Parte de la izquierda ya definió la minuta para rechazar y desacreditar la ley miscelánea impulsada por el gobierno. En su opinión, el proyecto iría en beneficio del 1% más rico del país.
Algunos han sostenido que la rebaja al impuesto corporativo, del 27% al 23%, junto con la eliminación de las contribuciones para la primera vivienda, sería un regalo hacia las clases pudientes. Y si se añade la otra parte del relato (que se decidió traspasar el costo de los combustibles a la gente por mezquindad), es posible configurar la imagen que buscan proyectar del Ejecutivo: una administración que favorece a los ricos y perjudica a los pobres.
Este discurso, no obstante, contiene una paradoja que sus promotores prefieren, solo por simple casualidad, ignorar. Muchos de quienes denuncian beneficios para los ricos hicieron algo más dañino: perjudicaron, con sus actos de desestabilización, a los sectores vulnerables al crear las condiciones para que los más acomodados sacaran su dinero del país. Porque una cosa es el discurso de la nueva lucha de clases y otra, muy distinta, son las consecuencias concretas que producen los actos.
La validación de la violencia, el respaldo al proyecto de la Convención, la incertidumbre jurídica del cambio constitucional, el cóctel de reformas sociales que ha estrechado el margen de acción de las empresas y el aumento del empleo formal incrementaron algunas brechas en lugar de reducirlas. Según el Banco Central, entre 2013 y 2019 salieron en promedio US$810 millones por año, mientras que entre 2020 y 2025 esa cifra ascendió a US$3.747 millones.
Gracias a esta izquierda, el dinero del 1% está sano y salvo tributando en otros países.
Pero el daño va más allá de lo económico. Las actuaciones de la izquierda más beligerante deterioraron los espacios en que ricos y pobres podían encontrarse; en otras palabras, profundizaron la segregación que tanto dicen combatir. Basta mirar Santiago: antes, el centro era un lugar de encuentro. Hoy, los bancos, las grandes tiendas, las notarías y los estudios de abogados se fueron a convivir con los tiburones financieros de El Golf, y parece poco (o nada) probable que regresen.
En ese contexto, la reforma del gobierno podría representar una corrección virtuosa. Como sostuvo Benjamin Constant en sus Principios de política, cada exageración engendra otra del signo contrario. Si se presionó en exceso a la inversión, era previsible que emergiera una reacción de magnitud similar. Lo importante será fundamentar con solidez por qué esa reforma será beneficiosa para la mayoría. Su objetivo principal debería dirigirse a recomponer el vínculo entre la inversión de quienes más tienen y las condiciones de vida de los sectores con mayor precariedad.
La discusión tendrá que darse en sede técnica y política, y allí se impondrá quien argumente y negocie mejor. Aunque el debate debiera partir de una premisa elemental: los escenarios óptimos no existen. Siempre habrá costos en un ámbito para obtener mejoras en otros, y corresponderá a la política decidir dónde asumirlos. ¿Vale la pena bajar impuestos para atraer inversión y compensar la menor recaudación en el largo plazo? Los políticos, amparados en la técnica y la prudencia, deberán demostrarlo.
Esos mismos políticos, sin embargo, deben ser sinceros y hacer una autocrítica por sus actuaciones de los últimos años. Exigen a las clases más acomodadas una (razonable) mayor responsabilidad. Lo mismo ocurre respecto del Gobierno. Pero y ¿ellos? ¿No se sienten responsables de las condiciones que crearon y que ahora deben enmendar? La oposición debe actuar reconociendo que ha sido parte del problema.
Es momento de que Chile recupere la competitividad y vuelva a ofrecer garantías a la inversión. Incluso personas comunes y corrientes pueden hoy trasladar sus ahorros al exterior mediante aplicaciones financieras; no es necesario pertenecer al 1% más rico para hacerlo. El capitalismo de posguerra, anclado a los Estados nacionales, mutó. Hoy el capital es líquido, fácil de trasladar, castigador y elusivo.
El trasfondo de la reforma está lejos de ser solo fiscal. Se trata de crear las condiciones adecuadas para invertir con tranquilidad. ¿Quién va a querer apostar su dinero en un país donde parte de la oposición amenaza, cada vez que puede, las garantías de certeza jurídica? ¿No es mejor tener la plata en Miami o en Paraguay si la minuta para rechazarla va en contra de quienes deberían estar invirtiendo acá?
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La clase media no castiga el diagnóstico, castiga la espera. Por Kenneth Bunker.https://t.co/UWBPEOjsTU
— Ex-Ante (@exantecl) April 18, 2026
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