25.078 funcionarios públicos, entre los años 2023 y 2024, viajaron fuera del país pese a estar con licencia médica. Licencias pagadas con cargo a los impuestos de todos nosotros, los contribuyentes.
Hasta la fecha, el Estado había hecho la vista gorda ante esta situación. Tres billones de pesos —es decir, tres millones de millones— es el costo anual que el fisco destina al pago de licencias médicas. Exautoridades del Ministerio de Salud han señalado que, sólo reduciendo ese gasto en un 10%, se podría financiar el término de las listas de espera en el país.
La cultura del fraude, cual cáncer agresivo en estado de metástasis, se ha ramificado de manera silente por cada repartición de la administración pública. Son 777 las instituciones y reparticiones públicas con casos de funcionarios involucrados.
Incluso, uno de los amigos más cercados del Presidente Boric —quien, recordemos, prometió terminar con el amiguismo y la cultura del pituto—, flamante funcionario de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y remunerado con un sueldo superior a los siete millones de pesos, también hizo uso de su “derecho” a defraudar, en modalidad de vuelo internacional.
Pero al fin alguien logró ponerle el cascabel al gato: Dorothy Pérez. De bajo perfil, pero de alto rigor en el ejercicio de su función. La biografía de la contralora está marcada por la meritocracia. Quizás ha sido eso lo que abonó la cuota de resiliencia necesaria para que soportara el congelamiento al que la expuso el anterior contralor, Jorge Bermúdez, y que luego logró revertir en la Corte Suprema.
Fue ella quien produjo uno de esos eventos de baja probabilidad, pero alto impacto, destapando el escándalo de las licencias truchas. De alguna manera, cuando el país se ve expuesto a una pendiente resbaladiza de decadencia y corrosión ética, surgen estas personalidades opacas, pero al mismo tiempo luminosas: pequeños hombres y mujeres que impulsan grandes cambios, detentores de la ética del burócrata descrita por Max Weber, y que, a fin de cuentas, constituyen la reserva moral de nuestra alicaída democracia.
Aferrada a la idea de que hay que hacer que las cosas pasen, Dorothy Pérez mandató a sus equipos a realizar un simple pero letal cruce de datos: el registro de licencias médicas otorgadas, con la información de entradas y salidas del país proporcionada por la Policía de Investigaciones. Así sinceró una cruda realidad, dimensionó la magnitud del problema y rompió la inercia, para que, de una vez por todas, las instituciones funcionen, se investigue debidamente y se sancione de forma ejemplar este auténtico esquema de defraudación fiscal en modalidad hormiga.
Pero no basta con el arrojo de la contralora. Ella destapó una caja de pandora y abrió una valiosa ventana de oportunidad para que el mundo político tome el toro por las astas. De acreditarse el fraude al fisco, estos funcionarios debieran enfrentar una sanción que les impida desempeñar funciones públicas por un período no menor de tiempo. Además, es necesario repensar el diseño e incentivos detrás de nuestra política de licencias médicas, así como las herramientas para su debido monitoreo, control y fiscalización.
El clima de opinión acompaña. Los ciudadanos son cada vez más conscientes de cómo, en nombre de la función pública, en múltiples ocasiones se reproduce una lógica de privilegios y abusos intolerables. Trabajar en el Estado supone un especial celo en el uso y gestión de los recursos de todos los chilenos. Hacer honor a esa vieja, pero a ratos olvidada frase: “servir y no servirse del Estado”. Gracias, Dorothy, por traerla de vuelta a la palestra.
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