¿Estamos mejor en Seguridad Pública que hace dos años? Por Francisca Werth Wainer

El Presidente puede tener razón cuando afirma que los “resultados se van a notar”. No son pocos los esfuerzos realizados por las autoridades. Pero por ahora, los problemas parecen ser más que los logros y creer que estamos mejor cuando la evidencia muestra lo contrario, sólo puede genera mayor frustración, temor y dar espacio para la delincuencia y el delito.

Hace sólo algunos días se cumplieron 2 años de gestión del actual gobierno. En razón de este aniversario, el presidente Boric señaló en una entrevista en El País que Chile, sin lugar a dudas, “está mejor que como lo recibimos” en marzo de 2022.

En el ámbito de la seguridad ciudadana señala como muestra de esta mejoría, la tramitación de más de 30 leyes que actualizan tipos penales e instituciones, el control de la migración con la ayuda de las Fuerzas Armadas, y enfatiza que, aunque le preocupa el Tren de Aragua y el crimen organizado, “los resultados se van a notar”.

Intentando hacer un balance frente a este complejo tema, valdría la pena ahondar un poco más en las cifras y datos para chequear si lo aseverado por el Presidente es verdad en el ámbito de la seguridad pública.

Los datos de encuestas de victimización no parecen mostrar que Chile esté mejor que hace dos años. La última ENUSC de 2022 informa de un aumento de 4,8% en la victimización de hogares. En delitos, las noticias tampoco son positivas ya que un número importante de delitos graves como el robo con fuerza en viviendas, presentan un aumento.

Los homicidios consumados -cuya medición y seguimiento se ha estandarizado en un esfuerzo conjunto de varias instituciones- muestra una tendencia al alza desde el 2016. Aún más preocupante resulta mirar el porcentaje de homicidios que se cometen usando armas de fuego (54%), lo que habla de otro fenómeno de los que existe poca información, el mercado de tráfico de armas.

Las personas, por otra parte, no parecen compartir la opinión del Presidente de que la situación en esta materia sea auspiciosa. En ello los chilenos han sido consistentes desde hace mucho tiempo, siempre poniendo este tema entre las principales tareas a las que debería dedicarse el gobierno. Sin embargo, en la misma ENUSC la percepción de inseguridad llega al 90,6%. En el caso de la medición que realizó Paz Ciudadana el 2023, las personas con alto temor a la delincuencia aumentó a 30,5%, el nivel más alto desde que se inició el índice hace más de 20 años.

Si miramos al territorio, los Municipios parecen estar desbordados con la situación de violencia en las comunas. Tanto así que en un tema que siempre ha estado teñido de cierta ideología, hoy se cruzan fronteras impensadas hace algunos años como fue la petición del alcalde Tomás Vodanovic (RD) de auxilio de las Fuerzas Armadas para su comuna. Y se entiende la desesperación, ya que la penetración de la criminalidad organizada en el tráfico de tierras y alternativas de vivienda para migrantes y personas en situación de alta vulnerabilidad a través de asentamientos y tomas, marcan aún más la ausencia del Estado en amplios sectores de zonas urbanas y rurales y tienen como consecuencia el descontrol y la violencia.

Si miramos el sistema penitenciario, las noticias no parecen ser alentadoras. No sólo por los altos niveles de hacinamiento y sobrepoblación -la más alta desde el 2010- sino también por costo y sobrecosto que se paga a las cárceles concesionadas por cada cupo extra de interno que debe derivarse ya sea por prisión preventiva o condenados. Ni pensar en la necesaria tarea de reinsertar y evitar en lo posible la reincidencia. En las condiciones de las cárceles esta labor se hace sino imposible, muy difícil.

Respecto del crimen organizado, que con razón preocupa a la autoridad, ni siquiera tenemos vigentes indicadores que permitan evaluar la política nacional del gobierno en la materia, y parece ser mucho lo que no sabemos de ámbitos claves para su abordaje: nivel de corrupción en las instituciones, dominio de mercados como la madera, la droga y el tráfico de personas, y ni hablar de la existencia en Chile de un sistema de inteligencia económico robusto que permita perseguir aquello que es fundamental a todas las organizaciones criminales: el dinero.

Por último, hay muchas reformas claves que han sido postergadas o descartadas. Entre ellas, la tramitación de un nuevo Código Penal, la reforma Policial, los Tribunales de Tratamiento de Drogas. Muchas de las leyes ya aprobadas constituyen un avance en la actualización de nuestra legislación e institucionalidad, como la que crea la Fiscalía Supra Territorial en el Ministerio Público, pero deben ser implementadas, lo que tomará tiempo, recursos y gestión del cambio en las instituciones, y cuyos resultados deberán evaluarse a su tiempo.

El Presidente puede tener razón cuando afirma que los “resultados se van a notar”. No son pocos los esfuerzos realizados por las autoridades. Pero por ahora, los problemas parecen ser más que los logros y creer que estamos mejor cuando la evidencia muestra lo contrario, sólo puede genera mayor frustración, temor y dar espacio para la delincuencia y el delito.

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