La experiencia internacional demuestra que los sistemas de reparto son una caja de pandora que cada año que pasa requieren más y más recursos por el envejecimiento de la población, creando déficits fiscales que derivan en más impuestos o inflación. Todo el poder que gana el Estado lo pierden los privados; lo que en mi opinión era uno de los principales objetivos de la reforma.
La promesa del fin del modelo. En los últimos días el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle ha denunciado el crecimiento mediocre de nuestra economía, destacando que a este ritmo el país no podrá alcanzar el desarrollo hasta dentro de cincuenta años.
- El modelo económico chileno, basado en el libre mercado, ha sido el pilar fundamental del crecimiento sostenido que experimentamos durante décadas. Este esquema permitió una notable reducción de la pobreza, el aumento de la clase media y la integración de Chile en los mercados internacionales.
- Las causas del bajo crecimiento actual son múltiples y sería poco riguroso achacárselas todas a este gobierno. Sin embargo, es innegable que uno de los factores decisivos es que la coalición gobernante no cree en el modelo de libre mercado, actúa a contrapelo y hace todo lo posible por modificarlo.
- Lo que no debe sorprendernos, pues el presidente Boric llegó al poder con un programa que prometía el fin del modelo basado en el principio de la subsidiaridad del Estado y desde que asumió su cargo no ha cesado en tratar de cumplir su promesa. Si no ha tenido éxito no se puede decir que sea por falta de empeño.
De la Convención a Dominga. La primera gran ofensiva la vivimos en la Convención Constitucional, cuya propuesta implicaba un cambio radical otorgando al Estado un rol protagónico en la economía, promoviendo la creación de empresas estatales, el cuasi monopolio en la provisión de los derechos sociales y la degradación paulatina del sistema de pensiones contributivo basado en la capitalización individual. Propuestas que fueron rechazadas por la abrumadora mayoría de la población.
- También en la Ley de Pesca, que privilegia la pesca artesanal en desmedro de la industrial que genera cuantiosas divisas, dándole una ventaja indeseable a la flota pesquera peruana que capturará las cuotas que a las chilenas les estarán vedadas.
- Y, la guinda de la torta, la resolución del Consejo de Ministros que desechó, en forma ilegal y arbitraria el proyecto Dominga, por razones estrictamente ideológicas, ya que cuenta con un fallo favorable del Tribunal Ambiental y con el visto bueno en todos los permisos sectoriales.
Boric sabe que las AFP no son responsables de las bajas pensiones. Ahora, en la reforma de pensiones el gobierno intentó reintroducir el sistema de reparto, achicando el rol de las cuentas individuales y terminar con las AFP.
- El presidente dice que no confía en ellas, sin explicitar sus razones. Uno puede pensar que el sistema basado en cuentas individuales es malo, pero demostraron ser más confiables que el que aprobó retiros inconstitucionales.
- El “fin de las AFP como las conocemos” sería el trofeo que Apruebo Dignidad necesita exhibir para apaciguar los ánimos de sus adherentes ante una reforma negociada que no los está dejando satisfechos.
- Las AFP pagaron a sus afiliados directamente -no al Estado- 45.297 millones de dólares en tiempo récord sin chistar por concepto de retiros. Demostrando con ello que los ahorros previsionales de los trabajadores existían y estaban a buen recaudo.
- Boric sabe que las AFP no son responsables de las bajas pensiones, pues solo invierten los fondos y pagan a sus afiliados. Que no tienen absolutamente nada que ver con los problemas del mercado laboral, la informalidad, los bajos salarios, las lagunas ni la edad de jubilación.
- Los fondos de pensiones son la fuente principal de financiamiento para las empresas y los bancos. Son las AFP las que invierten en acciones y bonos a largo plazo para que los bancos puedan otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores, que hasta hace muy poco permitieron a los jóvenes y sectores medios acceder a la vivienda propia con créditos a 20 y 30 años.
Los sistemas de reparto son una caja de pandora. La experiencia internacional demuestra que los sistemas de reparto son una caja de pandora que cada año que pasa requieren más y más recursos por el envejecimiento de la población, creando déficits fiscales que derivan en más impuestos o inflación.
- Como es evidente, el control de todo o parte del dinero que alimenta el mercado de capitales empoderaría al Estado, al que se le abren posibilidades insospechadas de influir y manejar la economía. Todo el poder que gana el Estado lo pierden los privados; lo que en mi opinión era uno de los principales objetivos de la reforma.
- Si lo hubiese conseguido habría sido capaz, en un escenario totalmente adverso, de concretar un cambio paradigmático respecto del rol de lo público en el modelo de desarrollo. Una reforma estructural, dando cumplimiento así a una parte trascendental de su programa.
- Es cierto que una cotización de solo el diez por ciento del salario es insuficiente para obtener una tasa de reemplazo razonable; y que si el 6% que aportaría el empleador fuera íntegramente a las cuentas individuales las pensiones futuras alcanzarían, para quienes coticen durante 30 o 40 años, una tasa de reemplazo a nivel de los países OCDE.
- También es cierto que hoy con la creación de la Pensión Garantizada Universal hay un componente solidario mucho más potente. De hecho, para los que la están recibiendo sus jubilaciones ya alcanzan una tasa de reemplazo cercana al 70% del último sueldo. La pensión tal vez siga siendo insuficiente pero ninguna jubilación puede ser mejor que el sueldo en actividad.
- Es decir, con la PGU ya se está atendiendo a los que están jubilados de manera adecuada; y se hace con cargo a impuestos generales “liberando” el 6% adicional para garantizar una importante mejora de las pensiones futuras.
El fin de las AFP. Pero el tema es que el gobierno necesita que exista un componente de reparto al que puedan ingresar recursos frescos y permanentes provenientes de la cotización adicional, para tener más control del mercado de capitales. Incrementar el poder y el rol del Estado en la economía es la prioridad.
- Sin embargo, tampoco le bastaría con que un porcentaje de la cotización vaya a un fondo solidario. Necesita que sea el Estado quien administre y gestione esas platas. Para eso proponen la “división de la industria”, un eufemismo tras el cual se esconde el fin de las AFP. Algo que la comisión técnica en forma unánime desaconsejó.
- La eliminación de las AFP podría provocar una fuga masiva de capitales afectando directamente la liquidez y el acceso al financiamiento de las empresas chilenas. Encareciendo el costo del capital limitando la innovación y expansión de las empresas.
- Enfrentamos un desafío crucial: Modernizar nuestro sistema de pensiones para abordar demandas sociales, pero sin sacrificar los principios que nos llevaron a convertirnos en un modelo de éxito para América Latina. Se trata de lograr un equilibrio entre un rol más activo del Estado en ciertas áreas y la preservación de un entorno favorable para la inversión privada y la innovación.
- Traspasarle al Estado la carga de la gestión y pago de las pensiones sería un error estratégico. Implica abandonar uno de los factores del éxito económico de Chile y atentar contra la sustentabilidad de las cuentas fiscales. Su financiamiento, como ocurre en otros países, pasaría a ser el ítem más costoso del presupuesto de la nación.
- Sin un mercado de capitales profundo que se nutre de la inversión de las cotizaciones previsionales de los trabajadores, se pondría en riesgo el bienestar de millones de ciudadanos.
- Es cierto, nuestro sistema mixto con un importante componente contributivo en cuentas individuales, administrado por entes privados de giro único (AFP) no existe en ninguna otra parte del mundo.
- Pero es lo que nos ha permitido contar con recursos propios para la inversión productiva, generando crecimiento, empleo y progreso para beneficio de toda la población.
Una apuesta muy riesgosa. Hasta ahora lo que se sabe es que un 4.5% del 6% de la cotización adicional del empleador iría a las cuentas individuales de cada trabajador; mientras que un 1.5 sería para “solidaridad” en la forma de un “préstamo” reembolsable al momento de jubilar. Es decir, dentro de 30 o 40 años.
- Una apuesta muy riesgosa puesto que lo más probable es que el Estado necesitará cada vez más dinero para financiar la “solidaridad” y se verá forzado a meterle mano a las platas del “préstamo”.
- Algo reminiscente a la situación de la “deuda histórica” de los profesores que se terminó pagando con treinta años de retraso, cuando los beneficiarios estaban casi todos muertos.
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