La defensa de la jueza Ángela Vivanco ya adoptó la decisión de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a partir de su percepción de que no da garantías de ecuanimidad ni un trato justo el cuaderno de remoción que abrió la Suprema en su contra ni las dos acusaciones constitucionales que enfrentará en el Congreso.
El escrito de los abogados Cristóbal Osorio y Juan Carlos Manríquez parte señalando que ambos libelos presentan problemas de forma y de fondo.
Según el documento, las acusaciones constitucionales tienen un “grave error”, ya que exceden el número de diputados que pueden presentarla. En este caso, no menos de 10 ni más de 20.
“La presente acusación constitucional vulnera los estándares nacionales propios del principio de imparcialidad”, indica el texto.
La defensa de Vivanco solicitó además la inhabilidad de 62 parlamentarios por haber emitido opiniones sin conocer los antecedentes, contraviniendo el artículo 346 de la Cámara, que regulan los deberes de los diputados.
Vivanco solo puede recurrir a la CIDH una vez que haya extinguido todos los recursos para defenderse en Chile, como lo exige esa corte, pese a que todo indica que la Suprema tendrá una resolución desfavorable hacia ella, al igual que la Cámara de Diputados y el Senado.
Existen otras razones por las cuales la magistrada está decidida a ir a la CIDH. Por ejemplo, que existen ministros que integrarán el plenario que definirá su futuro en el poder judicial que ya han emitido opiniones en su contra, como la jueza Gloria Ana Chevesich.
Por otro lado, los magistrados Soledad Melo y Nelson Pozo aparecen mencionados en los chats de Hermosilla, aunque no son vinculados a delito alguno. “Acabo de hablar con Nelson pozo. Quedó todo absolutamente claro”, dice Hermosilla en uno de sus WhatsApp con Vivanco cuando ella postulaba a la Suprema.
Todo apunta a que Vivanco está dibujando su estrategia legal para defenderse ante la Suprema y el Congreso, pero con miras a la acción que interpondrá posteriormente en la Corte Penal Internacional.
La magistrada pasó este jueves pasado a la ofensiva, antes de presentar su defensa en el proceso de remoción abierto en su contra a partir de presuntas irregularidades dadas a conocer en los chats que mantuvo entre marzo de 2018 y noviembre de 2023 con el abogado Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva como presunto autor de soborno reiterado, lavado de activos y delitos tributarios.
El pleno de la Corte Suprema acordó suspender en septiembre a la jueza Vivanco y pidió un informe sobre 6 puntos.
Lea también. Cadem: más del 90% se declara insatisfecho con el sistema político y el Poder Judicial (Lea aquí la encuesta)
Ver esta publicación en Instagram
Publicaciones relacionadas
La exigencia de los senadores del PPD de rebajar el impuesto a los combustibles terminó de sepultar este lunes el acuerdo con el gobierno, como se anticipaba desde el viernes. La nueva demanda de los parlamentarios surgió tras el tropiezo de Hacienda y el repudio del resto de la oposición a su pacto con el […]
Un informe de 24 páginas enviado por el INDH a la Cámara sostuvo que la sanción a rayados y dibujos del registro de vándalos atenta contra la libertad artística y política. “Su amplísima redacción puede alcanzar formas de expresión artística, cultural y política protegidas por el DIDH (Derecho Internacional de los Derechos Humanos)”, dijo la […]
Desde que dejó La Moneda, Vallejo había evitado la confrontación directa con la administración Kast y se enfocó, según sus cercanos en actividades en el PC y en algunas giras internacionales para participar en charlas y seminarios. Tras algunas críticas en junio, este domingo embistió contra los cambios en las 40 horas.
La Feria Caupolicán en Viña es conocida por su precariedad. De hecho, un mes antes del atropello masivo que costó la vida de seis personas, se había anunciado un proceso de remodelación. Ubicada en Av. Alessandri (entre Gómez Carreño y Achupallas), los trabajos contarían con una inversión de $752 millones.
Los grandes recitales en Chile son un negocio millonario, pero sus ganancias suelen ser opacas. Grandes empresas como DG Medios, de origen argentino, no suelen transparentar sus flujos. Aún más, estos conciertos multitudinarios gozan de un privilegio inusual: no pagan impuestos.