El simbólico viaje del comandante en Jefe del Ejército a la Araucanía (y la presión por un mayor rol de las FFAA en la zona)

El general Ricardo Martínez, señalaron a Ex-Ante fuentes de gobierno, inicia hoy miércoles una gira de dos días a La Araucanía,  donde se reunirá con el Coordinador de la Macro Sur, Pablo Urquizar, sustituto de Cristián Barra, quien dejó el cargo tras fuertes críticas al rol de las FFAA en la zona. Martínez no visita La Araucanía desde el año pasado y tiene una buena relación con Urquizar, a quien conoció cuando este era jefe de gabinete del ex ministro de Defensa, Alberto Espina. La gira está repleta de simbolismos y se espera que se limen las asperezas producidas por los dichos de Barra. También da luces importantes sobre la posición del Ejército respecto del conflicto en la zona.

Visita simbólica. El viaje se da tras una fuerte controversia abierta por el ex delegado presidencial Cristián Barra, quien criticó en entrevista a El Mercurio a las FFAA por considerar que no colaboraban en el combate a grupos violentistas. La idea del gobierno es debatir materias sobre apoyo tecnológico, logístico y compartir inteligencia residual.

• La gira del comandante en Jefe es simbólica en más de un sentido. Es la primera vez en el año que viaja a la zona, de acuerdo a fuentes de Defensa, donde desde enero los atentados violentos han crecido más de un 100%, según cifras oficiales.
• La posición del Ejército es que legalmente, por el Estado de Catástrofe, solo está facultado para tareas relacionadas con el control de la pandemia, como lo señaló en entrevista a Ex-Ante el general Marcelo Núñez, Jefe de Defensa de la Araucanía: “Estamos abocados a tareas propias del Covid”.
• La visita de Martínez, entre otras razones, es interpretada como un gesto destinado a mostrar su apoyo a la labor del general Núñez.
• Las declaraciones de Barra causaron profundo malestar en los jefes de las FFAA, que se lo hicieron ver el día de la entrevista a primera hora al ministro de Defensa, quien a su vez se reunió con Piñera y terminó en la decisión de remover del cargo al hasta entonces delegado presidencial en La Araucanía.
• Tras sus quejas contra la labor del Ejército en la Araucanía, Barra reasumió funciones en el ministerio del Interior, en calidad de asesor. El gesto fue interpretado como una señal de que si bien el Presidente y personeros de Gobierno consideraron inadecuadas sus críticas públicas, comparten sus dichos.
• Nadie duda que en el nombramiento de Urquizar pesó su experiencia como jefe de gabinete del ministro Espina y los vínculos que estableció en ese cargo con los jefes militares, en particular con Martínez.
• En el gobierno afirman que Urquizar pretende analizar las coordinaciones entre las policías y los militares en la zona, y los patrullajes mixtos, entre otros temas. En La Moneda estiman que existe un margen para las acciones de los militares dentro del marco que da el Estado de catástrofe, en materias de apoyo tecnológico, logístico y de compartir inteligencia residual.

El telón de fondo. Según diversas fuentes de Defensa y gobierno, el general Martínez ha dicho en reuniones reservadas con las autoridades que las FFAA no tienen facultades legales para involucrarse en el combate a los grupos violentistas, pero que en el cumplimiento de sus tareas de patrullaje y controles de la zona no se restan de recorrer todas las zonas que sea necesario y que la orden a las tropas es que si son objeto de ataques deben repelerlos con el uso de toda la fuerza disponible.

• También ha señalado, según las mismas fuentes, que el Ejército le ha proporcionado equipamiento a Carabineros, como vehículos blindados y siempre está disponible a prestar ayuda mientras se ajuste a la normativa legal. En Defensa, además se han escuchado reclamos del Ejército en el sentido que no se les hacen las mismas exigencias a la Armada, cuyo papel en el tema ha sido más reticente, pese a que está a cargo de la Provincia de Arauco, donde se han producido numerosos y graves atentados terroristas.
• El Ejército considera que la mantención del orden público es tarea de las policías, pero estima necesario que se le preste mayor apoyo a Carabineros y darles más  herramientas legales para cumplir esa tarea.
• Durante este gobierno, el Ejecutivo ha ampliado la facultad de los militares en tareas internas en dos ocasiones. La primera fue cuando se autorizó que proporcionaran ayuda logística y de Inteligencia a Carabineros en el control del narcotráfico en la frontera norte. La segunda, cuando se le dieron las mismas facultades en el control de la inmigración en esa zona. De todas formas no están facultados para hacer detenciones en ninguna de esas dos tareas. Estas iniciativas fueron aprobadas por el Congreso ampliando las facultades incluidas en el decreto 265.
• Para ampliar sus atribuciones de colaboración contra el terrorismo en la Zona Macro Sur se requiere de aprobación del Congreso.

Los fantasmas del pasado. Una razón adicional, y tal vez la de mayor peso, es que los militares son reticentes al combate a la subversión a raíz de la experiencia del golpe de 1973 y las tareas de represión que ejercieron posteriormente. Estiman que asumieron esas funciones a pedido de sectores civiles que clamaron por su intervención, pero cuando salieron a la luz las violaciones de los DDHH esos mismos sectores se desentendieron de su suerte y el resultado fue que centenares de oficiales y suboficiales que cumplieron órdenes terminaron en Punta Peuco.

• No se trata de que defiendan las violaciones de DDHH -el Ejército hizo una fuerte autocrítica de su papel en esas materias- sino que las tropas no tienen entrenamiento ni formación para tareas de orden público, que muy probablemente producirían muertes.
• La situación actual de Carabineros, que las FFAA consideran que no han recibido el apoyo que requieren por parte del gobierno, más allá de no avalar las situaciones de violaciones de DDHH, también son una advertencia de lo que les podría ocurrir si son involucradas en tareas de combate a la subversión nuevamente.
• El episodio que mejor tradujo esa posición fue la noche del 28 de noviembre, cuando en medio de un país en llamas por protestas violentas, el Presidente Piñera conversó con Martínez para examinar la posibilidad de sacar las tropas a la calle para restablecer el orden.
• Martínez argumentó que las FFAA no estaban preparadas para eso, que no existían normas legales claras para su accionar y que una decisión de tal magnitud requería un amplio consenso político, no solo del Ejecutivo, sino también del Legislativo. Piñera terminó cediendo a los argumentos y se inició una negociación política que culminó 48 horas después en el Acuerdo Por la Paz y la Nueva Constitución.