El objetivo es poner término a reclamaciones administrativas que, pese a que los proyectos ya cuentan con aprobación ambiental, han prolongado por meses —e incluso años— su incertidumbre regulatoria. En la lista aparecen iniciativas energéticas, mineras e inmobiliarias de alto monto de inversión.
Lo nuevo. Entre los seis decretos firmados este miércoles por el Presidente José Antonio Kast, uno apunta a ordenar el gasto público y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos del Estado, mientras otro busca acelerar la tramitación de proyectos de inversión que permanecen entrampados por recursos pendientes dentro del sistema de evaluación ambiental.
- La instrucción presidencial está dirigida a resolver reclamaciones pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
- Según el decreto, existen proyectos que ya cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, pero que enfrentan retrasos administrativos que exceden los plazos legales, manteniendo bloqueadas inversiones por unos US$ 16.300 millones.
- Para los recursos que ya se encuentran vencidos, se establece que deberán resolverse en un plazo máximo de 90 días corridos desde la recepción del oficio correspondiente.
- En el caso de los nuevos recursos presentados ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se fija un máximo de 30 días hábiles para su resolución. Si las reclamaciones están siendo revisadas por el Comité de Ministros, el plazo máximo será de 60 días hábiles.
- Del listado de 42 proyectos con RCA aprobada que mantienen reclamaciones pendientes destacan iniciativas energéticas como Volta, de la compañía MAE; modificaciones a operaciones de Minera Escondida; el megaproyecto inmobiliario Maratué; el parque fotovoltaico Solar Oriente; y la línea de transmisión Kimal–Lo Aguirre.
- A continuación, el estado de los principales procesos.
Volta. Volta —proyecto de la empresa MAE que contempla una inversión de US$ 2.500 millones— fue el primer proyecto de amoníaco verde a escala industrial aprobado en el país.
- La iniciativa fue aprobada hace algunos meses y, a comienzos de febrero, recibió dos recursos de reclamación.
- El primero fue presentado por Marcelo Silva y el segundo por Raúl Riquelme. Ambos fueron admitidos a trámite por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, encabezada por Valentina Durán.
- El SEA notificó al titular del proyecto que, dentro de un plazo de veinte días hábiles, debía presentar los antecedentes que estimara pertinentes en respuesta a los recursos admitidos.
- Posteriormente, el 6 de marzo, el abogado representante de la empresa envió una carta dirigida a Durán solicitando ampliar en diez días hábiles el plazo para entregar los antecedentes requeridos.
- Cabe mencionar que el proceso de participación ciudadana (PAC) del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto tuvo un periodo de observaciones que se extendió desde el 13 de marzo de 2024 y finalizó, tras 60 días hábiles, el 7 de junio del mismo año.
Modificaciones Minera Escondida. El proyecto —que contempla una inversión superior a los US$ 2.300 millones— busca optimizar parte de las operaciones de una de las minas de cobre más relevantes del mundo.
- La iniciativa fue aprobada en octubre del año pasado. Un mes después, el Sindicato N°1 de Trabajadores de Escondida presentó un recurso de reclamación contra la Resolución de Calificación Ambiental favorable, solicitando que se deje sin efecto.
- La acción se sustenta en la norma que establece que quienes hayan presentado observaciones durante la evaluación ambiental y consideren que estas no fueron debidamente consideradas en la RCA pueden interponer un recurso de reclamación.
- El Sindicato Interempresa también presentó una reclamación bajo el mismo argumento. Ambos recursos fueron admitidos a trámite.
- Posteriormente, en febrero, la empresa presentó un informe defendiendo los fundamentos de la aprobación ambiental del proyecto.
Maratué. El proyecto inmobiliario —que contempla una inversión cercana a los US$ 2.000 millones y se emplaza en la Región de Valparaíso— ha enfrentado una larga y compleja tramitación ambiental.
- El megaproyecto comenzó su evaluación en 2017. Dos años después obtuvo una RCA favorable, la cual fue retrotraída en 2022 tras acogerse un recurso de reclamación en su contra.
- Los titulares debieron retomar la tramitación ambiental y, en octubre de 2024, lograron nuevamente una RCA favorable.
- Sin embargo, posteriormente se presentaron nuevas reclamaciones y se emitieron informes de distintos organismos públicos con competencia ambiental.
- Ahora será el Comité de Ministros el que nuevamente deberá resolver si corresponde o no retrotraer la calificación ambiental del proyecto.
Kimal–Lo Aguirre. La megainfraestructura de transmisión —clave para el sistema eléctrico nacional y que implica una inversión cercana a los US$ 1.400 millones— fue aprobada por el SEA en noviembre del año pasado y actualmente ya se encuentra en construcción.
- Tras su aprobación, el proyecto recibió diversos recursos de reclamación que buscan retrotraer su RCA favorable.
- Entre los reclamantes figuran personas naturales y comunidades agrícolas como Tunga Sur, Tunga Norte y Canela Alta. La mayoría de estas reclamaciones fueron admitidas.
- Solo una no fue aceptada a trámite: la presentada por Paula Rodríguez, quien recientemente interpuso un recurso de reposición para que su solicitud inicial sea reconsiderada por el SEA.
- Por su parte, el titular del proyecto ya ingresó al SEA los informes para responder a las reclamaciones que sí fueron admitidas.
- Cabe recordar que la iniciativa tuvo una tramitación ambiental compleja y, en paralelo, debe gestionar un elevado número de permisos sectoriales, que superan los 5 mil.
Solar Oriente. Otro proyecto relevante en términos de inversión es el parque fotovoltaico Solar Oriente, impulsado por AES Andes —filial de la estadounidense AES— y que contempla una inversión cercana a los US$ 990 millones.
- La iniciativa fue aprobada en septiembre del año pasado. Meses después comenzó a recibir recursos de reclamación presentados por personas naturales y comunidades indígenas, la mayoría de los cuales fueron admitidos a trámite.
- En el marco de la tramitación de estos recursos, la directora ejecutiva del SEA encargó a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) la elaboración de informes relacionados con las materias reclamadas.
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