-Incorporar los llamados “amarres” en el reajuste del sector público generó las primeras tensiones entre el gobierno y el presidente electo. Arturo Squella dijo que podrían dinamitar las relaciones hasta ahora cordiales entre ambos estamentos. ¿Es correcto que un gobierno saliente tome este tipo de medidas?
-Es problemático y poco amable que una administración de gobierno con solo unas semanas por delante adopte medidas activas en un ámbito tan relevante. Sería preferible para el país una transición lo más pacífica posible.
-Establece que la no renovación de contrata “se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables, sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio”. ¿En la práctica se instaura una suerte de inamovilidad que puede ser perjudicial?
-Me parece un tema mayor tratar de definir por un acuerdo y luego en la ley de reajuste, un carácter cercano a la inamovilidad de hecho a la categoría de trabajadores de contrata. Legislar sobre esta materia requeriría hacerlo con la adecuada justificación técnica y con el examen técnico con el tiempo suficiente, que me parece no se cumpliría en este caso. No corresponde intentar pasar este tema sin una discusión apropiada. Además, estoy en contra de esta rigidización.
-También indica que los funcionarios con, al menos, dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación, o su renovación. ¿Qué consecuencias tendría esta medida?
-Se intenta zanjar por esta vía la discusión sobre la confianza legítima en la que Contraloría también ha dado su opinión. Es equivalente a moverse hacia una inamovilidad a partir del segundo año de una contrata. En el marco de la fragilidad fiscal en la que nos encontramos y los enormes desafíos de eficiencia en el sector público, resulta imprudente tratar de zanjar esta discusión de esta manera en los próximos días. Me parece justificado el revuelo que ha generado.
-El acuerdo agrega que la Contraloría General de la República “sólo podrá abstenerse de resolver dichas reclamaciones, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos”. ¿Se avizora una judicialización de muchos casos?
-Se incentiva la judicialización y se coarta, de manera inexplicable, la acción que la Contraloría ha estado tomando en este ámbito. Examinando el impacto positivo que está teniendo la actual Contralora resulta aún menos entendible esta restricción sobre sus facultades.
-¿Cuántas personas serían beneficiadas y de qué manera rigidiza la movilidad del Estado? ¿Se fomenta la burocracia y el crecimiento amorfo del aparato estatal, porque los gobiernos entrantes de todos modos van a querer tener personal a contrata, pero no van a poder despedir a los actuales?
-Bueno, ese es otro tema. Deberíamos mejorar la información sobre las personas empleadas en el sector público con el detalle que se requiere. Hoy no tenemos la información desde los informes de Dipres de las personas con contrata en municipios y la administración descentralizada del gobierno. Pero con la ayuda de los datos del Consejo de la Transparencia podemos estimar que hay 85 mil personas en municipios, los que sumados a la contrata del Gobierno Central llega a un total cercano a las 380 mil personas. Este es el universo al que se apunta a rigidizar en el futuro sin entregar antecedentes ni justificación técnica.
-¿Esto contrapone la tesis de la contralora Dorothy Pérez, quien derivó los reclamos por despidos en el supuesto de la “confianza legítima” a los tribunales de justicia?
-Así es, se trata de zanjar esta discusión en contraposición a la tesis de la contralora.
-¿Cuánta es la grasa del Estado y cuánto podría adelgazar sin amenazar el funcionamiento del aparato público?
-Primero, creo que en esta materia hay que hablar con mucho respeto. Se trata de personas y el término parásitos debiera quedar fuera de una conversación seria. Lo segundo, es que para abordar el problema de la eficiencia en el Estado lo primero que se requiere es información detallada a nivel individual de las personas en el sector público y creo que esa información es la principal falencia para comenzar a realizar seriamente la discusión.
-¿Cuántos empleados públicos sumó el Gobierno de Boric en estos cuatro años?
-Hay una carencia de información para el empleo público total que requiere ser abordada; las cifras finales no se tienen, pero lo que ha salido hasta ahora es que el incremento se ha producido sustantivamente en el mundo municipal donde la información es aún más deficiente.
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