Uno de los aspectos más llamativos del enredo político en que se metió La Moneda por sus respuestas ante las denuncias contra Monsalve y Boric es el debate de la elasticidad moral que abre. Pues, para cualquier observador imparcial o ciudadano medianamente informado, no puede pasar desapercibido el giro radical que ha dado el gobierno respecto a su discurso feminista, que parece ser aplicable solo cuando conviene y prescindible cuando no.
Cuando el gobierno asumió en marzo de 2022, lo hizo desde una perspectiva de género, nombrando a la primera Ministra del Interior en la historia de la república e incorporando a la titular de la Mujer en el prestigioso comité político para darle un enfoque de género a las decisiones. Rimbombante para algunos, prometedor para otros, pero al final, inútil.
En la primera crisis relacionada con el tema, la fachada se desmoronó, revelando el vacío intelectual que protegía. Ni la perspectiva de género sirvió para proteger a la víctima desde el primer minuto, ni hubo reacción inmediata por parte de la nueva ministra del Interior, ni de la ministra sectorial ni del área de comunicaciones. La respuesta llegó después, a cuentagotas, y de forma confusa, errática, contradictoria e insuficiente.
Obviamente esto presenta un problema de índole moral, que obliga a preguntarse, primero, si el gobierno es realmente feminista como dijo en el inicio o si todo fue parte de una estrategia. Aunque es un tema por esencia intangible legalmente, es una cuestión relevante, en tanto puede contender más información sobre el carácter ético de quien gobierna. Interesantemente, cuando se analizan todas las líneas de juego, pareciera indicar que hay más de fabricación que de autenticidad.
La falta de una respuesta rápida, clara y consistente del gobierno refuerza la idea de que el aparataje instalado al inicio no era más que una táctica para apelar al electorado. Un guiño a la base. De otra forma, ¿cómo se justifica la incapacidad de responder adecuadamente? No se puede, al menos no con robustez. Visto de otra forma, es obvio que hubiera funcionado de haber sido lo mismo en otro momento. No hay dudas que desde la perspectiva de género habría funcionado a la perfección si hubiese sido otro el gobierno cometiendo el mismo error, ni de que, en ese caso, las calles habrían estallado en marchas, protestas y coreografías.
Ahora, es importante recalcar que el fondo de la crítica al gobierno no es sobre su decisión de adoptar una política feminista, así como tampoco que haya invertido tanto en hacer de aquello su centro de gravedad política, ni su nido ideológico. El gobierno tiene todo el derecho a gobernar como quiera, izando al cielo las banderas que quiera. Esa es la voluntad de la gente, y ese es su mandato.
La crítica, por el contrario, es que el gobierno utiliza un asunto moral para hacer ganancias políticas. Por lo mismo, la crítica, al menos en esta ocasión, no tiene nada que ver con el feminismo, sino con la forma en que se ha manipulado el concepto para generar masa crítica.
Una interrogante que surge de esta deducción es sobre la base de apoyo del gobierno, que no parece ser capaz de cuestionar la inconsistencia gubernamental ni prever las consecuencias que traerá. Sí, es evidente que el gobierno ha pagado un costo, partiendo por el mismo presidente, pero ha sido marginal. La aprobación ha caído, pero ha sido menor a lo que hubiese sido anticipado en el escenario contrafactual, sobre lo que se puede considerar la base de apoyo del presidente, equivalente a alrededor de un cuarto del electorado activo.
¿Por qué insisten en apoyar a Boric y a su gobierno, incluso cuando está claro que no es lo que esperaban, e incluso a veces lo contrario? La respuesta parece ser que para el electorado duro de Boric, el Frente Amplio y el Partido Comunista, es mejor una izquierda disfuncional, contradictoria e incluso servil a ideas de derecha, que una administración del signo contrario que a pesar de prometer menos, puede entregar más.
Y aquí está el quid del asunto. Los que ganan prometiendo una agenda política que ni siquiera cumplen son unos pocos, pero los que pierden son casi todos. Esto explica no solo por qué mantener el conflicto como una guerra de trincheras resulta útil, sino que también por qué las cosas no funcionan. ¿Cuánto tiempo ha perdido el gobierno en este tema, y cuánto le ha costado al país en términos de gestión diaria? ¿Cuál será el impacto adicional sobre una agenda legislativa ya debilitada? Y más importante, ¿quién será sindicado como el culpable de que las cosas no hayan funcionado?
Lo más preocupante de la elasticidad moral, sin embargo, no es necesariamente lo inmediato, como la paralización del gobierno y su incapacidad para gestionar su propia agenda legislativa. Es el daño que se extenderá de forma progresiva por la sociedad, que a partir de ahora tendrá razones legítimas para sospechar de movimientos que se presentan bajo el estandarte de la nobleza, pero que terminan cooptados y reducidos a herramientas ideológicas para ganar elecciones.
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