Interior había quedado excluido como querellante a mediados de mes, a partir de un dictamen de la Corte de Apelaciones de Temuco, lo que terminó en una fuerte controversia en La Moneda, un reproche público del Presidente Boric por un “error inaceptable” y la salida de la jefa de la División Jurídica de la cartera, Camila Barros, abogada de confianza de la ministra Izkia Siches. La historia de equívocos, que le costó caro a Siches, había comenzado el 12 de mayo, cuando la jueza Marcia Castillo declaró por no presentada una acusación del Ministerio del Interior, luego de que éste no corrigiera vicios formales en la causa.
Interior, en una última maniobra procesal, solicitó el lunes pasado que lo dejaran participar en la causa en representación de las 8 víctimas que fueron imputadas en 2017 como supuestos partícipes de una asociación ilícita terrorista para perpetrar atentados en el sur, con pruebas falsas presentadas por carabineros. Y el tribunal resolvió el lunes dejar a firme su exclusión como querellante, pero accediendo a su solicitud, lo que solo le permite actuar como interviniente.
“El tribunal estima que, no obstante haberse declarado por no presentada la acusación por parte del Ministerio del Interior, de todas formas reviste aún la calidad de representante de las víctimas y justamente fue en ese carácter en que se interpuso la querella”, dice la resolución. “En consecuencia de ello, no obstante ya no ser acusador, estima este tribunal que podrá continuar como interviniente en el sólo carácter de víctima por la situación ya señalada, ya que se tuvo por no presentada la acusación y no así la querella que en su momento se interpuso”.
En el dictamen aparecen mencionados los participantes de la audiencia, identificados como representantes de la fiscalía, los abogados querellantes y los defensores. En otro espacio, solo, aparece la referencia de “Abogado”. Y menciona a Ignacio Sapiain, identificado como: “En representación de víctimas”.
El dictamen encendió las alertas entre quienes conocen la causa del caso Huracán, ya que entre las víctimas se encuentra Llaitul, lo que significa que el Ministerio del Interior actuaría por su interés por un causa en que fue falsamente acusado, pero en momentos en que él ha hecho llamados explícitos a la violencia y cuando las víctimas de la violencia en La Araucanía por parte de grupos armados reclaman falta de protección al gobierno.
Aparte de Llaitul, los comuneros que estuvieron presos por pruebas falsas en la Operación Huracán son: Claudio Leiva, David Cid, Rodrigo Nazario Huenchullán, Jaime Huenchullán Cayul, Martín Curiche y Ernesto Llaitul Pezoa, hijo del líder de la CAM.
La resolución ha sido manejada en reservada y surgió 2 días antes de que el gobierno diera un giro de su posición frente a Llaitul y la ministra Siches anunciara que La Moneda ampliará la querella por Ley de Seguridad Interior del Estado presentada durante el gobierno de Piñera contra el fundador de la CAM, quebrando el discurso mantenido en los días previos, en que ella misma, Camila Vallejo y Giorgio Jackson sostuvieron que no perseguirían penalmente sus dichos, en línea con lo dicho anteriormente por Boric. Siches hizo el anuncio tras reclamos de la CPC, el fiscal Jorge Abbott y la presión de la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
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