Ya en febrero de 2023, la PDI alertaba de un aumento de las denuncias por secuestro, y recientemente, la Fiscalía Nacional hace lo propio al analizar cifras de lo que califica como un nuevo fenómeno criminológico. En ambos informes se afirma que hay un aumento significativo de las denuncias y que el contexto en que se cometen estos delitos estaría evolucionando. Se trata de un ilícito que ya se tipificaba en 1874 cuando entra en vigencia nuestro Código Penal y, aunque ha tenido algunas modificaciones en razón de la agenda legislativa del gobierno respecto de seguridad, sigue refiriéndose a la conducta de encerrar o detener a otros sin derecho y privarlo de su libertad.
La PDI advertía de la variación de las dinámicas delictuales de este delito, poniendo énfasis en el aumento de la participación de extranjeros como autores y su comisión en contexto de rencillas entre bandas criminales. El informe del Ministerio Público señala que de los 5.026 secuestros registrados entre 2012-2022, el mayor aumento se produjo en los dos últimos años. La cifra es alarmante en cuanto su tendencia: 60% más de ingresos, aumentando de 492 a 826.
Además de hacerse más frecuente ha experimentado cambios de los que se da cuenta en los informes de ambas instituciones. En el de la Fiscalía, que se revisaron partes policiales, se muestra que el secuestro es más violento y planificado: en el 30% de ellos se usaron armas de fuego y se dan en un contexto de criminalidad organizada: secuestros extorsivos, por ajustes de cuentas, cobros ilegales, deudas o por venganza en grupos delictivos y algunos con fines de explotación sexual.
Lo que alerta la Fiscalía son los cambios que se producen en sus formas comisivas, el uso de violencia o los contextos en que se cometen. Pero lo que nos debería alertar -más allá de su aumento en número de ingresos- es lo que se puede proyectar de los datos, qué debilidades muestran y qué puede pasar con este delito en un futuro.
Preocupa y con razón, el número de imputados desconocidos. Es decir, en casi la mitad (49%) de los delitos investigados por este tipo penal, no existe ningún antecedente de quien ejecutó el secuestro. Esta situación, que es común en los delitos contra la propiedad y uno de los más grandes desafíos del Ministerio Público, se ha convertido en un problema que no permite avanzar en las investigaciones ya que la calidad de la información que entrega el parte y las primeras diligencias simplemente no aporta datos que transforme esa persona desconocida para el sistema en alguien que se pueda identificar.
SACFI (Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos) de la Fiscalía, creado en 2015 para tales efectos, no ha tenido resultados prometedores o al menos, que den esperanzas de lograr una investigación que trascienda del caso concreto y permita establecer patrones delictuales y esclarecer delitos complejos como estos. De hecho, el informe de la Fiscalía señala que, en 152 de los 661 casos, no existían en el parte policial, antecedentes suficientes siquiera para conocer con algo de detalle el secuestro denunciado.
Que no se cuente con imputados a quienes investigar, puede deberse a la mala calidad de la información que esté disponible después del secuestro, especialmente en el parte, pero también puede explicarse por el grado de planificación, organización y recursos que empleen los hechores para cometer el delito. Es decir, puede ser que lo poco que conoce el sistema de justicia penal sea porque esos secuestros son bien planificados y ejecutados, de manera que se convierten en una parte del negocio de las organizaciones criminales, que los usan como un medio de control del territorio, castigo de enemigos y asentamiento de sus negocios ilícitos.
Lo expuesto nos deben preocupar sobre todo por la capacidad de expansión de delito de secuestro respecto de las potenciales víctimas. Si el crimen organizado hace del secuestro una herramienta de financiamiento de sus actividades, como una forma de conseguir recursos frescos para su negocio delictivo, y nuestra capacidad de investigarlo, perseguirlo y detectarlo es tan precaria, este delito podría extenderse más allá de las fronteras del narcotráfico o delincuencia organizada.
Esto podría ponernos en situaciones en que se secuestren personas a cambio del pago de un rescate sin que las víctimas tenga una relación con la actividad criminal. Así se observó en Colombia, donde los secuestros empezaron como reacción política a la decisión de extraditar a Estados Unidos a los narcotraficantes, y luego se expandió a tener como víctimas a empresarios, políticos y personas comunes sólo como una forma de obtener recursos económicos.
La delincuencia organizada es experta en detectar ámbitos de posible expansión de negocios. Los datos son claros, el secuestro aumenta y se hace cada vez más difícil de detectar. Hasta ahora las víctimas parecen estar entre quienes son parte de este mundo delictual o tienen redes con él.
Y aunque hay una importante cifra de secuestros que tendrían otro contexto, el de la violencia intrafamiliar, no se puede desconocer que es un negocio lucrativo ya que amedrenta y puede alcanzar con un poco de organización a todo tipo de víctimas. Ahí está el potencial peligro que muestran las cifras: que el secuestro es un delito de fácil expansión y que el sistema no tiene las necesarias capacidades para perseguirlo.
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