La prohibición del copago en las universidades no tiene ninguna justificación técnica. Es una medida ideológica que afectará negativamente la calidad de la oferta educacional. La dependencia financiera del Estado limita gravemente la autonomía de las universidades, que perderán la capacidad de tomar decisiones de manera independiente, como la creación de nuevas carreras y la gestión de sus políticas internas.
Cambios estructurales. Se terminó el misterio. El gobierno finalmente develó el mecanismo para reemplazar al vilipendiado CAE. Pero en realidad el proyecto anunciado es mucho más que eso. Estamos ante un cambio de paradigma que define una nueva relación cualitativamente distinta entre el Estado y las universidades privadas.
- Un esquema en el cual el Estado financia y controla a las instituciones de educación superior, afectando aspectos claves de su autonomía, la calidad de la educación, la oferta académica, el manejo financiero y las políticas salariales.
- Aunque aún no conocemos el texto del proyecto y sus detalles, de las explicaciones de los ministros Marcel y Cataldo se desprende que estamos ante una iniciativa refundacional del sistema de educación superior.
- Una transformación que recuerda la reforma de la expresidenta Bachelet que puso fin al lucro en los colegios particulares subvencionados, obstaculizó la creación de nuevos establecimientos, prohibió el copago y centralizó el sistema de admisión.
- Dependiendo de lo que pase con el proyecto podríamos terminar hablando de las “Universidades Particulares Subvencionadas”.
- La discusión será tan larga y compleja como lo ha sido con la reforma previsional, porque al igual que en ese caso, los cambios que se proponen son estructurales.
Estrecheces presupuestarias. El corazón latiente del proyecto es la prohibición de cobro del copago para el 90% de los alumnos, suprimiendo casi la única fuente de ingresos no públicos, con los que los establecimientos podrían contar.
- Como consecuencia directa de esta medida las universidades privadas quedan a merced del fisco en lo que dice relación con su financiamiento, pasando a ser totalmente dependientes financiera, administrativa y políticamente del Estado.
- La prohibición del copago, no tiene ninguna justificación técnica; es una medida ideológica que afectará la calidad de la oferta educacional. El lucro ya está prohibido hace tiempo.
- Con la prohibición de cobrar copago para el 90% de los estudiantes las universidades tendrán que ajustarse al presupuesto estatal, restringiendo su capacidad de crecimiento, desarrollo y de actividades académicas o de investigación.
- No hay que olvidar que el Estado fija los aranceles, y que, como demuestra la experiencia de estos últimos años, los montos son insuficientes para financiarlas, generando graves estrecheces presupuestarias en las instituciones, tanto públicas como privadas.
Disminución drástica de ingresos. Con la implementación de la gratuidad a partir de 2016, el porcentaje de alumnos que pagan copago ha disminuido, pues los estudiantes que cumplen los requisitos de acceso a la gratuidad están exentos.
- Sin embargo, aún existe un porcentaje considerable de estudiantes beneficiarios del CAE que deben cubrir un copago, especialmente en las universidades privadas fuera del CRUCH.
- Para estas instituciones, el FES implicará una disminución drástica de sus ingresos, ya que el cobro del copago se limitará solo a los estudiantes más ricos, reduciendo significativamente el flujo.
- Consultado el ministro de educación sobre si existía algún riesgo de desfinanciamiento del sistema universitario señaló que él podía garantizar que “ninguna universidad quebraría por los cambios”.
- La primera en reaccionar fue la Rectora de la Universidad de Chile que en una entrevista con Mónica Rincón en CNN Chile estimó que el ministro Cataldo había sido “muy poco ambicioso”.
- Agregó que no se trata de impedir que las universidades quiebren, sino de que tengan los recursos necesarios para mejorar su calidad y profundidad”. Que no había que pensar solo en lo que llamó “la demanda” sino también en cuidar la calidad de la oferta.
- El nuevo esquema de financiamiento puede terminar perjudicando a los sectores más vulnerables creando estratificación entre universidades.
Rol protagónico del Estado. Las universidades privadas, donde hoy estudian la mayoría de los jóvenes de menos recursos, podrían verse tentadas a limitar las plazas para estudiantes beneficiados con el FES concentrando sus esfuerzos en atraer al 10% de mayores ingresos a los que se les puede cobrar el copago.
- La dependencia financiera del Estado afecta a la autonomía de las universidades, que perderán la capacidad de tomar decisiones de manera independiente, como la creación de nuevas carreras, la gestión de sus políticas internas, libertad de contratación y remuneraciones.
- No hay que ser ingenuo. Para un sector de la izquierda las universidades privadas son vistas como un bastión político e intelectual, un centro de poder, de la derecha; lo que se acrecentó con la polémica por el sueldo de Marcela Cubillos y la contratación de figuras políticas en el plantel académico.
- No es casualidad que este proyecto otorgue un rol protagónico para el Estado en su administración, estableciendo regulaciones, controles y obligaciones que las obliguen a publicitar todas sus remuneraciones y contrataciones.
- Controles que por tratarse de instituciones privadas hoy no existen pero que se justificarán, precisamente, en virtud del aumento de los recursos públicos que ahora serán indispensables para su subsistencia.
- En cuanto a la forma de pago del nuevo crédito fiscal, para el ex ministro de hacienda Ignacio Briones se estaría creando un nuevo impuesto “a la renta” (que él llama una “vieja y pésima idea del Frente Amplio”) para los graduados.
- Dependiendo de la renta los graduados tendrán que pagar entre un 2% y un 8% de su salario mensual, por 20 años, por lo que podrían terminar pagando más de lo que recibieron (un interés implícito de 10%).
- Algo que por lo demás, será muy difícil, de verificar en un país donde el empleo informal anda rondando el 30%. Eso además de los diversos mecanismos que existen para no declarar la totalidad de ingresos reales.
El empecinamiento del gobierno. De lo anterior se deduce que, al contrario de lo que se dice, no es efectivo que no se necesitarán nuevos recursos, ya que el fisco terminará gastando mucho más de lo que se afirma por las altísimas tasas de evasión.
- Esas tasas podrían ser aún más elevadas que la morosidad del CAE dado que no quedan registradas en ningún sistema de evaluación crediticia y son judicialmente incobrables.
- Los principales perjudicados serán los estudiantes porque los planteles se verán obligados a reducir costos en áreas claves como contratación de personal académico altamente calificado, actualización de infra estructuras o inversión en investigación y desarrollo.
- Lo que podría generar una paradoja; por una parte, el proyecto efectivamente amplía de manera importante el acceso a la educación superior para miles de jóvenes que ya no tendrán que pagar copago.
- Y, por la otra, el anverso de la moneda, que estudiarán en instituciones empobrecidas, lo que empeorará la calidad de la formación profesional y académica, por falta de docentes, infraestructura moderna y adecuada, laboratorios y tecnología de punta, investigación, conexión con el mundo internacional.
- O, peor aún, simplemente tendrán menos opciones si algunas universidades deciden marginarse del sistema del FES.
- Porque es un hecho de la causa que el Estado de Chile no está en condiciones de financiar como corresponde tanto las universidades públicas y privadas. Que sus aranceles no conversan con la realidad operacional.
- No se entiende el empecinamiento del gobierno en mejorar el acceso a la educación superior a expensas de la calidad, metiendo a todas las universidades en un mismo saco, bloqueando el acceso a recursos frescos no estatales, provenientes del copago.
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