Gerardo Balbontín, CEO de Blumar: “Lo que uno pide es un Estado que apoye, facilite y ayude a las empresas”

El CEO de Blumar, Gerardo Balbontín, aborda en esta entrevista las medidas presentadas por el Gobierno para reactivar la salmonicultura en el marco del plan de Reconstrucción Nacional y el rol que debería tener el Estado con los inversionistas. Además, Balbontín detalla modificaciones que se deberían hacer en materia de gestión a la Ley Lafkenche para que “los trámites no duren entre ocho a 10 años”.

-En materia económica, ¿qué te parece el Plan de Reconstrucción Nacional que impulsa el Gobierno?

-El plan es súper potente, que involucra muchas áreas de la economía: temas impositivos, incentivos a la mano de obra y medidas para distintos sectores productivos. En particular, para la salmonicultura, es un tremendo reconocimiento que ya existan iniciativas legales orientadas a darle un impulso, puede que algunas de esas medidas no sean las que realmente muevan la aguja para el despegue del sector, pero lo más importante son las señales; la señal de habernos incluido en ese plan de emergencia económica para reactivar la economía.

-El miércoles, durante el SalmonChile Summit, actores del sector privado apuntaron que se necesita un Estado facilitador. ¿Cuál es tu mirada a esta idea?

-Creo que fue muy potente. Lo que uno pide es un Estado que apoye, que facilite y que ayude a las empresas, dado que están tomando el riesgo de invertir y operar. Lo que uno necesita es un Estado que diga: “oye vamos juntos en esto, ¿en qué te ayudo?”. Los riesgos que toman los empresarios en invertir, en sectores como el nuestro, donde estamos afectados por temas ambientales, oceanográficos y sanitarios. Son negocios de alto riesgo. Y, además de eso, tener que lidiar con el riesgo regulatorio, que en los últimos años hemos tenido una vorágine de sobrerregulación que nos ha ido quitando competitividad.

Lo importante es tener una orientación y la voluntad política de decir: “queremos llegar a cierto objetivo” y debemos trabajar todos juntos para lograrlo.

-Sobre la arista de darle certezas a los inversionistas, ¿cómo ves el mecanismo de invariabilidad tributaria, que algunos lo han descrito como el corazón del proyecto de Reconstrucción?

-Creo que la invariabilidad tributaria es el casillero número uno en el fondo para las compañías. También, como todo lo relativo a tener certeza en los permisos ambientales. A muchas empresas les ha pasado que obtienen un permiso ambiental y luego, por judicialización, pierden todo ese tiempo de trabajo. A nosotros nos ha ocurrido con procesos vinculados a la Ley Lafkenche, hemos vivido procesos que han tenido largos años de tramitación, pero después por judicialización se han revocado esos permisos. Uno se pregunta qué hacer con diez años invertidos en trámites para que después alguien judicialice y, sencillamente, un juez determine que se va para atrás el tema. Por eso, es muy importante tanto la invariabilidad tributaria como la certeza en los permisos ambientales y sectoriales.

-¿Qué cambios crees que se le deberían hacer a la Ley Lafkenche, que algunos dicen que se ha convertido en un monstruo?

-Es una tremenda ley. Tal como dijo el presidente Kast en la instancia del SalmonChile Summit y Patricio Melero, que cuando eran parlamentarios votaron a favor de esta ley. Esta norma fue creada en 2008 para proteger los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios. Desde ese punto de vista, su objetivo original está todo perfecto. Pero, lamentablemente hecha la ley, hecha la trampa. Algunas personas encontraron en esta ley una forma de congelar o trabar al sistema completo.

Hoy hay cerca de 4 millones de hectáreas solicitadas vía Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios (ECMPO), hay 100 solicitudes en trámite, y, hoy, el Gobierno tiene una capacidad para tramitar uno o dos informes de uso consuetudinario al año.

Nosotros tenemos un trámite muy importante en Magallanes desde 2018 y hoy está en el lugar 11 o 12 del orden de prioridad. Si se siguen resolviendo dos casos al año, hablamos de seis años más de espera. Ya llevamos siete años de tramitación. Entonces, ¿Qué inversionista puede soportar eso? El gran compromiso hoy está en que se asignen los recursos y exista la gestión para que funcione la ley. Si la ley está hecha para que las solicitudes de espacio costero se tramiten en un año, no en 8 años. Lo otro, es mejorar el estándar de admisibilidad porque no puede ser que un mínimo grupo de personas puedan solicitar extensiones completamente fuera de proporción racional.

-¿Cómo se podría hacer?

-Se debería mejorar la admisibilidad y subir el estándar, Muchas veces, al que solicita que venga con su informe consuetudinario y pida su ECMPO. Y, ver que gestiones hay que hacer para que los trámites demoren uno y no 8 a 10 años.

-¿Hay una forma de enfrentar la burocracia asociada a la Ley Lafkenche?

-Totalmente. La Ley Lafkenche es súper relevante y lo bueno es que el problema ya está identificado. La mayoría de la gente del sector salmonero entiende de qué se trata y saben que es una buena ley, pero que fue mal usada. Entonces, no se trata de eliminarla como algunos han dicho, sino de corregirla y hacer que cumpla su propósito original, que es proteger los derechos de los pueblos originarios sin paralizar.

-El subsecretario de Pesca comentó que presentarían indicaciones a la iniciativa en el Congreso que busca modificar la Ley Lafkenche. ¿Crees que es la forma correcta?

-Eso es espectacular. Pero, ese es el trámite largo, porque el camino legal es largo. El corto es meterle gestión.

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