Electromovilidad en Chile: Una política pública necesaria que debe ir más allá del transporte público. Por Beatriz Mella Lira

La apuesta por la electromovilidad es significativa por su potencial medioambiental de mejorar los indicadores de calidad de aire y el bienestar de los habitantes. Es uno (pero no el único) de los elementos que requerimos para transicionar hacia una movilidad sostenible. Si bien hasta ahora ha sido una apuesta exitosa de transformación del sistema de buses de transporte público, la transición no impactará lo suficiente de no centrarse en la construcción de infraestructura e incentivos que permitan diversificar la apuesta de electromovilidad hacia distintos grupos sociales y sectores territoriales.

Para nadie es una sorpresa que Santiago es la ciudad, fuera de China, con mayor número de buses eléctricos, lo que responde a una política pública que ha cruzado los distintos gobiernos con un objetivo común:  lograr mejorar la calidad de vida de los santiaguinos.

Y es que la electromovilidad no solo trae consigo ventajas económicas, como el menor costo del combustible y la menor necesidad de mantenciones propia de los buses eléctricos, sino que además aporta a la disminución del ruido de las calles. El caso de la Alameda es un ejemplo de ello, ya que, según datos del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, ha vivido una disminución de un 44% de los niveles de ruido con el cambio de flota a buses eléctricos.

En un panorama global, la electromovilidad es una alternativa que disminuye las emisiones de contaminantes atmosféricos —especialmente PM 2.5, tremendamente dañino para la salud— y gases invernadero, que en el sector de transporte corresponden al 25% de las emisiones globales.

Hasta este punto, la política pública ha sido enfática en la transformación del transporte público, esperando que Santiago alcance hacia el 2035 el 100 % de la flota eléctrica, y que aumente de manera gradual y considerable en otras ciudades país, pero ¿cuánto sabemos de cómo los ciudadanos perciben este vuelco hacia la electromovilidad?

El Sondeo “Percepciones ciudadanas sobre la electromovilidad en Chile”, realizado en conjunto por el Instituto UNAB de Políticas Públicas, y el Centro de Investigación Urbana para el Desarrollo, El Hábitat y la Descentralización (CIUDHAD) muestra que un 42% de las personas no está nada informado sobre el tema. El dato es preocupante, porque la estrategia debería ser clara y cercana a las personas, ¿de qué otra forma el transporte público podría llegar a ser cuidado y valorado por la ciudadanía?

Otra pregunta pertinente es si debemos enfocar la política de transporte únicamente en el fomento de la electromovilidad, ya que alcanzar una movilidad sostenible requiere más que sólo la transformación tecnológica. La construcción de ciudades más sostenibles requiere adoptar medidas que promuevan una transición hacia una movilidad asequible y accesible, que integre además los beneficios de la micro movilidad.

Los desafíos que quedan por solucionar

Todavía tenemos amplias brechas que resolver para que la electromovilidad se convierta en una alternativa de compra asequible en términos de sus costos iniciales, especialmente en sectores de menores ingresos.

Por otro lado, todavía es necesario resolver cómo los puntos de carga puedan distribuirse de manera equitativa en el territorio. Aún tenemos mucho que avanzar en facilitar que viajes cortos puedan realizarse mediante movilidad activa como la caminata y la bicicleta, a través de infraestructura de veredas, ciclovías y calles que además faciliten la integración de la micro movilidad con vehículos ligeros como scooters, bicicletas eléctricas u otros tipos de transporte eléctrico unipersonal.

Por esto, la tendencia global actual apunta a considerar tanto las transiciones socio-tecnológicas como las socio-ecológicas, que implican cambiar las estructuras sociales y los comportamientos, promoviendo un equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del medio ambiente. Para esto, es fundamental el conocimiento y la comunicación de los impactos hacia la ciudadanía.

Las decisiones en torno a la planificación de la ciudad pueden favorecer estos cambios. Las zonas de baja emisión, por ejemplo, han probado ser un mecanismo efectivo para el desincentivo de modos que no cumplan con los estrictos estándares medioambientales que hoy necesitamos para una mejora en la calidad ambiental.

Otro ejemplo que se ha implementado en algunas comunas del país, son las calles y zonas de tráfico calmado, con velocidades que no superan los 30 km/h, y que por la reducción del riesgo de accidentes y reducción de contaminación y ruido han favorecido el uso de la bicicleta y la caminata por esas calles.

Finalmente, la siempre controversial reducción de estacionamientos en superficie también ha sido efectiva para desincentivar el uso del automóvil, aumentar la percepción de seguridad y fomentar el uso de transporte público y movilidad activa.

La apuesta por la electromovilidad es significativa por su potencial medioambiental de mejorar los indicadores de calidad de aire y mejorar el bienestar de los habitantes. Es uno (pero no el único) de los elementos que requerimos para transicionar hacia una movilidad sostenible. Si bien hasta ahora ha sido una apuesta exitosa de transformación del sistema de buses de transporte público, la transición no impactará lo suficiente de no centrarse en la construcción de infraestructura e incentivos que permitan diversificar la apuesta de electromovilidad hacia distintos grupos sociales y sectores territoriales.

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