Cómo la Fiscalía escaló el conflicto con Interior y contradijo a Boric: “Los dichos de Llaitul pueden configurar delitos de Seguridad del Estado”

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Pocas horas después de que el Presidente Boric descartara querellarse contra el líder de la CAM y que Izkia Siches cuestionara la eficacia del Ministerio Público en esa materia, la Fiscalía Regional de La Araucanía señaló que el llamado de Héctor Llaitul a “organizar la resistencia armada” constituye un hecho nuevo que puede configurar delitos relacionados con la Ley de Seguridad del Estado y que el gobierno no ha entregado los antecedentes. Esta diligencia es indispensable para que la Fiscalía pueda incorporarlo a la investigación que lleva a cabo contra Llaitul.


Qué sucedió: El Presidente Boric descartó este jueves seguir acciones judiciales contra Llaitul por sus declaraciones, bajo el argumento de que su gobierno “persigue delitos, no ideas ni declaraciones”. Boric pronunció esas palabras poco después de que la ministra Siches justificara la negativa a querellarse contra Llaitul basada en que ya existen querellas similares contra él desde 2016, y desde Interior señalaran que los nuevos antecedentes serían enviados a la Fiscalía.

  • “Nuestro gobierno persigue delitos y los va a perseguir con todo el peso de la ley. Nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones y ahí puede que tengamos diferencias. Esas diferencias se pueden debatir, pero que sepan que quiénes cometen delitos van a ser perseguidos con todo el peso de la ley, pero nosotros no vamos a perseguir ideas”, señaló Boric.
  • “En esa materia existen ya varias denuncias y querellas disponibles, en la cual la Fiscalía al pasar los años no ha obtenido mayores resultados. Creo que es importante poder mostrar resultados y que el trabajo de la Fiscalía se concentre en esas aristas. Como Gobierno, estamos comprometidos a trabajar contra la delincuencia y estamos haciendo acciones para que eso ocurra”, dijo, a su vez, Siches.
  • El viernes pasado, el Fiscal Nacional Jorge Abbott había señalado que el Ministerio Público no podía actuar de oficio y requería una querella de parte del Ejecutivo frente a los nuevos dichos de Llaitul.
  • “Tienen antecedentes desde hace mucho tiempo, de denuncias y querellas, desde el 2018, 2016, ustedes lo pueden revisar, y frente a ello me parece que sin duda no tienen las manos atadas”, añadió la ministra.
  • El domingo, la titular de Desarrollo Social y encargada del comité interministerial para la Macrozona Sur, Jeanette Vega, había afirmado que el gobierno se querellaría contra Llaitul.
  • Las declaraciones textuales del líder de la CAM fueron las siguientes: “Se viene el estado intermedio, que no es otra cosa que un nuevo estado de excepción. Es decir los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Wallmapu custodiando los intereses del gran capital. Es la expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuche siempre hemos sufrido, dictadura que ahora asume el gobierno lacayo de Boric”, afirmó. “A preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche”.

La respuesta de la Fiscalía. Tras las declaraciones de Siches y Boric, el vocero de la Fiscalía Regional de La Araucanía, Luis Torres, señaló lo siguiente:

  • “Hasta el momento la Fiscalía no ha recibido estos nuevos antecedentes. Se trata estas últimas declaraciones de dichos nuevos (de Llaitul), que pueden configurar delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, por lo tanto la Fiscalía no puede investigarlos de oficio ni tampoco incorporarlo a investigaciones vigentes, salvo que el titular de la acción penal, en este caso el gobierno, lo haga, lo que hasta el momento no ha ocurrido”.
  • La CAM es el más antiguo de los grupos violentistas que operan en la Macrozona Sur. De hecho, la violencia política actual se inauguró en 1997, con un atentado de esa organización a una faena forestal en Lumaco. Los otros seis grupos que actúan en la zona son descuelgues de la propia CAM, motivados por rencillas internas y diferencias de estrategia para llevar adelante la lucha armada con el objetivo de lograr la autonomía de territorios mapuches.

Qué dice la ley: La Ley de Seguridad Interior del Estado sanciona a “quienes se alzaren contra el Gobierno constituido o provocaren la guerra civil”, a quienes inciten o induzca a la subversión de orden público, revuelta, resistencia o derrocamiento del Gobierno constituido. También quienes inciten a Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería a actos de indisciplina o desobediencia con el Gobierno o superiores jerárquicos. Y considera delito el financiamiento o ayuda a organizaciones de milicias privadas, grupos de combate u otros semejantes.


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