El director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, calificó de “riguroso” el análisis del Banco Central sobre el impacto del salario mínimo y 40 horas en el empleo. Advirtió que la postura del Presidente Boric fue inadecuada y que el balance de estas reformas es negativo, con menos empleo formal y riesgo de mayor pobreza.
-El Banco Central concluyó en su último IPoM que el alza del salario mínimo y la reducción de la jornada a 40 horas han tenido un impacto negativo en el empleo.
-El Banco Central entrega evidencia empírica causal sobre el impacto negativo del salario mínimo en el último periodo. El estudio es riguroso y utiliza datos a los que hoy solo puede acceder el Banco Central.
Los resultados indican un efecto importante y robusto estadísticamente, que está acorde con el efecto teórico de un aumento excesivo del salario mínimo en el contexto de un mercado laboral con alto desempleo. El Banco Central hace un muy buen análisis y se debe felicitar el que se le hubiera dado mayor visibilidad en el último IPoM.
-¿Qué significa exactamente que la evidencia sea “causal” y no solo una correlación?
-Como en todo trabajo técnico, se debe analizar cuidadosamente lo que se denomina la “estrategia de identificación” del efecto causal que se apunta a determinar. Asimismo, es fundamental también poder replicar los resultados de este importante estudio.
-El Presidente Boric planteó que tiene una discrepancia con ese diagnóstico. ¿Cómo evalúa esa postura viniendo desde el Ejecutivo?
–No ha sido una intervención adecuada porque se trata de un informe técnico que requeriría un debate en el mismo nivel.
-¿Qué efectos puede tener que un Presidente entre en un debate técnico sin entregar evidencia alternativa?
-Se genera ruido político en torno a diagnósticos que deberían discutirse en clave técnica. Eso debilita la discusión pública y genera confusión.
-Nicolás Grau hace unas semanas dijo que no había evidencia de que el salario mínimo afectara al desempleo. ¿Qué riesgos ve que insista en un argumento refutado técnicamente?
-La postura del ministro de Hacienda ha estado influída por la evolución del empleo formal en base a la encuesta del INE. Si tomamos el periodo comprendido entre marzo de 2022 y junio de 2025, se aprecia un incremento de 466 mil ocupados formales versus un aumento de solo 29 mil empleos informales, con una baja en la tasa de informalidad (INE) en ese periodo desde 27,2% a 26%.
-Usted menciona inconsistencias entre la encuesta del INE y los registros administrativos. ¿Dónde está el problema de fondo?
-El gran problema se encuentra en la encuesta del INE. Entre marzo de 2022 y mayo de 2025, los ocupados que cotizan en los datos del INE subieron en 363 mil personas, lo que explica la mayor parte de la formalidad. Sin embargo, estos datos tienen un contraste con los registros administrativos de cotizantes que en el mismo periodo registran una caída de 145 mil personas.
Es decir, los datos de la encuesta del INE muestran tendencias completamente distintas a las de los datos duros de cotizantes. Según los registros administrativos, los empleos formales han venido disminuyendo y no aumentando fuertemente. Y esto es lo que precisamente releva el análisis del Banco Central.
-¿Qué responsabilidad le cabe al INE en aclarar esta divergencia?
-Le corresponde al INE realizar los análisis técnicos y explicar qué justifica que los datos de la encuesta del INE, al considerar los ocupados que cotizan, y que históricamente han evolucionado de manera muy similar a la serie de cotizantes de los registros administrativos, se hubiera alejado significativamente de estos a partir de 2020, primero subestimando los datos administrativos y últimamente sobreestimándolos.
-¿Cuál es la responsabilidad de Hacienda frente a este desfase en las cifras?
-Es muy importante el papel del Ministerio de Hacienda tanto para solicitar las explicaciones técnicas que podrían justificar las desviaciones referidas antes en la encuesta del INE respecto de los datos de cotizantes y que, eventualmente puedan requerir corrección, como también para gestionar un acceso a las bases de datos que posibiliten hacer mejores análisis sobre el mercado laboral.
-Usted señaló que “cuando se entrega evidencia empírica causal sobre el impacto negativo del salario mínimo, lo que corresponde es una reflexión y una autocrítica”. ¿Qué esperaría del Ejecutivo?
-Las autoridades le han bajado el perfil al problema del mercado laboral en los últimos años y, junto con ello o como consecuencia de ello, han adoptado medidas que tienen impacto en los costos laborales que son altamente imprudentes en el contexto de un alto desempleo. Del Ejecutivo esperaría reconocimiento de la evidencia y aún mayor prudencia en las decisiones que se tomen en los meses finales del Gobierno.
-¿Cuál es el balance real que hace de los cambios en el mercado laboral?
-El balance es negativo porque se trató de tomar un atajo para mejorar las condiciones de trabajo, pensando que ello es posible solo pasando leyes emblemáticas que enuncian buenas intenciones. Los resultados muestran menor empleo y menor empleo formal. Esto necesariamente también en un escenario normal puede significar mayor pobreza.
-¿Qué lecciones debería sacar la política pública de este choque entre el Gobierno y el Banco Central?
-El ministro de Hacienda debe ser el vocero en esta materia para que sea un diálogo técnico y no una confrontación. Que esta situación sea una oportunidad para mejorar sustantivamente la calidad de la información sobre el mercado laboral liberando información clave para su análisis.
-¿Por qué cree usted que debe ser el ministro de Hacienda y no el Presidente?
-Porque el Presidente, al entrar al debate, lo politiza. El ministro de Hacienda, en cambio, tiene el peso técnico y la experiencia para conducir el diálogo con el Banco Central en un nivel que se sostenga en evidencia.
-Señala que se debe liberar información clave a los investigadores ¿Qué es lo sucede?
-Lamentablemente, en la actualidad solo el Banco Central puede acceder a los microdatos de empresas del SII y puede vincular esta información con los microdatos de trabajadores cotizantes para el seguro de cesantía y el sistema de pensiones. De allí que resulta imposible replicar técnicamente el estudio y, al mismo tiempo, entrar en mayor detalle para juzgar la estrategia de identificación a menos que se haga accesible la información de base.
Es fundamental que la información a la que ha tenido acceso el Banco Central pueda disponibilizarse a nivel de microdatos anonimizados para los investigadores y las distintas unidades de estudio del sector público y asegurar que en el futuro se pueda mantener actualizada mensualmente.
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