Nombramientos de jueces y conflictos de interés. Por María Jaraquemada

Abogada y Presidenta de la Comisión de Probidad
Crédito: Agencia Uno

Es clave continuar fortaleciendo la autonomía, independencia y probidad de nuestro Poder Judicial. Para esto, incorporar elementos de mayor transparencia, rendición de cuentas, imparcialidad y objetividad en los procesos de nombramientos -tanto de ministros de Corte Suprema- como aguas abajo, es imprescindible.


Desde que estalló el Caso Audios, distintas instituciones han estado en el ojo del huracán: el SII, la CMF, la PDI y, ahora, el Poder Judicial. Diversos chats indican cómo se dan apoyos cruzados, recomendaciones e incluso se han abierto investigaciones por posible tráfico de influencias para llegar a los más altos cargos dentro de este poder del Estado.

Cualquier sospecha de irregularidad deberá ser resuelta por las instancias pertinentes, pero la verdad, no es algo nuevo. Hace años que el sistema de nombramientos ha sido objeto de críticas y propuestas para darle mayor transparencia, objetividad e intentar reducir los espacios de discrecionalidad.

Si retrocedemos algunos años, ya el 2018 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos convocó a una mesa de trabajo interinstitucional, como consecuencia del escándalo que se produjo en la Corte de Apelaciones de Rancagua. De este modo, se buscaba avanzar hacia una proceso de selección de jueces basado estrictamente en el mérito, entre otros aspectos.

Así, en el año 2021 el gobierno del Presidente Piñera, a través de su ministro Hernán Larraín ingresó a tramitación al Congreso un proyecto que proponía crear una Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales, previsto como un organismo con autonomía, que dirigiría el procedimiento y tendría que resolver las propuestas mediante una resolución colegiada y fundada. De este modo, se incorporaban al proceso la realización de concursos públicos en igualdad de condiciones tanto para los cupos destinados a candidatos internos del Poder Judicial, como para los externos.

A consecuencia del proceso constitucional, este tema detuvo su discusión. En ambos procesos fallidos se realizaron propuestas al respecto, buscando radicar esta función en una entidad autónoma e intentando establecer procedimientos transparentes, a través de criterios objetivos y que buscaran impedir las influencias indebidas. Todo esto con el objetivo clave y esencial para nuestro Estado de Derecho de contar con un Poder Judicial profesional, independiente y libre de presiones externas, donde la trayectoria y carrera judicial cumpliesen un rol relevante.

Recientemente un grupo de juristas bastante diverso y transversal también realizó una propuesta de reforma, buscando preservar los principios antes indicados, procurando que la Corte Suprema esté integrada por personas con la más alta calificación técnica, pero también con una visión plural del derecho y de la sociedad. De este modo, también contempla una Comisión de Nombramientos ad hoc que, a través de concursos públicos regidos por criterios de transparencia y equidad, con posibilidad de recibir información de cualquier persona u organización interesada, seleccione ternas para presentar al Presidente de la República quien, a su vez, tendría un plazo acotado para escoger un nombre que presentar al Senado para su ratificación.

Este tema no es algo exclusivo de Chile. En México se discute la posibilidad de una reforma relevante estableciendo la posibilidad que jueces sean elegidos por votación popular y crear un Tribunal de Disciplina Judicial, a instancias del Presidente saliente y apoyado por su sucesora recién electa. Propuesta que no ha estado exenta de críticas y preocupaciones.

En Argentina, la propuesta del Presidente al Senado de la nominación de dos nuevos integrantes de la Corte Suprema también ha generado polémica, particularmente respecto de uno de ellos, Ariel Lijo, que ha recibido reparos de diversos juristas, así como de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Poder Ciudadano, la abogada Delia Ferreira Rubio -ex Presidenta de Transparencia Internacional- y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) por no revestir “requisitos mínimos de integridad exigibles, aspecto complicado ante la alarmante cantidad de sospechas fundadas que se han acumulado alrededor de este”.

Se trata de un tema complejo pero clave para nuestras democracias, más aún cuando estamos insertos en plena crisis de seguridad pública con nuevos fenómenos de crimen organizado actuando en el país. Como se extrae del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, sólo durante el 2023, “el Estado de Derecho ha disminuido en el 59% de los países analizados, incluido Chile”. A pesar de esto, nuestro país tiene una buena posición: Chile ocupa el puesto 33 de 142 países de todo el mundo y, a nivel regional, Chile ocupa el 3er puesto de 32 países de América Latina y el Caribe, tras Uruguay y Costa Rica.

Es clave continuar fortaleciendo la autonomía, independencia y probidad de nuestro Poder Judicial. Para esto, incorporar elementos de mayor transparencia, rendición de cuentas, imparcialidad y objetividad en los procesos de nombramientos -tanto de ministros de Corte Suprema- como aguas abajo, es imprescindible.

No solo es necesario que esta independencia interna se garantice sino que también que la ciudadanía perciba estos procesos como transparentes y legítimos. Se trata de una reforma necesaria y urgente que, tras el fracaso de una nueva Constitución donde habían propuestas, corresponderá al Congreso dirimir con premura y altura de miras.

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