Normalmente, las cuentas públicas se usan tanto para dar a conocer lo realizado como para anunciar lo que viene. La última cuenta pública, en particular, precisamente por ser la última, tiene más de lo primero que de lo segundo. Con más de un 80% del gobierno ya transcurrido y solo un quinto por recorrer, efectivamente tiene más sentido dar a conocer los logros que prometer cosas que no vendrán.
Por lo mismo, en la antesala de la última cuenta pública del presidente Boric, cabe preguntarse por lo hecho, por aquello que quedará escrito en piedra. No por las promesas que se llevará el viento.
Lo común, en este proceso, es usar las ofrendas de campaña contenidas en el programa de gobierno para medir el estado del avance. Pero, para ser justos, se puede flexibilizar el criterio, a favor del incumbente, y mirar solo lo prometido en la cuenta pública más reciente, de modo de reducir la influencia que el contexto pueda tener en la ejecución.
Así, se puede evaluar el estado de avance de la nación tomando como referencia exclusivamente lo establecido en 2024—una ocasión especialmente pertinente para el propósito, considerando que el propio Presidente pidió que le “cobraran la palabra”.
De hecho, fue en ese contexto, hace un año, que Boric dijo, entre otras cosas, que su gobierno generaría más de 700 mil nuevos empleos, que reduciría la pobreza y las tasas de informalidad, y que frenaría el crecimiento de la deuda pública.
El problema, en este ejemplo, es que todo apunta a que nada de lo prometido se cumplirá. En lo laboral, hasta el Ministro Marcel dijo que las últimas cifras entregadas por el INE “son más débiles de lo que esperaba”. Lo que en sí es ver el vaso medio lleno, pues si se excluye el período de destrucción de empleo durante la pandemia, no solo son cifras negativas, sino que son las peores cifras de desempleo desde el inicio del registro.
Y si bien la pobreza ha ido estructuralmente disminuyendo hace al menos 35 años, no hay evidencia de que la informalidad esté a la baja ni de que la deuda pública se haya estancado. De hecho, todo apunta, nuevamente, a lo contrario: a que el gobierno está incrementando las obligaciones fiscales.
A pesar de todo lo que se dice, Marcel y Boric siguen comprometiendo recursos públicos, y hay pocas dudas de que, cuando se vayan, dejarán al país en la posición fiscal autoinducida más vulnerable desde el retorno de la democracia.
Por lo demás, habría que aclarar que el estándar con el que se ofrece comparación (con 2022) fue precisamente el peor momento que ha vivido el país en los últimos cuarenta años, en medio de la crisis sanitaria y los coletazos del estallido social. Así, incluso si se cumplieran las promesas, el estándar seguiría siendo bajo a nivel comparado.
La lista suma y sigue. En el mismo discurso de 2024, el Presidente dijo que destrabaría los obstáculos para la innovación y el comercio. Pero el proyecto que busca reducir la cantidad de permisos que se necesita para avanzar en proyectos, sigue en punto muerto, no solo estancando la economía y recortando oportunidades laborales, sino que además bloqueando las vías al desarrollo.
En casi todas las otras áreas se repite la tendencia. El tren a Valparaíso—que no llega a Valparaíso—no estará listo, ni los siete hospitales prometidos estarán completamente operativos. Tampoco se ha avanzado de forma concreta en la reducción efectiva de listas de espera, ni en la implementación territorial de los servicios públicos comprometidos en la llamada “descentralización con equidad”.
El plan nacional de infraestructura educativa, que prometía remodelar cientos de escuelas deterioradas, sigue en carpeta o con obras detenidas. Los liceos emblemáticos están en el piso, y no hay un plan para revertir su caída libre.
Y si bien todo indica que los datos de seguridad serán mejores, hay que volver a recordar que el estándar con el que se compara—una meta fijada a conveniencia—sigue siendo deficiente respecto a niveles históricos. Quizás Chile será más seguro en 2025 que en 2024, pero está a una distancia inalcanzable de llegar a ser lo que era en 2019, antes del estallido social, el último de los terribles “treinta años”.
Así suma y sigue, y por lo mismo, todo apunta a que lo prometido en 2024 no solo no llegará a materializarse, sino que probablemente será intercambiado por guiños a la base. Por no poder entregar en lo material, o entregar a niveles subestándar, se tendrá que recurrir a recursos valóricos o identitarios, que, al final del día, son invisibles, solo les sirven a unos pocos, pero al menos mantienen a flote la cuenta corriente política de la coalición de gobierno.
Se dirá que el país va mejor que nunca, que las semillas en economía y seguridad están sembradas, pero que tomará tiempo ver los resultados.
Así, la cuenta pública de 2025 será una ceremonia de autocelebración en un país que no existe. Se dirá que todo va mejor, que los frutos están por llegar, pero la realidad es otra: más allá del discurso, poco se ha movido. Será una muestra más de la desconexión de una élite que se resiste a asumir errores, y que, en lugar de corregir el rumbo, opta por insistir en una narrativa complaciente, construida sobre promesas incumplidas y objetivos rebajados.
Juicio al Gobierno. Por @cbellolio.https://t.co/xItrP8X12X
— Ex-Ante (@exantecl) May 31, 2025
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