El difícil escenario del Gobierno ante el proyecto de ley de usurpación para desalojar tomas de inmuebles

La iniciativa que reforma el Código Penal ya fue discutida en el Senado y el Ejecutivo perdió cada una de las batallas. De las cuatro indicaciones que repusieron, todas fueron rechazadas. Desde La Moneda ven con preocupación la idea de la legítima defensa y que ello pueda ocurrir todo el periodo en el que un inmueble esté tomado. La sesión de la comisión de Seguridad ya está citada para este lunes y en Chile Vamos adelantan que el proyecto podría ser aprobado tal cual como está. El gobierno examina la posibilidad de vetarlo o ir al TC en caso de que sea aprobado como está.

Qué pasó. El martes de esta semana se aprobó en el Senado el proyecto de ley de usurpación. La iniciativa es una reforma al Código Penal y , entre otras cosas, mantiene la flagrancia mientras duren las tomas de los inmuebles.

• En la actualidad, todos los delitos y las faltas tienen un plazo de 12 horas desde ocurrido para que se catalogue como flagrante.
• Pero ese punto no es el que tiene al Ejecutivo en alerta, sino que aquellas disposiciones que permiten la legítima defensa y la detención ciudadana en cualquier momento de la toma de un inmueble.
• El Gobierno intentó cambiar el proyecto que aprobó la comisión de Seguridad del Senado en la sala de la Cámara Alta, pero no tuvo éxito y todas las indicaciones que ingresaron fueron rechazadas.
• La medida es parte de los 31 proyectos de la agenda de seguridad y el compromiso del Ejecutivo y el Legislativo es tramitarlo en 75 días a contar del 14 de abril.

Alinear el discurso. En la discusión del proyecto de ley en el Senado, la semana pasada, uno de los argumentos del Ejecutivo para intentar mantener la calma era que la iniciativa recién se encontraba en primer trámite constitucional. Tanto así, que los diputados oficialistas aún no eran alertados de lo que el Gobierno cataloga como un proyecto preocupante.

• Este jueves fue la primera vez tras las elecciones en que se reunieron con Tohá en La Moneda los parlamentarios oficialistas de las comisiones de Constitución y Seguridad del Congreso, en jornadas de trabajo que estipularon realizar cada dos semanas para coordinar la agenda de seguridad.
• En esta sesión, que duró cerca de dos horas, fueron dos los temas principales que estuvieron sobre la mesa: el proyecto de usurpaciones y el que se discutirá este lunes en su tercer trámite sobre delitos económicos, el único de la agenda de 31 medidas que lleva la firma de un diputado de Apruebo Dignidad.
• Sobre usurpaciones el balance fue compartido: existe el temor de no poder revertir un proyecto que consideraban, a lo menos, aceptable en su inicio, pero que el Senado dejó como difícil de respaldar para el oficialismo. Algunos diputados incluso bromeaban con que sería la primera vez que “la Cámara arreglaría algo que viene del Senado”. “No lo vamos a respaldar, ninguna de las dos almas del Gobierno, bajo ningún punto de vista”, indicó uno de los presentes en la cita encabezada por Tohá.
• En el encuentro también participaron los ministros Álvaro Elizalde, Luis Cordero y sus principales asesores; Pía Mundaca, jefa de asesores; Alejandro Urquízar, quien fuera encargado de los temas de seguridad en la campaña de Boric, y el nuevo refuerzo jurídico-legislativo de Interior, Rafael Collado, quien fue presentado formalmente en la instancia.

¿Cambiarlo en la Cámara de Diputados? La reforma comenzará a ser discutida en la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. La sesión de dicha instancia ya está citada para este lunes a las 15:00 horas y están invitados la ministra del Interior, Carolina Tohá, el subsecretario Manuel Monsalve, y el senador Felipe Kast (Evópoli), presidente de la comisión de Seguridad del Senado y quien tuvo un enfrentamiento por este tema con el entonces recién asumido ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde.

• El oficialismo tiene minoría en la comisión de la Cámara Baja y la presidencia la tiene el diputado Jorge Alessandri (UDI).
• El Partido Republicano ha manifestado en privado que es una iniciativa que no solamente les acomoda, sino que es como les gustaría que fuera despachado a ley.
• En la UDI la situación es similar. Argumentan que la flagrancia permanente es necesaria, que el trasfondo es proteger la propiedad y que es correcto que opere la legítima defensa. Eso sí, precisan que esta última debe ser con el respaldo de la fuerza pública para evitar la autotutela y que la ley debe incorporar supuestos en que opere de manera correcta.
• En RN hay opiniones divididas. Si bien primero se realizará una reunión con los parlamentarios del partido que representan a la Región de La Araucanía, hay quienes dicen que el proyecto es excesivo y que se deben resolver algunos elementos: precisar que se habla de inmuebles relacionados a vivienda y predios agrícolas, además de mencionar el labor de las policías en eventuales desalojos.
• Pero hay otro sector de RN que comparte los distintos artículos del proyecto. Miguel Mellado, parlamentario por La Araucanía, dice que hay un tema clave: “si el Estado no puede otorgarle seguridad a los agricultores, los contratistas forestales o las mismas forestales, tienen el legítimo derecho de defender su patrimonio, su casa y su familia”.

Vetar o ir al TC. Ante un escenario en que el oficialismo no tiene mayoría en la Cámara de Diputados y que la derecha podría apoyar de manera íntegra la iniciativa, al Ejecutivo no le quedan muchas opciones.

• La primera de ellas es vetarlo. Para eso el Presidente Gabriel Boric tendría que espera a que el proyecto salga del Congreso y en vez de promulgarlo, devolverlo con indicaciones.
• Para que la oposición insista en el proyecto originar, deberá contar con los votos favorables de dos tercios de los presentes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
• La segunda opción es recurrir al Tribunal Constitucional, una carta que ha sido duramente criticada por el ahora oficialismo cuando eran oposición, pero que no sería sorpresa si es utilizada.
• Lo anterior porque en la tramitación en el Senado algunos parlamentarios oficialistas ya hicieron reserva de constitucionalidad.