Llaman la atención las críticas de diversa índole y desde distintos sectores, que se han formulado a la recientemente designada ministra de la Mujer y Equidad de Género.
Algunos han señalado que tendría posturas “radicales” que implicarían -cuasi necesariamente- que adoptaría acciones o tomaría decisiones de política pública “extremas”, que solo “significarían un retroceso”. Sus dichos y creencias religiosas serían el origen del problema.
Otros sostienen la crítica desde un lugar algo distinto, pero con similares resultados o consecuencias. El problema no sería su fe o creencias, sino el que las trasladaría a su quehacer en el ministerio, lo que no correspondería en un Estado laico.
Frente a estas y otras críticas surgen varias reflexiones.
La primera es que la designada ministra recibe estas ácidas observaciones sin siquiera haber asumido el cargo. Más bien, es blanco de aquellas por lo que se presume -casi a ciencia cierta- que haría al asumirlo, como si, por lo demás, aquello que se presume que haría fuera de por sí negativo en base a sus creencias.
En segundo término, el hecho de que varias de estas críticas se originen o sustenten en la fe que profesa no puede ser aceptable, pues ello encierra una brutal intolerancia ¿Se darán cuenta esos críticos lo intransigente que suena sostener que unas particulares creencias religiosas y personales (más no otras) harían que una persona fuera indigna de la investidura, como así también que desde esas convicciones no podrían promoverse políticas sensatas y necesarias?
Para quienes observan, con tono severo, que el problema no estaría en sus creencias religiosas o convicciones, sino en el traslado de éstas a las políticas públicas, yo me pregunto si acaso no habrán advertido que aquello, o a lo menos bastante de aquello, es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años respecto de varios temas propios de esta cartera ¿O acaso el grado de tolerancia con el impulso de tales y cuales convicciones o con el “trasvasije” entre convicciones personales y políticas públicas depende del sector político que las impulse?
En buena hora, la propia ministra Orellana ha salido a decir, de manera correcta, que no le parecen estas críticas a su sucesora. Rasgar vestiduras porque el presidente electo haya nombrado a una ministra con determinadas creencias y convicciones resulta a lo menos curioso, pues ello va más allá del escrutinio propio al que toda autoridad está sujeta. Es como haberse declarado escandalizado, desde otros sectores, cuando el presidente en ejercicio designó a quién hoy ostenta el cargo.
Al respecto, y más allá de las legítimas diferencias que se pueda tener con unas u otras convicciones y con unas u otras políticas públicas que desde esta u otra cartera se impulsan o impulsen en el futuro, tildar a priori la designación de la ministra de la Mujer como una provocación aparece como un comentario más bien sesgado de quien se siente provocado por el legítimo ejercicio de la facultad presidencial de designar a un gabinete de su confianza.
Que haya sido crítica de dicha repartición o de la agenda que desde esa cartera se ha promovido, tampoco parece inhabilitarla ¿Acaso no es deseable, con el paso del tiempo, evaluar la pertinencia, relevancia y agenda de una repartición pública? ¿O ese debate se da por zanjado a priori? ¿Acaso antes, otros, no han asumido posiciones o les ha tocado implementar políticas públicas que no compartían o criticaron? Todo esto, claro está, en la medida que la ministra no se proponga sabotear la repartición que asumirá, pero ello no se colige de la información disponible a la fecha.
Al gobierno y a los ministros habrá de juzgarlos de manera exigente por su gestión, técnica y política, a la luz de su comportamiento apegado al Estado de derecho y del compromiso que asumieron con la ciudadanía: materializar un cambio radical para abrir, sustantiva y perceptiblemente, la cancha de las oportunidades para todos los habitantes de este país, incluidas las mujeres (en un contexto en el que la seguridad pública es una condición sine qua non para alcanzarlo).
Que la designada ministra sea conservadora, ligada al mundo evangélico, contraria al aborto y defensora del derecho preferente de los padres a educar a los hijos no colisiona (no a priori ni de manera evidente al menos) con ese objetivo y compromiso, el que por lo demás y como vengo señalando, involucra y de forma muy importante, a las mujeres. Basta pensar en diversos asuntos de política pública, urgentes de ser atendidos, que competen al Ministerio de la Mujer, pero también a otras reparticiones por su carácter multidimensional, tales como las cuestiones laborales, educacionales, sociales y de seguridad, y tantas otras más, en que habrá que trabajar en equipo y con mucho sentido de oportunidad.
Finalmente me resulta contradictorio que organizaciones feministas chilenas se declaren en alerta señalando que la ministra designada representa una afrenta a sus demandas históricas debido a su perfil, creencias religiosas y posiciones valóricas. Y es contradictorio porque se supone que estos movimientos promueven o han de promover la libertad (y responsabilidad) de las mujeres.
Así, una posición que a priori anula el análisis o el pensamiento crítico sobre la base de las creencias religiosas o convicciones de una persona en realidad cancela la posibilidad de pensar, inherente a la libertad que, se supone, defienden estos movimientos. Además, el planteamiento aparece como desproporcionado si se considera que no encendieron alarma alguna por otras razones mucho más complejas en el pasado reciente en Chile (como en el caso del ex subsecretario Monsalve) o incluso hoy respecto de los graves hechos que tienen lugar en otras jurisdicciones (Irán) en lo concerniente a los derechos de las mujeres.
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— Ex-Ante (@exantecl) January 27, 2026
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