Qué observar. Pocos minutos pasadas las 17:00 horas de este lunes, los integrantes de la comisión especial investigadora del caso Convenios de la Cámara de Diputadas y Diputados discutían los detalles finales de un informe que concitara una mayoría.
El caso de Montes. El documento plantea “el ministro Montes debió fiscalizar o ejercer correctamente la dirección en la forma como se gestionaba o ejercían las facultades delegadas en las secretarías regionales o en los servicios de vivienda y urbanización. Esta omisión, constitutiva de reprochable inobservancia de sus deberes, derivó en la imposibilidad de satisfacer necesidades impostergables de nuestros ciudadanos”.
Gestiones del Gobierno. Que las conclusiones finales de la comisión investigadora cuestionara a militantes de RD se daba como un hecho en el oficialismo. De ahí que en el Ejecutivo estaban particularmente interesados por intentar amortiguar los comentarios sobre el ministro de Vivienda y que no se apuntara a una responsabilidad política de la autoridad.
El vuelco. Pasadas las 15:00 horas de este lunes, en medio de la espera de que se reanudara la sesión de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, Rubén Oyarzo (PDG) conversó con la subsecretaria Lobos y Facuse.
Las conclusiones. Con los votos de los representantes de Chile Vamos, Amarillos y el PDG, la comisión investigadora aprobó las conclusiones finales que advierten “la existencia de un mecanismo o el concierto previo para determinar una forma de defraudar al Fisco”.
1. Administración Boric: “La falta de voluntad por parte del Gobierno de cooperar con las comisiones investigadoras constituidas por esta Cámara o dar respuesta a solicitudes de información no resulta un hecho aislado (…) El Jefe de Estado fue consultado mediante oficio, consulta que sin embargo no obtuvo respuesta”, dice el informe.
2. Reproche a Miguel Crispi: La comisión explicita que el jefe de asesores “se resistió permanentemente” a asistir a la instancia y que lo hizo sólo luego de que la Contraloría planteara que podría corresponder un procedimiento sancionatorio.
3. El caso de Javiera Martínez: Respecto de la directora de Presupuesto la comisión plantea que “impulsó cambios en los controles presupuestarios” respecto de los traspasos de recursos realizados por los Gobiernos Regionales a organismos privados en la ley de presupuesto 2023. Este punto lo califican de “imprudencia temeraria”.
LEA AQUÍ EL INFORME COMPLETO QUE APROBÓ LA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL CASO CONVENIOS:
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