Qué observar. Hace aproximadamente 10 días, al gobierno le llegó una alerta por parte del Ministerio Público: Los avances de la investigación por el secuestro y posterior homicidio del teniente (r) venezolano Ronald Ojeda habían llevado al fiscal a cargo, Héctor Barros, a descartar la posibilidad de que la víctima estuviese vinculada con el crimen organizado. La Fiscalía también había descartado la posibilidad de un auto secuestro o de un secuestro extorsivo, como planteó el propio Barros este jueves en entrevista con Chilevisión: “Se solicitó el secuestro y posterior homicidio desde Venezuela”.
Modus operandis. Este viernes el fiscal indicó que Walter Rodríguez, ex funcionario del régimen de Maduro y a quien se le han atribuido vínculos con el Tren de Aragua, “es contratado en este caso por el Tren de Aragua o por alguna otra organización, viene a Chile, comete el secuestro o el secuestro con homicidio y retorna inmediatamente a Venezuela. Lo ha hecho en varias ocasiones”.
Sin colaboración de Maduro. Los avances de las líneas de investigación llegaron a La Moneda hace cerca de 10 días, como se mencionó anteriormente, y con ello se empezó a trabajar en una estrategia para enfrentar lo que podría ser una vulneración del régimen de Maduro a la soberanía del territorio nacional.
Escalada diplomática. En el gobierno tienen decidido por ahora no romper relaciones diplomáticas con Venezuela, menos si el Ministerio Público está siguiendo un carril paralelo en la investigación del caso Ojeda y la crisis migratoria se torna cada vez más compleja.
La crisis migratoria: un zapato chino. La idea del Ejecutivo es lograr la extradición de los implicados, aunque en La Moneda están conscientes que es prácticamente imposible que aquello ocurra.
La solicitud de la oposición y el Socialismo Democrático. En el flanco interno, La Moneda tiene presiones directas por parte de parlamentarios de oposición, pero también del oficialismo, para que Chile rompa relaciones con Venezuela.
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