Esta semana dejó de funcionar el sitio web de la Fundación ProCultura www.procultura.cl, la ONG fundada por el psiquiatra Alberto Larraín e investigada por eventual fraude al fisco y otros delitos en transferencias por $6 mil millones que recibió del Estado. Actualmente en la página aparece el mensaje “sitio no disponible”.
El dominio del sitio fue inscrito en 2010 por la fotógrafa Patricia Ilonka Csillag, cofundadora de ProCultura junto a Larraín, y tenía vigencia hasta julio de 2026 con posibilidad de renovación.
Según un informe elaborado por la PDI, el servidor del sitio estaba inicialmente a cargo de la empresa Hostito Chile S.A., sin embargo tras el estallido del caso Convenios, en octubre de 2023, dejaron de pagarle los servicios de almacenamiento por lo que se interrumpió el contrato. El nuevo servidor quedó a cargo de la empresa Hostname, que prestaba servicios informáticos a ProCultura, incluyendo el respaldo del sitio web y la creación de los correos electrónicos corporativos de los funcionarios.
Sin embargo, el 19 de mayo ProCultura dejó de pagar la administración del servidor y la página se bajó definitivamente.
El sitio web tenía el detalle de todos los proyectos desarrollados por la fundación con sus aportes públicos y privados, el equipo de trabajo, así como fotografías y videos de las distintas iniciativas. Además contaba con un buscador de proyectos por año, zona y área temática, y de una categoría llamada “territorios” con los convenios adjudicados por región.
Varios de esos proyectos hoy están siendo investigados por Fiscalía como el Programa Quédate de prevención del suicidio que Larraín firmó con el gobernador de la Región Metropolitana por $1.600 millones, de los cuales la fundación sólo rindió $600 millones.
En el sitio web de la fundación había numeroso registro de la actividad de muralismo en la Región de Valparaíso.
Un dato llamativo es que en la sección “nuestros partners” del sitio web, señalaban junto a diversos aportes del sector público y privado que “hemos recibido financiamiento de otras entidades del Estado como la Subsecretaría de Desarrollo Regional dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Corfo, entre otros”.
Esto pese a que Subdere no entrega recursos directamente a fundaciones privadas sino que canaliza las inversiones de los gobiernos regionales. El rol de Subdere ha sido indagado por Fiscalía, ya que el ex subsecretario Miguel Crispi validó a ProCultura para suscribir un convenio cuestionado con el Gobierno Regional de Antofagasta y además autorizó modificaciones presupuestarias en otros gobiernos regionales para financiar convenios.
En su sitio web ProCultura se definía como “una fundación sin fines de lucro, cuya principal misión es velar por el bienestar de las personas a partir del fortalecimiento de su identidad y su arraigo territorial. Con 14 años de experiencia y más de 300 proyectos ejecutados, aborda a las comunidades tanto en sus dimensiones naturales, culturales, de habitabilidad, fomento productivo, educación y salud mental”.
“Gracias al apoyo de instituciones públicas y privadas, Fundación ProCultura puede ejecutar proyectos de restauración, puesta en valor del patrimonio, difusión cultural y desarrollo social que tienen como eje conductor la identidad territorial en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Biobío, Los Lagos, Aysén y Magallanes”.
La Fundación anunció su cese de funciones a fines de 2023, tras estallar el escándalo.
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