Desde hace 2 años ronda en el debate público la percepción de que el actual gobierno habría aumentado en 100 mil la cantidad de funcionarios públicos. El origen de esta idea está en la variación de “asalariados del sector público” consignada trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Según la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), en el trimestre Enero-Febrero-Marzo de 2022 el total de asalariados públicos era de 1,1 millones, pero, a comienzos del 2023, se produjo un crecimiento importante de éstos, con un peak de 1,2 millones en el trimestre Septiembre-octubre- Noviembre 2023.
Luego, a comienzos del 2024, la tendencia al alza se mantuvo hasta el trimestre Mayo-Junio-Julio 2024, cuando los asalariados del sector público totalizaron un récord de 1,26 millones. Desde entonces, la tendencia es a la baja, aunque lejos de los 1,1 millones consignados a inicios del 2022: entre los trimestres Enero-Febrero-Marzo 2022 y Junio-Julio-Agosto 2025 la diferencia es de 92.591 (Figura 1).
En este contexto, desde Horizontal (2025) identificamos que el aumento de los más de 100.000 funcionarios, comparando marzo 2022 con septiembre 2024, se debía principalmente por mayores contrataciones a nivel municipal (49%), seguido por Servicios de Salud (15%), Servicios Locales de Educación Pública (SLEP, 15%) e Instituciones de Educación Superior Estatales, Empresas Estatales y otros organismos (12%).
En el marco temporal abordado en el documento, el resto del Gobierno Central sólo explicaba el 6% del aumento de funcionarios (6,6 mil aprox). En total, un 36% del aumento, muy lejos de los 100 mil que de manera oportunista se le suelen imputar en el debate público.
En esta línea, según Dipres (2025), el aumento en la cantidad de cargos disponibles a nivel de Gobierno Central desde el trimestre marzo 2022 , excluyendo SLEP y Servicios de Salud, es sistemáticamente inferior a los 10.000 cargos adicionales, con excepción del trimestre marzo y junio 2024, que alcanzan los 23.445 y 15.942, respectivamente.
El mayor crecimiento se encuentra en el aumento de funcionarios de los SLEP, que superan los 50 mil, aunque debe considerarse que parte de este aumento no se debe a nuevos funcionarios, sino a traspasos desde el sector municipal (Figura 2).
El problema de fondo radica en la ausencia de un registro único de funcionarios públicos que abarque a todo el Estado. En este sentido, el artículo 70 de la Ley N° 21.306, impulsado por el ex ministro Ignacio Briones, representó un avance significativo, al obligar a todos los órganos y servicios públicos a remitir esta información mensualmente a la Dirección de Presupuestos (Dipres).
No obstante, persisten desafíos importantes: el nivel de respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley es bajo, especialmente en las municipalidades, y los reportes carecen de sistematicidad.
Además, coexisten otros registros sectorizados, con escasa interoperabilidad entre sus datos y problemas similares de reporte, como el Sistema de Información y Control del Personal (SIAPER) de la Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), y el Portal de Transparencia del Consejo para la Transparencia (CPLT).
Mientras no contemos con un registro único y actualizado del personal público, abierto a la ciudadanía y que abarque de manera integral al Gobierno Central, a los gobiernos locales y a los órganos autónomos, nuestro Estado seguirá actuando a tientas en materia de gestión de personal y detección de ineficiencia, opacidad en la rendición de cuentas y riesgo de corrupción, lo que socava la confianza en las instituciones y frena el avance hacia una administración pública al servicio de la ciudadanía.
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