Caso de Isabel Amor: el Presidente Boric debiera revertir la decisión. Por Pepe Auth

La decisión de despedir a Isabel Amor, sin duda, fue un completo error, en el fondo y en las formas, profundizado, además, por la explicación a cuenta gotas y con frágil fundamento. Se le acusó de no tener disposición al diálogo con los sindicatos y éstos lo desmintieron, más allá de que 48 horas son absolutamente insuficientes para evaluar a alguien en el ejercicio de su cargo. Es evidente que las razones son previas. En mi opinión, la autoridad ministerial simplemente no quería problemas con agrupaciones de derechos humanos para algunas de las cuales los delitos de los padres deben ser purgados también por sus hijos.

¿Por qué una decisión sectorial como el despido de la directora regional del Sernameg de Los Ríos puede convertirse, como ha ocurrido, en un severo problema gubernamental de consecuencias imprevisibles en su gravedad?

Primero, por las características de las personas implicadas en el affaire.

Por un lado, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, reconocida por su liderazgo político, claramente la autoridad ministerial más fuerte del Frente Amplio, la expresión en el gobierno de la línea de su partido en el Comité Político, co-fundadora de Convergencia Social y muy cercana al presidente Boric.

Probablemente no participó en la decisión de elegir a la directora, pero evidentemente exigirle la renuncia a 48 horas de asumir el cargo es una decisión política tomada o al menos visada por ella.

Por el otro, Isabel Amor, profesional de la UDD con posgrados en la PUC y en la U de Chile, hasta hace poco directora ejecutiva de la Fundación Iguales, sin militancia en partidos políticos, pero con extensas redes transversales en la política y en el ámbito de la diversidad de género.

Segundo, porque su temprana salida pone en cuestión no sólo la capacidad de la autoridad del servicio gubernamental que la eligió, sino también desafía de manera directa el proceso de selección del Sistema de Alta Dirección Pública que la propuso.

Tercero, porque la pérdida de confianza, de acuerdo con los dichos de la ministra y la directora del Sernameg, se fundamenta en supuestas omisiones de información y de relativización de la responsabilidad de su padre en el caso de violación de derechos humanos por el cual fue condenado en calidad de cómplice encubridor. Esto es lo más grave, a mi juicio, porque obligará al gobierno y a la ministra Orellana a defender en sede judicial, en Chile y quizás también afuera, que no la exoneraron por ser hija de un médico condenado por la Justicia, transgrediendo el caro principio de que las responsabilidades penales y morales no se extienden a los familiares.

También le será difícil defender que perdió su confianza por un pensamiento íntimo (de hecho, presentó ante el servicio el borrador de una entrevista en la que al parecer decía creerle a su padre que no había cometido tortura y que su delito había sido callar) respecto de la conducta de su progenitor, que, por sugerencia del propio servicio, decidió no publicar. Porque no hay asomo público de cuestionamiento a la condena, desde su condición de autoridad, tampoco desde sus responsabilidades públicas anteriores.

Recordemos que antes de asumir este cargo por unos días, ejerció de jefa del Instituto de Derechos Humanos en la Región del Maule. De hecho, la directora del Sernameg arguyó que había omitido informar del cuestionamiento que le había hecho una agrupación de DD.HH. luego de la condena de su padre, como si este acontecimiento hubiera alterado la decisión de nombrarla en el cargo. A confesión de parte, relevo de pruebas. Como si la conducta de su progenitor en dictadura pudiera inhabilitarla. Está el antecedente, por contraste, de la defensa que hizo la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, manteniéndola como jefa de la institución en Maule.

Si a lo anterior se agrega la situación de que Isabel Amor abandona su responsabilidad en Maule para trasladarse con su familia a Valdivia, luego de haber pasado todos los filtros de la Alta Dirección Pública y también del Sernameg, que tuvo a la vista otras opciones propuestas por la ADP para ese cargo,  se trata evidentemente de una situación de desconsideración y maltrato por parte de la autoridad, agravada por el hecho de que la instancia protagonista es el Ministerio de la mujer y la equidad de género, cuya misión principal es defender y promover el respeto a los derechos de las mujeres y de las personas con orientación sexual diferente.

La decisión, sin duda, fue un completo error, en el fondo y en las formas, profundizado, además, por la explicación a cuenta gotas y con frágil fundamento. Se le acusó de no tener disposición al diálogo con los sindicatos y éstos lo desmintieron, más allá de que 48 horas son absolutamente insuficientes para evaluar a alguien en el ejercicio de su cargo. Es evidente que las razones son previas.

En mi opinión, la autoridad ministerial simplemente no quería problemas con agrupaciones de derechos humanos para algunas de las cuales los delitos de los padres deben ser purgados también por sus hijos. Si eso era así, tuvieron la opción de nombrar a otra persona, ése es el ejercicio de discrecionalidad del poder, el que están haciendo ahora releva la discriminación.

Entiendo la dificultad de enmendarle la plana a la ministra Orellana y a la directora del servicio, pero aun así el Presidente Boric debiera revertir la decisión por los valores que están en juego y el riesgo de que se convierta éste en un caso paradigmático y modifique el juicio mayoritario respecto de rasgos de identidad de su gobierno que aún le son reconocidos por la mayoría de la gente. Sería una decisión sabia, justa y que demostraría liderazgo para proteger valores aun a pesar de corregir el actual de los suyos. Antes de que sea la Justicia la que lo obligue a hacerlo.

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