Historia de la Toma de San Antonio y el rol de la ex alcaldesa cercana al Frente Amplio en su gran expansión

La usurpación de terrenos de la inmobiliaria San Antonio se inició durante el 18-O por parte de algunas de decenas de familias y su mayor crecimiento ocurrió en el mandato de la ex alcaldesa de la comuna Constanza Lima (2021/2024), electa en cupo independiente. Antes de asumir el cargo, asesoró como abogada a los pobladores. Existen audios de 2020 donde los instaba a no desalojar.

Por qué importa. Tras oponerse durante todo su mandato a iniciar un desalojo en etapas de las 4.100 familias instaladas en los terrenos de la inmobiliaria San Antonio – y eludir los plazos judiciales para proceder a hacerlo- el anuncio de La Moneda de que expropiará 100 héctareas de la toma está lejos de ser el último capítulo del caso, en el que el partido del Presidente Gabriel Boric tuvo un rol importante en su expansión.

• Con el anuncio, el gobierno aplazó el cumplimiento del fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que daba un plazo hasta el viernes para el desalojo, evitando que se realizara antes de la segunda vuelta y trasladándole el problema al próximo gobierno.
• Será la próxima administración la que tendrá que desembolsar los $ 11.000 millones a los propietarios, con el consecuente impacto en los recursos del ministerio de Vivienda destinados a entregar soluciones habitacionales a quienes han cumplido las reglas.
• Por lo anterior, una de las más fuertes críticas a la iniciativa del gobierno ha sido que la medida representa un estímulo a nuevas usurpaciones.
• La historia de la Toma de San Antonio muestra que la falta de voluntad política para encontrar una solución a tiempo fue un factor clave para agravar el problema.

El instructivo a los pobladores. La toma comenzó en diciembre de 2019, poco más de un mes después del estallido del 18-O. Su veloz expansión ocurrió durante el período de la alcaldesa Constanza Lizana, independiente, que fue respaldada por Frente Amplio y encabezó el municipio entre 2021 y 2024. Cuando dejó el cargo, el número de habitantes de la toma era de más de 10.000.

• El 3 de octubre de 2019, Lizana agradeció en el medio Soy San Antonio a las “organizaciones sociales, barrios, familias y partidos políticos del Frente Amplio de San Antonio, que me propusieron el desafío de representarles en la alcaldía”.
• “La toma creció muy rápido y la alcaldesa de la época que era Constanza Lizana, frenteamplista, tuvo un rol crítico y cuestionó un desalojo de la megatoma. Ella daba como argumento que los dueños no podían abusar de la necesidad de compra del Estado”, planteó entonces a Ex-Ante el arquitecto y urbanista Iván Poduje.
• Antes de ser electa, Lizana asesoró, en su calidad de abogada especialista en vivienda y urbanismo, a grupos de vecinos de la toma. En 2020 envió a los habitantes del campamento Placilla un audio con una serie de instrucciones ante una posible inspección de la Policía de Investigaciones a los terrenos irregulares.
• “Si está la PDI ahí, en ningún caso siquiera se acerca a la posibilidad de un desalojo. Hay que ser muy claros con las respuestas: no sé, no sé, no sé, nadie sabe ni tiene que saber nada en particular”, se escucha en el registro recogido por Radio Biobio.
• “Si les piden sus cédulas de identidad, ustedes no están ahí, están viendo un familiar, están paseando”, añadió la exalcaldesa en el audio.
• En noviembre de 2022, el audio se filtró a través de redes sociales y Lizana argumentó que “se trata de un mensaje de WhatsApp, donde respondo a una consulta jurídica sobre un posible desalojo en el campamento (…). Es una respuesta obvia de cualquier abogado, porque los procedimientos legales deben realizarse con determinadas formalidades”.
• “No voy a llamar a mentir a una persona, todo lo contrario y no se trata de una obstrucción, sino de garantizar que los procesos se hagan conforme a lo legal”, agregó en Biobio.
• Una de sus promesas de campaña fue aplicar la Ley 18.138, que faculta a las municipalidades a desarrollar programas de construcción de viviendas e infraestructuras sanitarias, y permite al Estado expropiar terrenos por un costo menor.

Presión en la CIDH. En diciembre de 2024, los diputados Camila Rojas (FA) y Luis Cuello (PC) —ambos del distrito 7, donde se encuentra la toma— presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una acción cautelar para “suspender la ejecución de toda orden de desalojo en vigencia o eventual, con el fin de evitar la crisis humanitaria posterior a tal evento” e “instruir al Estado de Chile la construcción de un plan que permita tomar medidas para la solución de este conflicto”.

• El escrito sostenía que la medida vulneraba el derecho a la vivienda y el derecho a la integridad física y psíquica de sus habitantes. Además, apuntó a que la expulsión constituía un riesgo de “amenazas, hostigamientos y/o agresiones en contra de la vida e integridad personal” y “riesgo de pérdida del vínculo familiar”.
• Los diputados agregaron que “el riesgo de violencia en la ejecución de la medida por la inevitable represión policial, el desplazamiento forzado sin garantías de una reubicación adecuada, pone en riesgo la integridad física y psíquica de las personas que habitan la toma”.

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