Noviembre 12, 2021

Contraloría complica a ministra Rubilar y dictamina que cometió una infracción a la prescindencia politica

Ex-Ante
Crédito: Agencia Uno.

Un reportaje de Canal 13 dio a conocer a mediados de octubre una serie de acusaciones desde el ministerio de Desarrollo Social en contra de la ministra de la cartera, Karla Rubilar, por la eventual utilización de recursos públicos en la campaña a diputado de su pareja, Christian Pino. El organismo que dirige Jorge Bermúdez lo consideró hizo un mal uso de un chat institucional, lo que rechazó la secretaria de Estado.

Qué observar. La Contraloría determinó que la ministra hizo un mal uso de un chat con el fin de realizar la campaña electoral de su pareja, dictaminando que se trata de una infracción de la normativa de probidad.

  • En el informe de la Contraloría se destaca que las conversaciones de whatsapp evidencian la entrega de instrucciones para promocionar y apoyar la candidatura de Pino, como mostró el reportaje de Canal 13.
  • Eso, según el dictamen de la Contraloría, demuestra que la ministra ejerce “su autoridad para beneficiar la campaña de su pareja; conversaciones cuya existencia y tenor no han sido desmentidos en el informe de la Subsecretaría de Evaluación Social”.
  • “De haberse cumplido las instrucciones que la Ministra Rubilar Barahona impartió en dicho grupo de WhatsApp a funcionarios de su dependencia y de su confianza, ello habría implicado una infracción de la normativa antes reseñada sobre probidad, por haberse ocupado tiempo de la jornada de trabajo y empleo de recursos públicos”, señala.

La respuesta de Rubilar. A pesar de que la Contraloría estableció en el dictamen que su actuar habría implicado una infracción, la ministra agradeció el actuar oportuno del Contralor, en donde, además, explicó que no existían faltas en su actuar.

  • En su comunicado señaló que “ha sido clara en señalar que no existen faltas a la probidad ni uso de recursos públicos para favorecer campaña alguna”.
  • La Contraloría, entregó los antecedentes a la Cámara de Diputados para que el Congreso determine los pasos a seguir.

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