El 29 de enero, los diputados del PC Luis Cuello, Boris Barrera, Carmen Hertz, Alejandra Placencia, Matías Ramírez y Daniela Serrano, además de Héctor Barría (DC), Tomás Hirsch (AH), Claudia Mix (FA) y Carolina Tello (FA), presentaron un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal para “establecer la presunción de que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, cuando se imputen delitos contra la probidad administrativa”.
La iniciativa fue anunciada tres días después de que la Corte de Apelaciones de Santiago mantuviera el arresto domiciliario total para la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, luego de que su defensa apelara ante dicha instancia.
Se trata de una modificación al artículo 140 del Código Procesal Penal, el que establece los requisitos para ordenar la medida cautelar de prisión preventiva, para establecer que “se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad” en el caso de que se ” imputen los delitos de malversación de fondos públicos, fraudes y exacciones ilegales, y cohecho”.
En la argumentación del proyecto, plantearon que la prisión preventiva “es una medida cautelar que compromete gravemente la libertad de la persona y, por lo mismo, se exigen especiales resguardos en su regulación legal, conforme al Derecho Internacional”. Sin embargo, añadieron que “lamentablemente, nuestro país lleva una seguidilla de casos en que, a través de un entramado de corrupción, funcionarios públicos hacen mal uso de los recursos de todos los habitantes de la nación, desde funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad hasta alcaldes y alcaldesas que no han tenido reparos en vulnerar la confianza en las instituciones democráticas. Así, la decepción con las instituciones ha ido creciendo en la población, y con ello, se ha ido mermando el propio Estado de Derecho”.
“Es por ello que consideramos que la imputación de estos delitos, configuran un peligro para la seguridad de la sociedad, lo que justifica que sea resguardado por la medida cautelar más gravosa que nuestro sistema contempla, esto es, la prisión preventiva”, añadieron.
Ahora, con la prisión preventiva decretada en contra del alcalde Daniel Jadue, desde el PC cuestionaron la decisión del juzgado y mientras algunos personeros de la colectividad la catalogaron como “desproporcionada”, como el diputado Luis Cuello, otros, como la diputada Carmen Hertz, hablaron de “persecución política”.
“No hay ninguna contradicción”, señaló Cuello al ser consultado y planteó que “el proyecto establece un criterio que incorpora ciertos delitos para ser considerados en el decreto de prisión preventiva, pero es un criterio, no es un presupuesto que actúa mecánicamente. Se está haciendo una afirmación completamente falsa respecto del contenido de una moción parlamentaria que nosotros hemos presentada”.
Y añadió lo siguiente: “Dentro del artículo 140 hay varios delitos que están en la misma condición. Nosotros agregamos sencillamente algunos delitos funcionarios para ser considerados a efecto de decretar la prisión preventiva. Pero insisto, es un criterio que debe estar acompañado de otros presupuestos que, a nuestro juicio, en el caso que se está comentado ahora (del alcalde Jadue) no concurren, por lo tanto no hay ninguna contradicción”.
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