El reciente apagón del 25 de febrero puso en evidencia las dificultades que enfrenta la inversión en infraestructura clave para el desarrollo del país. El proyecto Kimal – Lo Aguirre, licitado hace casi cuatro años para reforzar la conexión eléctrica entre Antofagasta y Santiago, sigue paralizado en una maraña regulatoria.
Pero los problemas no se limitan al sector energético: la construcción en general, tanto en obras de infraestructura como en vivienda, enfrenta serios obstáculos que amenazan el crecimiento económico y la calidad de vida de las personas.
La inversión en construcción es fundamental para el desarrollo del país, representando más del 60% de la inversión total. Entre 2004 y 2013, no solo acompañó, sino que, incluso, superó el sólido crecimiento del PIB, consolidándose como un motor fundamental de la economía. Sin embargo, en la década siguiente, el sector ha evidenciado un claro deterioro, con un crecimiento anual de apenas un 0,5%, por debajo del ya modesto 1,9% de la economía en su conjunto, y con cifras negativas en los últimos años.
Uno de los sectores más afectados es el de la construcción de viviendas. Para este año, se proyecta una caída de más del 20% en la inversión privada en el rubro, mientras que los permisos de edificación se mantienen en mínimos históricos, anticipando un escenario complejo. La baja en las ventas de viviendas se traduce en un alto stock de propiedades que deben comercializarse antes de que los desarrolladores puedan iniciar nuevos proyectos. Esta situación es especialmente preocupante considerando el grave déficit habitacional que enfrenta el país.
La dificultad para acceder a financiamiento sigue siendo un obstáculo clave, aunque el reciente anuncio del subsidio al dividendo –que inicia su discusión hoy en el Congreso–representa un paso en la dirección correcta para mitigar este problema. Sin embargo, la falta de asequibilidad de la vivienda es un problema de larga data: en dos décadas, su valor se ha triplicado, muy por encima del crecimiento de los ingresos. Para enfrentarlo, se requieren políticas más profundas que ataquen las causas estructurales del problema, como el aumento sostenido del costo del suelo y la acumulación de normativas que encarecen la edificación.
Por otro lado, la construcción de infraestructura productiva, especialmente en los sectores energético y minero, muestra mejores perspectivas. El catastro de inversión que se materializaría en los próximos cinco años viene en aumento, acercándose a los US $70 mil millones. Es una señal positiva tanto para nuestro plan de descarbonización como para el desarrollo de nuestro potencial en energías renovables.
Sin embargo, su desarrollo sigue limitado por la maraña regulatoria y la incertidumbre jurídica, lo que ha generado una acumulación de proyectos atrasados o desistidos. Los obstáculos en la construcción de líneas de transmisión, como Kimal – Lo Aguirre, y en el desarrollo del almacenamiento de energía, ejemplificado por el desistimiento del proyecto de Colbún el año pasado, ponen en riesgo la posición estratégica del país en esta área, con serias consecuencias.
La falta de inversión ya provocó la pérdida de 290 GW hora de energía solar y eólica en 2022 con efectos importantes en las cuentas de la luz. Aunque el Congreso discute la simplificación de permisos, el proyecto de ley necesita cambios significativos y más audaces ante la encrucijada actual.
El Estado desempeña un rol fundamental en la inversión en construcción, especialmente en infraestructura pública. Sin embargo, a pesar de los reiterados anuncios de mayor gasto en esta área, las promesas no se han materializado. Cada año, miles de millones destinados a inversión terminan desviándose a gasto corriente para cubrir el déficit fiscal, dejando cerca del 15% del gasto de capital sin ejecutar.
Esta subejecución de la inversión pública tiene graves consecuencias para el desarrollo del país, tal como advirtió recientemente el Consejo Fiscal Autónomo. Sin duda es fundamental sincerar las verdaderas capacidades de gestión del Estado, estableciendo metas realistas, pero, más importante aún, priorizar estos recursos para asegurar que los proyectos se concreten.
Superar la crisis de inversión en construcción requiere decisiones urgentes y reformas estructurales. Sin una planificación eficiente, una reducción en la burocracia y una gestión pública más ágil, el país seguirá viendo proyectos estratégicos postergados y oportunidades de desarrollo desperdiciadas. La inversión en construcción no solo es clave para el crecimiento económico, sino también para mejorar la calidad de vida de las personas y asegurar un desarrollo sostenible. Es momento de dejar atrás la inercia y avanzar en soluciones concretas que permitan destrabar el potencial del país.
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Hacia un Desarrollo 2.0. Por Claudio Bonilla. https://t.co/eYdvzd33xZ
— Ex-Ante (@exantecl) March 7, 2025
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