El episodio con Lagos y las otras controversias de la dupla Quinteros-Domínguez en la Convención

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El vicepresidente Gaspar Domínguez y la presidenta María Elisa Quinteros en el patio del ex Congreso el 25 de abril. Foto: Sebastián Beltrán / Agencia Uno.

La elección de la dupla de María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez para la mesa directiva de la Convención estuvo marcada por las expectativas de que cumplieran un rol de conducción en los 6 meses en que debían aprobarse los artículos del borrador constitucional. La polémica por la invitación de los expresidentes a la ceremonia de cierre fue la última de una serie que incluye encontrones con la Corte Suprema, diferencias internas ventiladas en conferencias de prensa, un cierto desdén a las encuestas y errores comunicacionales con el pluralismo jurídico y las iniciativas populares. Su mayor logro: haber cumplido con el plazo del 4 de julio para entregar el texto final.

Qué observar: La carta que el expresidente Ricardo Lagos envió este jueves a la mesa de la Convención declinando asistir a la ceremonia del 4 de julio donde se entregará el texto final con la propuesta de nueva Constitución, abrió un flanco para la gestión de la presidenta María Elisa Quinteros y del vicepresidente Garpar Domínguez.

  • Quinteros, dentista con un doctorado en salud pública, fue elegida el 5 de enero en reemplazo de Elisa Loncon, tras una negociación de madrugada en el patio del ex Congreso donde las organizaciones sociales —partiendo por Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), al que pertenece—, resolvieron darle su apoyo. Fue elegida con los votos del Partido Comunista, pero no del Frente Amplio (que acusó una descoordinación con el PC), ni del Colectivo Socialista. En julio había declarado que “existe prisión política en Chile”, en referencia a los presos del 18-O.
  • Como vicepresidente fue elegido esa misma jornada el médico Gaspar Domínguez, de Independientes No Neutrales, quien se esperaba jugara un rol más de centro en la mesa: había defendido el quorum de 2/3 para aprobar normas en el pleno que el PC buscó, sin éxito, modificar. Reemplazó al abogado Jaime Bassa (FA).
  • Ambos eran independientes, ninguno tenía experiencia política y su principal misión sería conducir a la Convención en el denominado segundo tiempo, en que se aprobarían los artículos que se incluirían en el borrador constitucional que se debía presentar el 4 de julio. Su mayor logro es haberlo conseguido, coinciden desde Chile Vamos hacia la izquierda.
  • Ha sido una gestión difícil, dicen convencionales, en medio de la incertidumbre sobre el resultado del plebiscito del 4 de septiembre. Las polémicas registradas en su gestión incluyen encontrones con la Corte Suprema, diferencias internas ventiladas en conferencias de prensa, un cierto desdén a las encuestas y errores comunicacionales como la publicación sobre el pluralismo jurídico y la de las iniciativas populares de norma.

El episodio de Lagos: La controversia por las invitaciones a los expresidentes al acto del 4 de julio se remonta al 10 de junio, cuando en una reunión de la mesa ampliada de la Convención se aprobó una propuesta que no incluía a los exmandatarios.

  • En la decisión habría influido la resistencia en colectivos de izquierda a una eventual asistencia del expresidente Sebastián Piñera, pero pocas horas más tarde se advirtió del costo que esto tendría para la imagen de la Convención. Así es como este jueves 16, en una nueva cita, se revirtió la medida.
  • Uno de los 3 votos en contra fue de Quinteros, a los que se sumaron Natividad Llanquileo (escaño reservado al pueblo mapuche) y Francisco Caamaño (Pueblo Constituyente). “Yo represento a un colectivo, tengo una posición política que es legítima, y con mi colectivo hemos resuelto que nos manteníamos en la postura inicial, que tiene que ver con el aforo y la invitación de autoridades en ejercicio”, dijo la presidenta, tras la reunión. “En ningún momento ha habido un veto”.
  • Domínguez votó a favor, junto a Hernán Larraín (Evópoli), Luis Jiménez (escaño aymara), Tomás Laibe (Colectivo Socialista), Bárbara Sepúlveda (PC) y Yarela Gómez (FA).
  • La nueva decisión, sin embargo, llegó tarde: horas antes habían recibido la carta del expresidente Lagos, diciendo: “Le rogaría que no considere mi nombre en la ceremonia”.

La polémica sobre sobre el pluralismo jurídico: El pleno del miércoles 4 de mayo comenzó con la lectura del secretario, John Smok, de las comunicaciones recibidas. Entre éstas estaba un oficio enviado el día anterior por 21 convencionales de derecha y centro derecha, donde pedían “eliminar la información falsa publicada” el martes 3 de ese mes por la secretaría de comunicaciones de la Convención. Se trataba de un post de Instagram sobre el pluralismo jurídico, donde aseguraban que “las personas indígenas serán procesadas bajo el mismo sistema que las personas no indígenas”.

  • El borrador constitucional dice, en cambio, que habrá sistemas distintos. Sostiene que la justicia indígena actuará coordinada en un plano de igualdad con la ordinaria, pero deja a la ley determinar a quienes se aplicará y en qué delitos. También la subordina a la Corte Suprema. “El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia”, dice el artículo 340.
  • La posición de Gaspar Domínguez fue afirmar que “las palabras que se utilizaron podrían haber sido mejores” y asegurar que se establecería un procedimiento para que futuras comunicaciones pasen por la mesa.
  • Quinteros, en cambio, criticó la denuncia. “(Se) expuso en forma pública, innecesaria e irresponsablemente a parte del equipo de secretaría de comunicaciones con sus nombres y apellidos, pidiendo incluso su salida, lo que ciertamente no corresponde. El error ya fue asumido, explicado y rectificado”.

La polémica por las iniciativas populares de norma: El 5 de mayo ocurrió otra controversia cuando en un documento de la Convención referido a las Iniciativas Populares de Normas se sostuvo que el “91,5% de las propuestas llegó al borrador de la Nueva Constitución”.

  • Domínguez dijo que hubo 2 documentos circulando y que el difundido no era el oficial. “Fue redactado en conjunto por mí y el equipo de comunicaciones”, dijo.

Diferencias internas y un video: “No es un pronunciamiento de la mesa”, dijo Quinteros el 25 de abril en el patio del ex Congreso, a propósito de las críticas que Domínguez había hecho al gobierno por el envío de un Proyecto de Ley para incorporar en la Constitución la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones que pedía Chile Vamos. “Fue una impertinencia”, dijo Domínguez esos días frente al anuncio realizado por el Ejecutivo mientras se debatía el quinto retiro de fondos de pensiones en el Congreso.

  • La frase de Quinteros fue leída por algunos convencionales como muestra de desavenencias con Domínguez, pese a que su relación es descrita como mejor a la que mantuvieron Elisa Loncon y Jaime Bassa.
  • Ambos mantienen diferencias políticas —en el pleno del 14 de febrero Quinteros votó en favor de reabrir el debate sobre el quorum de 2/3 de aprobación de normas que pedía el PC, mientras que Domínguez votó en contra— y de estilo: en la práctica, Domínguez asumió un mayor protagonismo en las vocerías y Quinteros en las relaciones institucionales.
  • La respuesta de ambos a los cuestionamientos por ese episodio fue grabar un video de 54 segundos, con música de fondo y tono humorístico, donde Quinteros dice: “Lo único vicepresidente que tengo que confesar es que podría estar enojado (usted) por el robo hormiga de café que hago todos los días (desde su oficina)”. Domínguez replicó: “Y aunque tuviéramos diferencias, presidenta, es natural en democracia tener diferencias y es bueno poder arreglar(las) conversando”. El registro, publicado el 29 de abril, termina con un abrazo.

Los encontrones con la Corte Suprema: El 25 de enero, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, leyó un comunicado manifestando los reparos del máximo tribunal a la aprobación en la comisión de Sistemas de Justicia a una norma que establecía un límite de permanencia en sus cargos de 8 años para los jueces (con posibilidad de reeleeción) y 10 para los ministros de la Suprema. “En la regulación de la función jurisdiccional se ha expresado que integra la independencia de las juezas y jueces de instancia el principio de inamovilidad”, dijo. En los meses siguientes habría nuevos desencuentros.

  • “Esta Convención Constituyente es autónoma y se van a dar los procesos de conversación y diálogo que se determine en cada Comisión”, dijo Quinteros al día siguiente.
  • La tensión entre los organismos, sostienen convencionales, se descomprimió el 13 de mayo, cuando Quinteros y Domínguez cruzaron calle Compañía y se reunieron con 6 ministros de la Corte Suprema encabezados por su presidente, Juan Eduardo Fuentes, para conversar sobre las normas transitorias que marcarían el tránsito de la Constitución actual a la nueva, si se aprueba en el plebiscito del 4 de septiembre. Se trató de un encuentro cordial, dicen asistentes, aunque en ésta la Suprema entregó un documento con duros comentarios sobre las propuestas de artículos transitorios.

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