Es incomprensible, y tremendamente decepcionante, el resultado de la ejecución fiscal de los últimos tres años. Nuestra institucionalidad fiscal, que ha experimentado sucesivas e importantes mejoras, destaca a nivel internacional por su gran solidez y completitud. Del extenso catálogo que la conforma, quisiera profundizar respecto de la regla dual que mandata la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y que es el ancla de nuestra política fiscal. Esta regla es:
Hasta aquí todo parece sacado de un libro de texto, asegurando el respeto irrestricto de las metas fiscales (ficción). Sin embargo, la realidad del último trienio 2023-2025 ha superado con creces la ficción, dejando de manifiesto que cuando la autoridad no busca, no cree o no entiende (elija usted) que es la responsabilidad fiscal, como en este caso, no hay institucionalidad que lo obligue, por muy sólida y completa que esta sea.
La actual administración ha hecho lo imposible para convencernos que ha sido responsable, argumentando desde el “cherry picking”. Sin embargo, la evaluación de cuán responsable ha sido es muy simple: solo se debiera evaluar sobre la base del cumplimiento de las dos restricciones autoimpuestas y vinculantes.
A esta administración le costó comprometerse con la responsabilidad fiscal desde el comienzo, utilizando resquicios que la misma institucionalidad fiscal le permitía. En el primer DPF (2022) solo incluyó la meta un BE de -0,3% del PIB, para el 2026. Aun cuando la institucionalidad no explicita la obligación de que la meta de BE debía ser para cada uno de los años del gobierno, como extrañamente sí lo entendieron todas las administraciones anteriores, este fue el primero en que torció su espíritu y no lo cumplió.
Recién en enero de 2024 publicó un nuevo DPF anunciando sus metas para 2024 (-1,9%) y 2025 (-1,1%), las cuales tampoco cumplió.
Es cierto que bajo la institucionalidad fiscal que nos rige desde 2001, de regla de BE, todos los gobiernos se han comprometido a ser fiscalmente responsables, aunque a partir de 2009 pocos lo han logrado. Sin embargo, algunos de ellos han tenido atenuantes, más no eximentes: una crisis económica, un terremoto, una crisis social o una pandemia.
El actual gobierno se comprometió a un déficit estructural (poco exigente) de 5,1% del PIB acumulado en el trienio. Sin embargo, este fue de 9,6%, alcanzando por tanto un incumplimiento acumulado de 4,5% del PIB ¿Cuál ha sido el atenuante del gran incumplimiento del actual gobierno? Solo puedo encontrar agravantes:
En el contexto de este gran incumplimiento, la correcta evaluación de la deuda pública no es respecto del nivel alcanzado el año anterior, cómo majaderamente ha querido hacernos creer el actual gobierno, sino respecto de cómo hubiera sido si se hubiera cumplido la meta de BE autoimpuesta en los últimos tres años. La deuda se ubicaría cerca del 37% del PIB y no en casi 42% como hoy. Desde esta perspectiva, el manejo de la deuda pública también fue bastante deficiente.
Lamentablemente los efectos adversos de la administración fiscal del 2025 no han terminado. Para el 2026 se espera un crecimiento de los ingresos de más de 6% respecto de los del 2025, los cuales tuvieron recursos extraordinarios (provenientes de ENAP, Corfo y otras empresas públicas).
En este contexto, es muy probable que este crecimiento esté sobrestimado ¡nuevamente! sobre los gastos, falta saber cuántos de 2025 están pendientes de pago con cuenta al Presupuesto de 2026, por lo que es muy probable que ¡una vez más! haya una subestimación de los gastos de este año.
Como se puede ver, lo más decepcionante es que a pesar de todo este tremendo andamiaje fiscal que conforma nuestra institucionalidad, éste no ha sido capaz de limitar de verdad el accionar del gobierno. Así, las metas autoimpuestas son meras líneas de referencia, que se reinterpretan y se explican, según las necesidades políticas del momento y que, lamentablemente, nadie exige. Esto nos demuestra que las instituciones no resguardan a nadie, sino las personas y en Chile, la persona que encarna la institucionalidad fiscal es el ministro de Hacienda. Saque usted sus propias conclusiones.
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