La toma de Calichero en Quilpué está prácticamente al lado de la ciudad, a 5 minutos del centro en auto. A pocos metros se ven condominios de clase media, casi todos con jardines bien cuidados y coloridos.
A las 7.40 del martes 30 hay un largo taco en la autopista que comunica Villa Alemana con Quilpué. Algunos dicen que es por culpa de la toma, que esta mañana comienza su demolición.
Al entrar a la toma de Calicheros hay un gran contingente policial. Más de 10 carros policiales se estacionan frente a la toma, donde todavía hay gente que se resiste a irse. Hay varios perros nerviosos. Muchas casas tienen televisión satelital, paneles solares y están bien construidas.
Una persona que vive en Colina de Oro, cerca de Calicheros, dice que “estamos rodeados de tomas. Por todos lados hay tomas. Vienen a robarse los calefonts. Es un problema grave para Quilpué porque hay muchas ocupaciones y en muchas de ellas hay patos malos. Pero también hay gente esforzada. Yo tengo una amiga que vive en una toma. Hay casas mediterráneas con autos de lujo”.
En Calichero un carabinero conversa con algunas personas que quedan en la toma. Hay un par de camionetas chicas que se llevan las últimas cosas. Algunos pobladores salen de la toma llevándose plantas y a sus mascotas.
La toma de Calichero tuvo su origen en 2020 con un hecho siniestro: el dueño de los terrenos Alejandro Correa, fue asesinado por un sicario, contratado por gente ligada a la usurpación.
Un poco antes de las ocho llega una retroexcavadora. Debido a la cantidad de autos policiales, el camión que la traía tuvo que hacer bastantes maniobras difíciles.
La capitana García confirma que hay 250 carabineros en el dispositivo. “Lo que hemos estado haciendo es informar porque hay muchas personas que están acá y que no saben que iba a ingresar maquinaria o que esta orden ya se iba a llevar a cabo”.
“Hasta el momento no hemos tenido ninguna situación violenta ni agresiva por parte de las personas que están acá, sino más bien están consultando cómo va a ser el retiro de las últimas cosas que les quedan”, dice la carabinero.
Sin embargo hubo un incidente con un poblador, que insultó a algunos policías. Carabineros lo detuvo y vio que tenía una orden de detención.
El martes a las 8 am quedaban 50 personas que aún no se retiraban. Una versión aseguró que se quedaron porque asesores de la toma les recomendaron no irse. Pero uno de estos consejeros, expertos en estas lides, niega esa afirmación y dice que se han vulnerado los derechos humanos de los ocupantes. “Si esto ha sido pacífico es gracias a los propios pobladores”.
Los agentes de diálogo, carabineros que llevan una remera blanca encima del uniforme, tienen la misión de evitar algún episodio violento por parte de los pobladores. Hay casas de apariencia sólida cuyos dueños recién empiezan a mudarse. Varios autos se observan al lado de las casas que todavía quedan en pie.
Una muchacha, que prefiere no identificarse, mira desolada la demolición de la casa de su suegra. “Ayer la llevamos a la casa de su hijo, que es mi pareja. Estaba muy triste porque invirtió muchísimo dinero en su casa. Llevaba cinco años viviendo acá. Todo ha sido muy violento”. A su lado dos perros se recuestan inquietos.
Sobre la convivencia en la toma, hace una mueca irónica y dice: “Cada uno se las arreglaba solo”. “No era una cosa comunitaria”.
Una señora de 71 años se retira llevando a una mascota en el brazo. Dice que está muy preocupada por sus animales, que están “muy afectados”. Y asegura que le aconsejaron no irse hasta el final.
El delegado presidencial Yanino Riquelme a las 9.15, dice: “Este es un mandato de la justicia. Afortunadamente ha sido un proceso tranquilo, sin necesidad de uso de violencia de ninguna de las partes”. Agrega: “Mayoritariamente los pobladores han ido abandonando y desarmando sus casas”.
La retroexcavadora avanza destruyendo todo a su paso. Incluso echa abajo una construcción de madera llena de banderas de Chile. Las banderitas -triste recuerdo del dieciocho- son destrozadas.
Varios letreros dan cuenta del ánimo de los pobladores, que se ven molestos. Les desagrada que su drama sea televisado. “Somos gente honesta, no delincuentes”, dice un letrero. Otro lanza insultos contra las autoridades.
Las garras de la excavadora hacen el trabajo rápidamente y varias casas quedaron hechas añicos en cosa de minutos. Los habitantes rezagados miran con impotencia. Los perros parecen perdidos.
Desde el seremi de Vivienda confirman que la demolición costó 130 millones de pesos que pagó el ministerio. La empresa que recibió ese monto es Río Grande, especializada en demoliciones.
Igualmente señalan que este proceso de demolición se hizo porque las construcciones no contaban con los permisos. Es decir, fue un argumento urbanístico más que sobre el derecho de propiedad. El problema sigue pues hay muchas tomas en la región.
“El fenómeno de las tomas lleva 25 años. En la región de Valparaíso hay 374 campamentos, han ido creciendo año tras año. Se puede decir que desde la pandemia y migración en 2019 hubo un crecimiento explosivo de los campamentos”, dice Belén Paredes, seremi de Vivienda.
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Toma de Quilpué: La historia de Valentina Correa, hija del empresario asesinado por un sicario. https://t.co/ovlO0lW0AX
— Ex-Ante (@exantecl) September 29, 2025
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