El pasado 19 de septiembre, los aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres sufrieron un ciberataque que comprometió el sistema MUSE, una plataforma utilizada para el procesamiento de pasajeros en operaciones de check-in y embarque, lo que provocó la cancelación de cientos de vuelos. Cinco días después, otro ataque cibernético acaparó los titulares, esta vez en Estados Unidos: hackers falsificaron páginas web del Internet Crime Complaint Center (IC3), ni más ni menos que la plataforma del FBI para denunciar ciberataques, con el objetivo de sustraer datos personales de los usuarios y defraudar sus cuentas bancarias.
Estos casos nos recuerdan que ya no se trata de episodios aislados; hoy forman parte de la realidad de gobiernos, bancos, hospitales, empresas de energía, telecomunicaciones y transporte. Un solo incidente grave puede paralizar servicios esenciales, afectar la estabilidad de los mercados y generar pérdidas millonarias. Frente a esta amenaza, contar con una autoridad especializada y con facultades claras no solo es oportuno: es indispensable.
En esa línea, la reciente creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) marca un hito fundamental para nuestro país. Chile, como muchas otras naciones, ha comprendido que la protección de la infraestructura digital no es un tema técnico reservado a especialistas en sistemas, sino una cuestión de seguridad nacional, continuidad económica y confianza pública.
Recientemente, esta agencia definió a casi 1.400 empresas que son consideradas como operadores de importancia vital, es decir, aquellas entidades cuya operación es crítica para el funcionamiento del país. Estas compañías tendrán que cumplir estándares más estrictos de ciberseguridad, similares a los que ya aplican en países líderes como EE.UU., Reino Unido o la Unión Europea.
Las exigencias para los operadores de importancia vital son concretas. Requieren gobernanza a nivel directivo, con consejos y gerencias activamente involucradas en ciberseguridad; planes de gestión de riesgos y continuidad operacional auditables; reportes rápidos de incidentes para una respuesta efectiva; controles sobre proveedores y cadenas de suministro; y capacitación continua para que todos los colaboradores comprendan que la ciberseguridad es parte de su trabajo diario.
Lejos de ser un obstáculo, este nuevo marco normativo representa una oportunidad para fortalecer la resiliencia del sector privado y elevar los estándares de la industria. Las empresas que sean catalogadas como vitales no solo estarán cumpliendo con la regulación: estarán blindando su reputación, su continuidad operacional y, en muchos casos, la confianza de millones de clientes que dependen de sus servicios. Además, hoy también existen pólizas de ciberseguridad que permiten transferir este riesgo al mercado de seguros y que pueden funcionar como un complemento en su estrategia.
Para el sector financiero y de seguros, por ejemplo, este cambio es particularmente relevante. Proteger los sistemas críticos e información sensible y tener la capacidad de respuesta óptima frente a incidentes cibernéticos es parte integral de la promesa de valor hacia los clientes y la sociedad.
La ciberseguridad ya no puede ser entendida como un área aislada de la organización, ni como un gasto reactivo. Es una inversión estratégica, un compromiso de largo plazo y un imperativo ético hacia el país. La ANCI entregará lineamientos y exigirá resultados, pero la responsabilidad de ejecutarlos recaerá en nosotros, las empresas.
En definitiva, Chile ha dado un paso en la dirección correcta. Ahora nos corresponde a todos —sector público, sector privado y ciudadanía— convertir la ciberseguridad en un pilar de nuestra resiliencia nacional.
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¿Restringir la UF para el mercado de los arriendos? Por Christian Larraín. https://t.co/rFp2i0X1aH
— Ex-Ante (@exantecl) October 15, 2025
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