Con el oficialismo dividido, el Congreso despachó a ley el proyecto de usurpaciones. La iniciativa que transforma este tipo de falta en delito ha tenido al gobierno complicado desde que se incluyó en el fast track legislativo: Si bien en el Ejecutivo estaban de acuerdo con realizarle modificaciones al Código Civil en esta materia, consideran que el proyecto perdió el foco durante la tramitación y se sumaron elementos que “generaron discordia”. Ahora desde La Moneda ingresarán un veto supresivo o sustitutivo para zanjar una discusión que los ha tenido entrampados por casi 4 meses. Pero desde la oposición increparon al presidente Boric para que “respete la democracia”. La tramitación del proyecto develó, nuevamente, las diferencias entre las dos almas del gobierno.
El anuncio del veto. Pasaron casi cuatro meses para que el Senado aprobara el proyecto de ley de usurpaciones. La iniciativa de senadores de oposición y que fue incluida dentro de los 31 proyectos priorizados de seguridad, contaba con urgencia y en la medida en que era discutida en las distintas instancias parlamentarias, aumentaban los cuestionamientos del gobierno al proyecto.
- Para el Ejecutivo era importante transformar las usurpaciones en delito (hasta ahora son solo una falta), que sean de ejecución permanente (como los secuestros), vale decir, que la flagrancia dure todo el tiempo en que un inmueble esté usurpado y no solo 12 horas, y que se excluya de las sanciones a quienes se encuentren en el Registro Nacional de Campamentos. Así lo dijo en reiteradas ocasiones la ministra del Interior, Carolina Tohá.
- Pero al gobierno nunca le acomodaron las tres indicaciones ingresadas por la oposición y que ahora son parte de la ley: El principal cuestionamiento es al artículo que permite la legítima defensa privilegiada siempre que el inmueble esté tomado. El segundo tiene relación con el marco rígido de penas, independiente de si la usurpación es con fuerza en las personas o en las cosas, y la detención ciudadana.
- Por eso, desde hace al menos un mes, el Ejecutivo ha transparentado que si el proyecto se aprobaba en esas condiciones, lo vetarían. “Es una obligación moral que tenemos como gobierno”, dijo Tohá este miércoles luego de ser aprobado en tercer trámite por el Senado.
- Ahora en La Moneda tienen que definir qué tipo de veto van a ingresar: supresivo, es decir, que elimina una parte de la ley, o sustitutivo.
Mesa de negociación. El Ejecutivo tiene 30 días para ingresar el veto al Congreso y pese a que actualmente está en un momento complejo, por primera vez tienen el sartén por el mango.
- Lo anterior porque la oposición requiere de un quorum de 2/3 para poder insistir en los artículos originales, votos que no tienen.
- Pese a ello, fuentes del Congreso y La Moneda plantean que lo más probable es que se instale una mesa negociadora antes de que el Ejecutivo ingrese el veto para así llegar a un acuerdo.
- Esto, dicen, porque eliminar por completo la legítima defensa privilegiada podría romper las confianzas con la oposición, mientras que estos últimos están conscientes de que les conviene sentarse a negociar un punto medio con el gobierno.
- Sin embargo, varios senadores de oposición le pidieron al Presidente Boric que “respete la democracia”. El senador Felipe Kast (Evópoli) dijo: “Esta no fue una mayoría circunstancial y si usted dice que le preocupa la seguridad como dice la ministra del Interior, Carolina Tohá, demuéstrelo con hechos y no nos venga a amenazar con un veto a la ley de usurpaciones, porque esto no es solamente para La Araucanía”.
Pugna interna. Durante la tramitación de este proyecto de ley quedaron al descubierto, nuevamente, las diferencias que hay entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático al momento de hablar de la agenda de seguridad, un tema que inquieta a La Moneda ya que desgasta permanentemente las confianzas entre las dos almas del gobierno.
- El 10 de agosto pasado, en la Cámara de Diputadas y Diputados, Apruebo Dignidad en su conjunto rechazó la idea de legislar esta iniciativa, lo que desató la inmediata molestia de parlamentarios del Socialismo Democrático. Y este martes, cuando el proyecto se discutió en particular, la principal coalición de gobierno aprobó sólo 2 de 5 indicaciones que repuso el Ejecutivo.
- El descuadre de Apruebo Dignidad significó que 4 parlamentarios de la bancada independiente PPD, Raúl Soto, Jaime Araya, Héctor Ulloa y Cristian Tapia, salieran a golpear la mesa y pedir que si dicha coalición tomaba la decisión de no seguir las instrucciones de gobierno, que al menos “tuvieran la decencia” de avisar.
- En privado el enojo traspasó las fronteras del PPD y permeó no solo al resto del Socialismo Democrático, sino que incluso a parte de Apruebo Dignidad. Desde Convergencia Social apuntaron al PC, Acción Humanista y a la Federación Regionalista Verde Social, además de RD.
- “Cuando en un proyecto en que hay acuerdo en todo lo relevante, empiezan a sumarse todos estos elementos que generan gran discordia, que en lugar de sacar a la luz esos elementos en que estamos todos por avanzar ser interponen esos desacuerdos, provocan esas votaciones que son difíciles de interpretar”, señaló Tohá este miércoles como una forma de justificar los descuelgues por parte de los parlamentarios del oficialismo.
- Pero las diferencias entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, en materia de seguridad, no son nuevas. El problema, sostienen fuentes del PPD y el PS, es que creen que mientras la principal coalición de gobierno se puede descolgar en las votaciones, en el Socialismo Democrático deben actuar alineados con el gobierno.
- Por eso el llamado al Ejecutivo, por estos días, es claro: alinear a todos los parlamentarios del sector, de lo contrario, dicen, el socialismo democrático podría descuadrarse para la votación de reformas claves.
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