La noche del 18 de octubre de 2019 una turba incendió el edificio corporativo de 17 pisos de Enel. Muchos de ellos justificaban la violencia y destrucción gritando “no son 30 pesos sino 30 años” en alusión al alza de 30 pesos en el pasaje del metro y a los 30 años en los que fuimos gobernados por la concertación.
Mientras Chile involucionaba política, cultural y económicamente, el Gobierno debía lidiar con el descontrol en las calles y, además continuar administrando el sin número de procesos que dependen de él.
En este ambiente, el ministerio de Energía enfrentaba una próxima alza de 9% en las tarifas de la electricidad y era de perogrullo que un aumento en la cuenta de la luz podría terminar con Chile a lo Roma bajo el mando de Nerón. De esta forma, seguidores de Smith y Hayek debieron con desagrado abrazar a Diocleciano y Keynes.
Así, proyectando que el alza en el precio de la electricidad sería temporal por el término de contratos antiguos, se presentó la ley Precio Estabilizado a Cliente Regulado (PEC 1) aplicable a todos los clientes sujetos a regulación de tarifas. Esto permitió estabilizar el componente de energía a los precios vigentes a 2018, evitando que se aplicaran nuevos reajustes.
Aquí es importante tener en cuenta que siempre alguien debe asumir el costo (saldo) de una distorsión en el precio y, en este caso, debieron ser soportados los generadores. El mecanismo ideado, tenía la condición de que se podían acumular los saldos no cobrados por hasta US$ 1.350 millones o hasta 2023. No obstante, el máximo se alcanzó en enero de 2022.
En ese entonces, la Comisión Nacional de Energía (CNE), definió un reajuste que tendría como impacto un aumento de la tarifa final de los clientes en torno al 40%. Pero esta vez, los encargados de las decisiones no miraban con malos ojos el Plan Vuskovic y reaccionaron publicando un proyecto de ley que tenía como finalidad la creación de un nuevo mecanismo de estabilización. Así se publicó la ley 21.472 (Mecanismo Transitorio de Protección al Cliente o MPC) donde se volvió a evitar un alza, esta vez con la excusa de que ya existía una alta inflación. El tema es que esta justificación está altamente cuestionada en la literatura.
Y si bien, estas decisiones olían a mal final, además tuvieron muy mala suerte. Una depreciación del peso sin precedentes, inflación de dos dígitos, un costo del dinero mayor y la deficiente implementación de la Ley PEC, principalmente debido a los retrasos en los decretos de fijación tarifaria. Sólo en este último punto, al primer semestre de 2023, la CNE estimó una diferencia de US$937 millones, lo que debiese traspasarse a tarifas en el semestre siguiente.
Y así es como hoy se nos presenta una situación insostenible. El saldo acumulado en las generadoras es descomunal, por tanto, la trasferencia a los consumidores de forma paulatina es inevitable. No hacerlo sería esconder un elefante en la habitación, una irresponsabilidad abismante para con nuestra economía y las arcas fiscales.
Por tanto, el gallito que están realizando los ministros Mario Marcel y Diego Pardow al sincerar la situación, comenzar a traspasar lentamente el saldo deudor a las cuentas de la electricidad con un subsidio muy focalizado es sin duda doloroso, pero es lo correcto y responsable.
Lamentablemente, nuevamente es parte del Congreso la que con Desfachatez y codicia quiere forzar al Gobierno a tomar decisiones que afectan nocivamente nuestra economía y finanzas públicas. Esperemos que la sensatez de los ministros no sea doblegada y no ocultemos nuevamente al elefante en la habitación, que ya a estas alturas es godzilla.
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