Marzo 15, 2026

¿De 6 años a 6 meses?: Un sistema de IA para destrabar la inversión en Chile. Por Diego Salvatierra y Gonzalo Oyanedel

Ex-Ante

Proponemos tres pasos concretos: (1) Conformar una mesa técnica entre el Ministerio de Economía, la SEGPRES y actores privados para definir arquitectura de SAPSE; (2) Lanzar un piloto en 2026 con 3 servicios sectoriales y 10 proyectos de inversión; (3) Evaluar resultados en 12 meses con métricas claras de reducción de tiempos y calidad de decisiones.


La permisología ha alcanzado un “nivel de irracionalidad e incoherencia que no tiene sentido”. Así caracterizaba esta crisis el Presidente Gabriel Boric a finales de 2023 cuando se dio el inicio de obras de AVO II. Y tiene razón: En Chile, los proyectos pueden tramitarse por años, incluso décadas, sin plazos fatales, con procedimientos duplicados y criterios o requisitos contradictorios, lo que genera una incertidumbre que ahuyenta las inversiones y, por tanto, merma el camino al desarrollo del país.

Sólo en construcción, obtener todos los permisos para un proyecto puede tomar entre cuatro y seis años según la CChC. En contraste, proyectos similares en países OCDE se aprueban en 18-24 meses. Similar historia cuenta el informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) donde revela trámites que han superado la década. A pesar de que el portafolio de proyectos de inversión extranjera directa de InvestChile alcanzó los $65 mil millones de dólares en 2025, este potencial está limitado por barreras procedimentales y organizacionales.

Sin embargo, toda crisis supone una oportunidad. Podemos hacer una modernización profunda de la forma en la que pensamos la gestión de permisos dentro del Estado. En efecto, los avances recientes de los últimos 6 meses en inteligencia artificial, especialmente aquellos relacionada a la IA agéntica (sistemas de IA que pueden ejecutar tareas complejas de forma autónoma, coordinando entre sí) permiten soñar con una arquitectura que reduzca radicalmente el tiempo dedicado a la gestión de permisos de los proyectos sin sacrificar la institucionalidad ambiental, involucrando a los humanos en las decisiones clave, pero liberándolos de la carga administrativa excesiva que genera retrasos.

Nos imaginamos un “Sistema Agéntico de Permisos Sectoriales del Estado” (SAPSE) a través de una arquitectura en que cada uno de los servicios que tramitan permisos sectoriales (especialmente los prioritarios según el informe de la CNEP) puedan exponer de forma nítida sus criterios de autorización a un conjunto orquestado de agentes de IA especializados. Todo esto dentro del sistema de la ventanilla única de la Plataforma SUPER que se consolida con la dictación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.

Este “enjambre de IAs” podrían completar formularios y documentos, verificar cumplimiento de asuntos formales de manera automática, servir como intermediarios entre los distintos formatos de cada una de las decenas de entidades públicas que tienen que aprobar cada proyecto, para luego ser revisados por un humano.

Imaginemos un proyecto de paneles solares en Atacama bajo la dinámica del SAPSE: un agente especializado revisaría automáticamente las normativas del Ministerio de Energía, otro verificaría los requisitos ambientales de la zona, un tercero validaría el uso de suelo con la municipalidad correspondiente.

El sistema, alojado en la plataforma SUPER, identificaría inconsistencias entre requisitos de distintos servicios antes de someter documentación, y escalaría a revisión humana cuando detecte conflictos normativos o casos que requieran juicio profesional. Todas las consideraciones de forma serían previamente identificadas de manera automática habilitando así la iteración rápida de cara al inversionista y a los servicios.

Si logramos destrabar inversiones, un Sistema Agéntico como el que describimos podría ayudar a habilitar generar un crecimiento adicional del PIB de 0.7% anual por 10 años según un estudio reciente del CEP, equivalente a más de USD $2 mil millones anuales por efecto de aumento de stock de inversión por reducción de plazos de aprobación.

Esto no lo planteamos sin entendimiento del Estado: uno de nosotros empujó una licitación de infraestructura en el Mineduc, para conectividad escolar, de casi $150 millones de dólares en 10 años. Estas capacidades no son especulativas. Empresas en Silicon Valley como Starbridge ya han demostrado que la IA se puede aplicar para licitaciones públicas, agilizando los tiempos de postulación en un 50%. Y los ejemplos en el Estado también abundan: el gobierno de Estonia implementó X-Road, una plataforma que integra bases de datos públicas, reduciendo los tiempos de trámite en 70%.

Singapur desarrolló sistemas automatizados de revisión de planos que aprueban diseños de construcción simples en menos de 24 horas. Estos precedentes demuestran que la automatización inteligente de procesos gubernamentales no es ciencia ficción, sino política pública implementable.

Es evidente que el demonio reside en los detalles. Esta columna no pretende definir los detalles de diseño de cómo se vería y se construiría un Sistema Agéntico de Permisos Sectoriales del Estado. Reconocemos que existen un conjunto de medidas que deben equilibrar la justa supervisión humana y el compromiso con la normativa ambiental. Nuestro objetivo es echar a andar una discusión que nos parece oportuna a la luz de los avances tecnológicos y la magnitud de la crisis que tenemos por delante.

Anticipamos las preocupaciones legítimas: ¿Qué pasa con los funcionarios públicos cuyo trabajo se automatiza? La respuesta no es despidos, sino reentrenamiento para roles de supervisión estratégica. ¿Y la seguridad de datos sensibles? Debe diseñarse con el más alto de los estándares, similar al sistema tributario del SII y con la posibilidad de trazar todas las decisiones. ¿Resistencia institucional? Avancemos con pilotos en 2-3 servicios antes de escalar.

Según nuestro mejor entendimiento, creemos que la implementación del SAPSE podría articularse mediante decretos administrativos bajo las facultades actuales de la Ley de Transformación Digital del Estado (Ley 21.180), sin requerir nueva legislación. Sin embargo, para su escalamiento completo sería recomendable una ley marco que establezca estándares de interoperabilidad obligatorios entre servicios públicos.

El Estado de Chile ya ha impulsado innovaciones profundas que han impactado positivamente la vida de los chilenos: la bancarización a través de la Cuenta RUT, la Clave Única (que impresiona a los extranjeros que visitan), la digitalización de un sinfín de trámites como el Certificado de Antecedentes, y muchos más. Creemos que un Sistema Agéntico para la tramitación de permisos puede constituir la gran innovación del Estado para contribuir a redireccionar a Chile camino al desarrollo.

Suena ambicioso pensar en ser líderes mundiales, pero ninguna de esas ideas es imposible en sí misma: Chile ya lo ha sido en diversas materias, incluso en Gobierno digital como lo ilustran los ejemplos de la Cuenta RUT y la Clave única.

Proponemos tres pasos concretos: (1) Conformar una mesa técnica entre el Ministerio de Economía, la SEGPRES y actores privados para definir arquitectura de SAPSE; (2) Lanzar un piloto en 2026 con 3 servicios sectoriales y 10 proyectos de inversión; (3) Evaluar resultados en 12 meses con métricas claras de reducción de tiempos y calidad de decisiones. Chile es un semillero de talentos tanto como lo es San Francisco. Ahora es el momento de creernos el cuento y tomar acción.

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