Durante este mes el diputado Eric Aedo (DC) espera anunciar el libelo contra el magistrado de la Corte Suprema. Para ello, además de conseguir apoyos en el resto del oficialismo, está realizando una ronda de consultas con abogados constitucionalistas y encargó un análisis de todas las causas en que ha votado Jean Pierre Matus.
Qué observar. Las últimas informaciones sobre diálogos entre el juez de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, con el abogado Luis Hermosilla, ha reactivado en la Cámara de Diputados las diligencias para presentar una acusación constitucional contra el magistrado.
- El viernes en declaraciones a Ex-Ante, el juez confirmó haber enviado un whatsapp de agradecimiento al abogado en 2021 tras su nominación como integrante del máximo tribunal.
- “Varios días después de confirmada mi nominación le agradezco por haberme escuchado y recibido mis antecedentes”, señaló, aunque negó que exista alguna injerencia o influencia indebida.
Gestiones en la Cámara. Según señala el diputado Eric Aedo (DC), segundo vicepresidente de la Cámara, el hecho suma nuevos antecedentes a la Acusación Constitucional que se encuentra preparando.
- “Cada día que pasa son más los antecedentes que le dan sustento a este estudio de la acusación constitucional que hemos planteado en relación al ministro Matus. Creemos que ha faltado a su deber de probidad, que lo ha hecho en el marco de su propio ejercicio como ministro de la Corte Suprema, y que esos elementos van configurando los requisitos para una acusación constitucional”.
- “Hemos ido sumando no solo apoyos políticos, sino que también el apoyo jurídico de distintos abogados de la plaza, de constitucionalistas, que ven viable esta acusación, que esperamos, una vez recogido todos los antecedentes, hecho todos los análisis, poder anunciarla en el momento oportuno durante el mes de septiembre”.
Apoyos. El diputado se encuentra en una ronda de conversaciones con parlamentarios para conseguir apoyos a la acusación. En el PS tres diputados ya se han manifestado partidarios.
- En el PS, encargaron un estudio al asesor jurídico de la bancada, Enrique Aldunate.
- También han apoyado la acusación, parlamentarios de la bancada PPD como Camila Musante. La diputada presentó hace un mes una querella por eventual delito de tráfico de influencias contra el juez Matus y otros magistrados que están siendo investigados en la Comisión de Ética de la Corte Suprema. La acción judicial fue declarada admisible a trámite por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
- En el Frente Amplio, Aedo ha tenido conversaciones con el jefe de la bancada Jaime Sáez, quien señaló que están a la espera que la DC recabe mayores antecedentes que sustenten la acusación. “Si existe fundamento, la apoyaremos. Por ahora estamos a la espera”, dijo.
- En la derecha la UDI y RN hicieron un llamado a ser prudentes con el uso de la herramienta constitucional y no intentar sacar dividendos políticos de la situación.
- Mientras que en la bancada del Partido Republicano, el diputado Stephan Schubert indicó que “estamos mirando lo que hace el Poder Judicial y Fiscalía. Hay que ver si las conductas imputadas al ministro se condicen con las causales constitucionales para la acusación. Estamos observando lo que ocurre”.
Consultas a constitucionalistas. Aedo señaló que ha consultado el tema con varios abogados, entre ellos el ex subsecretario del Interior y ex miembro del Tribunal Constitucional, Jorge Correa Sutil (ex DC).
- Correa Sutil sostiene que “el diputado Aedo me consultó y le di criterios acerca de lo que permite y lo que no permite una acusación en contra de un Supremo. Yo no he estudiado este caso concreto y no tengo aún una convicción”.
- “El diputado me consultó si faltar a la verdad en declaraciones públicas podía ameritar una acusación. Le indiqué los requisitos que debía tener esa falta a la verdad para constituir un abandono de deberes y el tipo de deberes que tiene un juez en ese ámbito”, dijo en La Segunda.
Investigación. La acusación, en el caso que se concrete, se basará en el artículo 8° de la Constitución que señala que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.
- En particular apuntará a la omisión que hace Matus del nombre de Hermosilla en el listado de inhabilidades que deben publicar los jueces de la Corte Suprema. El magistrado publica una nómina de más de 100 nombres de empresas y personas, incluyendo a los senadores que votaron por él para que llegara a la Suprema.
- Sin embargo, no menciona a Luis Hermosilla, con quien, según pudo establecer Fiscalía en la investigación del Caso Audios, colaboró en 2019, antes de llegar a la Suprema y cuando era abogado particular, en la defensa de la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Matus recibió una transferencia de Hermosilla por estas gestiones de $14 millones.
- El libelo acusatorio también se referirá a los que Aedo considera una “falta a la verdad y cambio de versiones” en las declaraciones que ha dado el juez sobre sus conversaciones por whatsapp con Hermosilla.
- El equipo del diputado se encuentra también analizando todas las causas judiciales en que ha votado Matus y si existe alguna en que participe el abogado Hermosilla.
- La acusación no contemplará acciones vinculadas al nombramiento de Matus realizado por el Senado, ni tampoco hechos previos a su designación.
Lo que ocurre en la Suprema. Matus se encuentra con licencia desde el 12 de agosto -por un accidente doméstico-, por lo que no asistió al pleno de la Corte Suprema de este lunes.
- En este sentido, en la reunión no se habría analizado la situación que enfrenta el magistrado.
- En el mundo judicial se indica que en el Máximo Tribunal están a la espera de que el abogado Juan Pablo Hermosilla dé a conocer las conversaciones del teléfono celular de Luis Hermosilla, cuya copia recibirá este miércoles por parte de Fiscalía, y así determinar si hay otros chats con jueces.
- De acuerdo a las mismas fuentes, en el Poder Judicial están esperando la resolución de la Comisión de Ética que se conformó para determinar si existen casos de tráfico de influencia en nombramientos.