Defensoría de Víctimas: El rol clave en los indultos de la abogada que Boric nombró en vez de Patricia Muñoz

Macarena Cortés fue designada en el cargo el martes después del fallido nombramiento de Muñoz, quien estaba embarazada de 7 meses. Cortés, sin embargo, protagonizó una de las decisiones más polémicas de Boric: el indulto a condenados en el marco de los actos vandálicos del 18-0, entre ellos Luis Castillo, quien registraba 26 causas penales, y el exfrentista Jorge Mateluna, que cumplía pena por asalto a banco, entre otros.

Nueva directora. El 30 de diciembre pasado, el Presidente Gabriel Boric desistió de nombrar a Patricia Muñoz como primera defensora de las víctimas. En medio de fuertes críticas por la decisión, dado que ella sólo podría asumir en plenitud al menos 6 meses después, por su embarazo. Eso sin contar el año de fuero posterior a su postnatal, lo que impediría su remoción en cualquier caso.

• La abogada Macarena Cortés asumió el cargo el 1 de enero. Desde 2020, Cortés se desempeñaba como jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia. Antes trabajó en distintas áreas de la cartera.
• En ese cargo tuvo el rol revisar los antecedentes de los 13 indultados por Boric el 30 de diciembre de 2022. Todos los decretos llevan su firma y sus iniciales.
• Los antecedentes de los postulantes al beneficio también fueron examinados por Pablo Fuenzalida (cercano al PS), entonces jefe de la División Judicial de la cartera, y Carolina Huerta, encargada hasta hoy de la Sección Indultos.
• Además, el jefe de gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía, fue el coordinador entre Presidencia y Justicia.
• Todo eso, a pesar de que los antecedentes constaban informes contrarios de gendarmería en 6 casos.
• El Mandatario dijo lo siguiente ese 30 de diciembre: “Fue una decisión muy meditada, algo que no es sorpresa, un compromiso, yo cumplo mis compromisos. Es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria, creo que tenemos que sanar estas heridas. Estos son jóvenes que no son delincuentes”.
• Luego, con el afán de sacar a Boric del foco de la discusión, las vocerías quedaron a cargo de diversos ministros. Camila Vallejo (PC) llegó a afirmar que si el Presidente hubiese tenido todos los antecedentes a la vista la situación hubiese sido distinta.
• Desde ahí, el Mandatario no ha aclarado qué antecedentes tuvo a la vista al tomar la determinación ni tampoco se ha referido a los graves informes de Gendarmería sobre la conducta de seis de los 13 indultados.
• Tras la ola de críticas, fueron removidos tanto Meza-Lopehandía como la ministra de Justicia, Marcela Ríos.
• Pese a que necesariamente los decretos fueron examinados por Boric, éste nunca reconoció su responsabilidad. Todas las veces que le preguntaron, si los había visto respondió diciendo “esa pregunta ya lo contesté”, pese a que jamás lo hizo. Sus palabras además contrastan con sus dichos de que la decisión  fue una “decisión meditada”.

Las negligencias y los prontuarios. Según la versión del gobierno, el análisis realizado por los funcionarios de Justicia incluyó un chequeo para ver si los beneficiados cumplían con los requisitos para obtener el perdón presidencial, como no tener causas penales vigentes.

• En primera instancia el viernes 30 sólo se dieron a conocer 11 indultos, 10 para presos por el estallido social, y uno para el frentista Jorge Mateluna, condenado por asalto a banco.
• Minutos después, se aclaró que había un error y se agregaron dos nombres: Luis Castillo, que tenía 26 causas penales previas, y Sebastián Montenegro.
• Sus nombres, según se informó, fueron añadidos dos días antes del anuncio.
• Todas las decisiones finales fueron adoptadas por el círculo de confianza de Ríos: Natalia Arévalo, su jefa de asesores; su jefe de gabinete, Ariel Salinas; y la propia ministra. Las consultas y definiciones se adoptaron en coordinación con el jefe de gabinete del Presidente, Matías Meza-Lopehandía. Los cuatro son cercanos al Frente Amplio.
• Además de Castillo y Mateluna, figuraban en la lista los siguientes condenados:
• Juan Bastián Olguín (condenado por incendiar una plaza de peaje), Jordano Santander (condenado por atacar un cuartel de la PDI en San Antonio y por homicidio frustrado de un policía que intentó atropellar), Bastían Campos (por portar una bomba molotov en su mochila y por saqueo a un supremercado) y Felipe Santana (condenado por incendio y robo en la catedral de Puerto Montt), entre otros casos.

La firma.Macarena Cortés no solo participó en la revisión de los antecedentes, sino que su firma y sus iniciales —MCC— están presentes en los 11 decretos visados el 29 de diciembre y en los dos documentos aprobados el 30 de diciembre. Junto a ella firmaron otros cuatro personeros del Ministerio de Justicia, quienes dejaron sus “moscas” —como se le llama en el ambiente administrativo—.

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