El 10 de febrero, la Corte de Antofagasta decidirá el desafuero de Catalina Pérez (ex FA). La diputada fue la última de los involucrados en la trama en declarar, marcando un contraste con Andrade y Contreras, que estuvieron incluso en prisión preventiva. La principal evidencia de los persecutores para afirmar su participación son los chats que sostuvo con integrantes de la fundación y funcionarios públicos.
Por qué importa. El 19 de diciembre, la Fiscalía solicitó a la Corte de Apelaciones de Antofagasta el desafuero de la diputada Catalina Pérez (ex FA), imputada en calidad de autora de tres delitos consumados de fraude al Fisco, por los convenios suscritos en 2022 entre la fundación Democracia Viva y la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta, por $426 millones.
- En la misma calidad son investigados el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, el representante legal de la fundación, Daniel Andrade, y la concejal de Antofagasta, Paz Fuica. Todos, vinculados al partido Revolución Democrática, en el que Pérez militó y presidió entre 2019 y 2021.
- La Corte admitió a trámite la solicitud de desafuero y fijó para el 20 de enero la audiencia donde sería revisada. Pero este martes, el tribunal optó por postergar la instancia para el 10 de febrero, entre otras razones, por la reciente incorporación de la defensa de Pérez, encabezada por el abogado Gonzalo Medina, quien tuvo acceso a la carpeta investigativa —de al menos 20 tomos— hace pocos días.
- Según quienes conocen el avance del caso, la tesis que maneja el Ministerio Público es que Pérez actuó como intermediaria entre Andrade y los organismos del Estado a fin de conseguir convenios para la fundación.
- Las mismas fuentes aseguran que la evidencia de mayor peso que manejan los persecutores —hasta la fecha— son las conversaciones vía WhatsApp que sostuvo la diputada con integrantes de la organización y con funcionarios públicos. “Es importante que nosotros reforcemos que tu no sabías”, se lee en un chat entre Andrade y Pérez.
- “Nunca intervine de ninguna manera en la suscripción de convenios, no hice nada para que estos convenios se concretaran, no recibí ni un peso de aquellos y no conocía los detalles financieros u operacionales de ellos”, declaró este viernes la parlamentaria.
El celular de Catalina Pérez. El 28 de agosto, un día después de que el Juzgado de Garantía de Antofagasta accediera a ampliar hasta octubre la investigación de la causa, la diputada y su abogado, Gonzalo Medina, llegaron a la Fiscalía Nacional para la entrega “voluntaria” —como afirmaron desde su defensa— de su teléfono celular 1 año y 2 meses después de iniciada la investigación. Quien recibió el dispositivo fue el fiscal regional de Antofagasta y encargado de la causa, Juan Castro Bekios.
- El interés del equipo jurídico de Pérez era que el Ministerio Público analizara todas sus conversaciones por WhatsApp previas y posteriores al estallido del caso. Esto, como una estrategia para dar señales de colaboración.
- Tras recibir el celular, el fiscal encargó a la PDI el vaciado del equipo mediante un dispositivo universal de extracción forense (UFED, por sus siglas en inglés). Cercanos a estas investigaciones aseguran que, comúnmente, este tipo de procesos toman en promedio seis meses.
- El 2 de diciembre, los fiscales Juan Castro y Cristián Aguilar —jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta— recibieron el informe policial con un análisis de los chats con potencial contenido criminal de la parlamentaria entre 2022 y 2023.
- Según el documento, en ese periodo “se evidenciaron conversaciones de relevancia” entre Pérez, Andrade y la encargada territorial de la ejecución de los convenios de la fundación, Paulina Cabrera.
- En esos diálogos “manifestaban tener contacto con Carlos Contreras, donde mencionaban coordinar y mantener reuniones entre ellos, haciendo mención a la fundación Democracia Viva. Lo anterior, da cuenta de la existencia de un vínculo entre las personas mencionadas”. Además, se encontraron registros de llamadas con Contreras, pero no encontraron conversaciones entre ellos.
- Los fiscales también recibieron el informe del celular del exseremi, donde sí se encontraron chats con Pérez. “Se puede concluir que Pérez borró todas las conversaciones existentes entre ambos”, concluyó la PDI.
- En el celular de Pérez tampoco se registran diálogos con el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, mencionado en los diálogos con Andrade. El abogado de Crispi, Guillermo Chahuán, dijo a La Tercera que existió una conversación entre ambos el 14 de junio de 2023, pero fue en forma presencial “cuando se encontraron en Cerro Castillo en el marco de una reunión del oficialismo (…). Crispi le señaló que, según el conocimiento que tenía del caso, ameritaba que se investigara en detalle lo ocurrido”.
- Los persecutores declararon reservados los documentos policiales e ingresaron a mediados de diciembre la solicitud de desafuero, también con calidad de reservada. Esto, con el objeto de verificar si son necesarias nuevas diligencias. El secreto se levantó esta semana, cuando la solicitud de desafuero se abrió a las partes.
Contraste con Andrade y Contreras. El caso explotó el 16 de junio de 2023, tras una publicación del medio regional Timeline. Ese día, Daniel Andrade dejó su cargo de asesor en el Ministerio de Defensa y, el 17 de junio, Carlos Contreras renunció a su puesto.
- El 13 de diciembre de 2023, ambos fueron detenidos y pasaron a control de detención. Al día siguiente fueron formalizados por fraude al Fisco y quedaron en prisión preventiva. Tras 75 días con esa cautelar, en febrero quedaron con arresto domiciliario total. Andrade se mantiene en esa condición, mientras que Contreras está en prisión preventiva.
- Recién el 19 de abril, Catalina Pérez renunció a su derecho a guardar silencio y declaró como imputada, pero no se formularon cargos en su contra.
- “No hubo influencia de mi parte en nada, ni yo recibí fondos. Daniel Andrade me indicó que él tampoco recibió dineros y que el trabajo que hacía la fundación era similar al que históricamente había desarrollado y que yo conocía, por eso me quedé tranquila”, afirmó en una declaración.
- Tras esa diligencia, la Fiscalía ha enfocado su investigación en su posible implicancia en el caso. Entre los querellantes ha llamado la atención que Pérez haya sido la última en ser investigada por el Ministerio Público y deslizan posibles motivos políticos.
- En junio de 2023 Revolución Democrática suspendió su militancia en la colectividad, la que se levantó en julio de este año, justo cuando se fusionaron los partidos del Frente Amplio. Desde ahí, tomó un rol más activo e incluso acompañó al Presidente Gabriel Boric a un viaje a Paraguay. Renunció al FA el 15 de noviembre, fecha tope de la ley antidíscolos, con la idea de repostular como diputada.
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