En mayo del año pasado, buena parte del país estaba en una cuarentena estricta, la amenaza del covid-19 rondaba a la vuelta de la esquina y la posibilidad de contar con una vacuna era aún un sueño de ciencia ficción.
En ese contexto, nuestros parlamentarios aprobaron el “primer y único” retiro del 10% de los fondos de pensiones. Todo esto con la justificación de entregar ayuda a quienes habían perdido sus fuentes de ingreso producto de la pandemia.
El consenso parecía ser total: como los ahorros les pertenecen a las personas, ellos son los soberanos de elegir su destino, especialmente en el contexto de una crisis sanitaria y una fuerte desaceleración económica.
Este fue el principio del fin de la política de focalización que había reinado en Chile durante décadas, pero, por sobre todo, fue el primer gesto de evidente abandono por parte de la clase política hacia la ciudadanía.
Cuando los chilenos más necesitaron de la ayuda del Estado, los parlamentarios optaron porque las personas se vieran forzadas a gastar los ahorros de una vida de trabajo para poder sobrellevar la pandemia, antes que apoyarlas vía gasto fiscal.
A la opinión pública no le pareció contradictorio que los trabajadores pagarán la crisis con sus ahorros previsionales. El sentido común indicaba que, si el gobierno llegaba tarde, mal y nunca con las ayudas, lo más recomendable era rascarse con las propias uñas.
Desde ese momento en adelante, cada retiro ha significado una daga en el estómago de la coalición gobernante, provocando sensibles hemorragias en sus filas y generando divisiones y recriminaciones que en poco han ayudado a transmitir capacidad de mando.
Cada retiro tuvo su particularidad. En el primero, el gobierno confirmó su incapacidad para ofrecer una solución alternativa que permitiese liderar y alinear a sus parlamentarios.
En el segundo, la extensión del IFE fue eclipsada con la complicidad de 48 diputadas y diputados oficialistas que votaron a favor del retiro.
En el tercero, el gobierno dejó en evidencia su impotencia ante el TC y Chile Vamos sufrió la derrota electoral más aplastante de su historia en la elección de constituyentes. Y en el cuarto, el candidato presidencial del conglomerado, Sebastián Sichel, sufrió un disparo en el ala.
Ahora, más allá de estas humillaciones sufridas por la centro derecha, todos los retiros tienen al menos tres cosas en común. Para empezar, han sido una herramienta fenomenal para cumplir con el viejo anhelo de la izquierda de derrumbar el “sistema previsional heredado de la dictadura militar”. Junto con ello, los retiros nos corroboran periódicamente que el gobierno cumple un rol ornamental y no instrumental.
Y, principalmente, han demostrado ser el mecanismo más eficaz para despertar apoyo político. Literalmente son grito y plata o ¿acaso alguien puede negar que hoy los parlamentarios están regalando dinero a cambio de votos?
Lo hacen a costa del ahorro de las familias chilenas y a sabiendas de que vía inflación se encarecerá la vida de los más vulnerables, dejando en evidencia lo que tristemente muchos ya intuimos: la mayor parte de los políticos están dispuestos a sacrificar el bien común en pos de su interés personal.
Con esta clase de incentivos, todo parece indicar que el cuarto retiro se aprobará en el Senado. Seguramente la izquierda manejará los tiempos con el fin de dilatar lo más posible la discusión, para tensionar al oficialismo y poder concretar el retiro en una fecha más cercana a la elección, probablemente a comienzos de noviembre. Es que verán, la evidencia demuestra que entre más cerca del sufragio, más paga en las urnas el retiro.
Si parece evidente que estamos siendo gobernados por personas que ponen su interés por sobre el de los más débiles, ¿por qué debiéramos permitir que nuestros ahorros, generados con nuestro trabajo, queden a su merced? Este dilema se acentúa cuando revisamos las propuestas presidenciales.
Por un lado, tenemos a Yasna Provoste, quien junto al senador Navarro presentaron hace más de un año un proyecto para estatizar (confiscar) los fondos de pensiones de los chilenos. Es decir, sacar la plata de tu cuenta de ahorro y llevársela al Estado a cambio de huevo. Esta maniobra se sustenta sobre la muy dudosa premisa de que un funcionario del gobierno será capaz de administrar con más eficiencia, equidad y transparencia nuestros ahorros que un profesional técnico del ámbito privado.
Por otro lado, el programa de Gabriel Boric propone un sistema con un pilar contributivo, o solidario como le llama él, donde todos tenemos que entregar mensualmente una parte (aún por determinar) de nuestros ahorros, para que luego los políticos decidan a quienes les asignan esos fondos. Pero no se queda ahí, al más puro estilo de la familia Corleone, advierte que, para acceder a este fondo común, primero hay que traspasar todo lo que aún tengas ahorrado en tu AFP. Si no entregas tus ahorros, aún así tendrás que pagar tu cuota “solidaria” mes a mes sin poder acceder a la porción que te debiera tocar del reparto.
Finalmente, desde el comando de Sebastián Sichel sostienen que, en caso de aprobarse el proyecto del cuarto retiro que actualmente se discute en el Congreso, “el único camino que queda” es avanzar en la extracción del 100% de los fondos de las AFP para “guardarlos lejos de los burócratas y la política y administrarlo en cuentas separadas para nuestra pensión futura”. No se trataría de un retiro del 100% propiamente tal, sino que de movilizar los recursos hacia otras clases de instituciones o instrumentos para proteger el ahorro de los trabajadores y que este no se consuma en favor de la inflación.
De las tres propuestas, hay un claro común denominador: nadie se preocupa de abordar el tema de fondo, mejorar las pensiones de nuestros abuelos sin sacrificar las de nuestros hijos. La fiebre por la inmediatez ha provocado la proliferación de fórmulas para distribuir lo que hay a cambio del aplauso fácil de la tribuna, pero nadie es capaz de poner sobre la mesa mecanismos para multiplicar las pensiones de todos con un trabajo serio y técnicamente factible. Para ello se requeriría de un liderazgo que esté disponible a ofrecer soluciones que no tienen réditos políticos hoy, sino en las décadas que vendrán.
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