El brusco giro de La Moneda en la querella contra Llaitul tras una serie de críticas y de una reunión de Siches con Carabineros y las FFAA

Jorge Poblete
La ministra del Interior, Izkia Siches, en el patio de Los Naranjos de La Moneda este miércoles 27. Foto: Diego Martin / Agencia Uno.

La ministra del Interior anunció este miércoles por la tarde en La Moneda que se ampliará la querella por Ley de Seguridad del Estado presentada durante el gobierno de Piñera contra el líder de la CAM, quebrando el discurso mantenido en los días previos, en que ella misma, Camila Vallejo y Giorgio Jackson sostuvieron que no perseguirían penalmente sus dichos, en línea con lo dicho anteriormente por el presidente Boric. Siches hizo el anuncio tras reclamos de la CPC y los dichos de la vocera de la Corte Suprema, después de una reunión con Carabineros y las FFAA.


Qué observar. En un solitario punto de prensa realizado este miércoles por la tarde en el patio de Los Naranjos de La Moneda, la ministra del Interior, Izkia Siches, anunció un drástico giro en la posición mantenida en las últimas semanas por el gobierno respecto del cofundador y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

  • El líder del grupo radical había dicho en un video de media hora difundido la semana pasada que la forma de “vengar” la muerte de uno de sus integrantes -mientras cometía un atentado de julio de 2021- había sido a través de los ataques realizados este mes, lo que hasta este miércoles por la mañana había sido evaluado por el gobierno como simples declaraciones.
  • Este escenario cambió en la tarde. “Nos hemos reunido tanto con Carabineros como con la Policía de Investigaciones, Fuerzas Armadas, las distintas subsecretarías para analizar el despliegue de las Fuerzas Armadas en La Araucanía y el Biobío”, dijo.
  • La ministra Siches anunció entonces que ampliarían la querella por Ley de Seguridad del Estado interpuesta durante el gobierno de Sebastián Piñera para “solicitar una serie de diligencias investigativas al Ministerio Público, para demostrarle al país con claridad que nuestro gobierno está comprometido con resolver los conflictos en la zona, como también que no va a limitarse ningún instrumento del ordenamiento jurídico”.
  • Los dichos de Siches ocurrieron luego de que distintos actores intervinieran pidiendo acciones al gobierno. El fiscal nacional Jorge Abbott lo hizo el martes, tras una jornada de trabajo sobre la Estrategia Nacional de Integridad Pública. “Se requiere, para poder investigar al amparo de la Ley de Seguridad del Estado, una denuncia, una querella por parte del gobierno”, dijo.
  • Ese mismo día la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) sostuvo, en una declaración firmada por su directiva, que “la extrema gravedad de las declaraciones del dirigente de la organización violentista CAM exige que el gobierno actúe de manera urgente para proteger la vida de las chilenas y chilenos; es su responsabilidad”.
  • A esto se sumaron los dichos de este miércoles de la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien manifestó que “lo que dice el señor Abbott es correcto. Efectivamente, la Ley de Seguridad Interior del Estado requiere una querella que podría ser presentada por los delegados regionales o provinciales y, por supuesto, que para ello requiere una instrucción del Gobierno”. En otros delitos, advirtió, la fiscalía podía actuar de oficio.
  • El gobierno había manifestado desde marzo su rechazo a aplicar la Ley de Seguridad del Estado en casos vinculados al 18-O, por considerarla una herencia de la dictadura.

El brusco cambio de La Moneda. El anuncio de Siches quebró el discurso mantenido en los días previos por 3 ministros del comité político, quienes sostuvieron que no perseguirían penalmente los dichos de Llaitul.

  • La vocera del gobierno, Camila Vallejo, dijo el martes en CNN que “hemos fijado una posición y en esto no hay cambios al respecto. Hay investigaciones en curso y hay querellas presentadas, y por lo tanto esperamos que respecto a estos delitos o posibles delitos sea la fiscalía la que determine las acciones y las responsabilidades”.
  • El ministro secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, dijo a ese mismo medio que “tal como lo dijo el Presidente, este no es un Gobierno que vaya a perseguir las ideas y eso es una línea que baja desde el Presidente en adelante”.
  • La propia ministra Siches había afirmado este miércoles por la mañana que “como gobierno esperamos que el Ministerio Público, con las distintas querellas que ya están en curso, 2019, 2020, todas por Ley de Seguridad del Estado, por dichos de similares características, pueda cursar una investigación y dar cuenta”.
  • El Presidente había fijado su postura el viernes 22. “Si alguien reconoce vínculos con ilícitos por supuesto que eso tiene que ser investigado y, de concluirse la investigación, sancionado como corresponde”, dijo tras encabezar la conmemoración del Día del Trabajo Doméstico no Remunerado. “Desde el Estado de Chile, más allá de este gobierno, tenemos un problema muy grave, y para solucionarlo no lo vamos a lograr si es que caemos en las provocaciones de quienes no quieren diálogo”.
  • El 19 de mayo, previo a las última declaraciones de Llaitul, había manifestado que “nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones”.

Los dichos de Llaitul que detonaron la ampliación de querella. El jueves 21 por la noche el sitio Werkén Noticias subió a sus redes sociales una entrevista de 31 minutos dada por Llaitul al portal en inglés Chile Today y a ese sitio, que suele difundir contenidos vinculados a los grupos radicalizados de la zona. En el video Llaitul aparece sentado con un poncho con franjas con diseños étnicos, frente a unos arbustos. A su izquierda hay un lago, que según menciona es el Lleulleu. Conocedores de su realización dijeron que fue grabado el sábado 16.

  • En el video Llaitul habla extensamente sobre una figura que ha levantado como mártir: Pablo Marchant Gutiérrez, el exestudiante de antropología de la U. de Concepción que dejó la facultad, se sumó a un brazo operativo de la CAM y murió por un tiro policial el 9 de julio de 2021, cuando participaba de un atentado incendiario al fundo forestal Santa Ana de Carahue, que contaba con protección de Carabineros. Tenía 28 años.
  • A propósito de esa muerte es que se refirió a una serie de atentados realizados este mes, que, sostuvo, eran una especie de venganza. “(Era) uno de los más destacados weichafe (combatientes). Y por eso nosotros también lo realzamos, lo reivindicamos con esa fuerza. Y nuestra forma de vengarlo, por decirlo de alguna manera, es agudizar contradicciones (de los sectores productivos) y luchar más fuertemente contra quienes nosotros consideramos responsables, que son las forestales y las fuerzas de ocupación que hoy día está en el Wallmapu; que son agentes del Estado, principalmente los que llevan adelante la militarización, la policía y otras fuerzas político-miliares que están ligadas a las forestales”, dijo.
  • Luego se atribuyó los atentados: “Ellos vienen a ser los responsables de la muerte de nuestro peñi (hermano) y la forma nuestra de reivindicarlo es obviamente a través del sabotaje (…), como ha quedado de manifiesto en estas últimas dos semanas”. Los ataques específicos habían sido adjudicados previamente por la CAM mediante declaraciones públicas.
  • Al respecto, Siches dijo este miércoles que “las últimas declaraciones dan cuenta de la adjudicación de lo que pudo haber sido los hechos de violencia de las últimas dos semanas y nos parece que ahí sin duda hay que perseverar en la investigación y esclarecer si hay participación real de quiénes se lo atribuyen”.

Los acercamientos a los otros grupos radicales. En una segunda parte del registro audiovisual difundido el lunes 25, Llaitul explicitó cuáles son los blancos de sus brazos operativos y envió un mensaje a los otros grupos radicales del sur.

  • “La prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje. Hacia un sabotaje muy bien dirigido. Hacia insumos, hacia maquinarias”, dijo Llaitul. “Si en algún momento alguien hizo una definición porque haya objetivos en las iglesias evangélicas, en los templos católicos o en las sedes comunitarias o en las escuelas como símbolos del colonialismo, la enajenación y la intolerancia frente a los mapuches, nosotros igual lo entendemos como argumentos muy sólidos, pero no atacamos ese tipo de objetivos”.
  • Los primeros dichos son los que generaron el rechazo de la CPC. Los últimos son los que apuntaron a uno de los blancos considerados aceptables por 2 de los principales grupos radicales de La Araucanía: la Weichán Auka Mapu (WAM) y la Resistencia Mapuche Malleco (RMM): ambos grupos se han adjudicados atentados a templos religiosos, lo que antes había sido criticado por el vocero de la CAM.

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