Cárcel de alta seguridad: Al que le toca, ¿le toca? Por Claudia Miralles

Si la legislación establece que las empresas privadas deben pactar compensaciones a los territorios por sus proyectos, con mayor razón las grandes iniciativas estatales deberían respetar esta lógica y dar el ejemplo como buenos vecinos. En el marco del debate de la nueva cárcel, esto se ha hecho patente. El gobierno ha impuesto una ubicación y quiere una ley para acelerar los trámites. No lo conversó con nadie y ahora se enfrenta a una fuerte campaña en contra. Humildemente, creo que así no se hace.

El país necesita nuevos recintos penitenciarios. También más vertederos, torres de alta tensión, subestaciones de transmisión eléctrica, líneas de metro, hospitales, carreteras y un sinfín de obras públicas de alto impacto social. Algunas gustan y otras, siendo totalmente necesarias, disgustan a vecinos y a autoridades, especialmente en tiempos de campaña electoral, como demuestra la controversia pública respecto de la cárcel de alta seguridad en Santiago.

A la multitud de trámites y búsqueda de recursos para realizar estos proyectos, se suma otro factor crítico: “en mi comuna no”. Así, los vecinos hacen campaña, los alcaldes se suman y las obras no tienen dónde ser emplazadas. Hace un tiempo, en una comuna de la zona poniente, los vecinos se oponían a más viviendas sociales porque “aquí no cabe nadie más”. Se ha instalado un sentido común perverso: no queremos más vecinos, no queremos más proyectos, “en mi comuna no”.

Hemos perdido el espíritu de lo comunitario, del bien común. El anhelado progreso para todos se aleja si, tanto los vecinos como las autoridades, tienden a velar por intereses particulares por sobre los valores comunes, los proyectos sociales y de interés público.

Queremos nuestras casas y calles totalmente iluminadas, pero ojalá sin torres de transmisión eléctrica; queremos el retiro de basura todos los días, pero sin aceptar vertederos; queremos ver presos a todos los delincuentes y sospechosos de serlo, pero sin cárceles en mi comuna; compartimos la necesidad de nuevos hospitales, pero ojalá lejos de mi casa. Así no se puede.

Esto que observo es propio de la naturaleza humana y no va a cambiar con buenas intenciones, frases para al bronce o recriminaciones idiosincráticas. Es el momento de que hablemos de las medidas compensatorias para los territorios que cargan con las llamadas externalidades negativas, que son positivas para el bien común, en pro de las grandes necesidades del país.

En materia de energía, algo de eso hay avanzado. En mayo pasado, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad determinó que seis comunas fueran beneficiadas con una rebaja en las cuentas de electricidad, como parte del mecanismo de reconocimiento territorial para zonas donde históricamente se han ubicado complejos termoeléctricos.

Si la legislación establece que las empresas privadas deben pactar compensaciones a los territorios por sus proyectos, con mayor razón las grandes iniciativas estatales deberían respetar esta lógica y dar el ejemplo como buenos vecinos.

En el marco del debate de la nueva cárcel, esto se ha hecho patente. El gobierno ha impuesto una ubicación y quiere una ley para acelerar los trámites. No lo conversó con nadie y ahora se enfrenta a una fuerte campaña en contra. Humildemente, creo que así no se hace.

La lógica de “al que le toca, le toca” no puede ser la regla en los territorios afectados por los grandes proyectos de interés público. ¿No podremos ser más creativos a la hora de responder a los vecinos y comunidades que -innegablemente- se verán impactados por estos proyectos? ¿No será el tiempo de innovar con agilidad para evitar comentarios como: “acá no cabe nadie más”, o “siga la ruta del trámite”? Se trata de proyectos que buscan el bien común y son reclamados con urgencia por las comunidades y por el país.

Se impone entonces la necesidad de poner sentido de colectivo y generar puentes para agilizar los trámites, informar adecuadamente y compensar de manera inteligente cuando sea necesario.

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