del PIB o más: Dinamarca a fines de los 60’ y principios de los 70’ logró aumentar impuestos en 9 puntos del PIB, pero ese incluyendo alza del IVA y modificación de los impuestos a los ingresos, que pasó a cobrarse sobre base efectiva, como ya se hace hoy en Chile. El otro caso es Islandia que tuvo un aumento transitorio de impuestos de 16 puntos del PIB en 2016, pero después se revirtió. En resumen, de una base de datos de 1526 observaciones, solo en 2 se observan aumentos superiores a 8 puntos en 4 años, y son casos bastante especiales.

—¿Y qué efectos podría tener esa reforma, pieza clave del programa del candidato PC?
—Sin conocer el detalle de la reforma, es muy difícil argumentar que no tendrá efectos sobre el crecimiento, la inversión y el empleo. Y un intento por subir tanto las tasas de impuestos puede terminar recaudando mucho menos por la menor base que se genera al reducir el crecimiento de manera relevante. Es de esperar que en las próximas semanas él le entregue al país un detalle de cómo pueden lograr algo de lo cual no hay precedentes sólidos en las democracias de ingresos más altos del mundo en los últimos 40 años.

—El programa se basa en que el Estado haga un fuerte aporte en varias áreas (pensión básica, subsidios para que pymes cubran el aumento de sueldo mínimo a $567 mil, gratuidad 100% en ues estatales, complemento de cotización de Salud). ¿Es posible financiar un gasto de 11,3% del PIB en 4 años?
—Respecto del gasto propuesto, de 11,3 puntos del PIB, no se conocen detalles y también se esperaría un desglose más preciso. Pero claramente estresa las finanzas públicas. Los gastos comenzarían a principios del gobierno y el aumento de impuestos demoraría 4 años, lo que genera una acumulación relevante de deuda durante los 4 años. Además, es poco realista el aumento de impuestos, el desbalance fiscal será no menor. Sería bueno conocer las perspectivas de crecimiento que contemplan en sus estimaciones para poder cerrar una evaluación completa.

—¿Cómo ve la incidencia que puede tener esta propuesta en la campaña entre los presidenciables?
—En una elección donde primarán como nunca las ofertas en todos los ámbitos, será muy importante que los equipos de campaña muestren con mayor detalle sus escenarios fiscales. De esta manera se podrá evaluar su solvencia técnica y la ciudadanía podrá conocer las implicancias sobre la capacidad de cumplir las promesas o, alternativamente, los daños que generará a la economía y las familias el intento de cumplir promesas sin financiamiento asegurado.