Pocos lugares reflejan de mejor manera los cambios subjetivos de los chilenos como su opinión sobre el cuerpo de Carabineros.
La violencia que se apoderó del estallido social tuvo en carabineros su blanco preferido. El chivo expiatorio, dije en una columna en Ex-Ante en septiembre de 2021, recuperando la idea de que desde tiempos primitivos todas las comunidades necesitan descargar las culpas en uno solo y hacerle pagar el precio de los errores colectivos.
Pero la verdad es que tras la violencia y la crítica a Carabineros no se trataba sólo de expresar una rabia y el descontento de miles de ciudadanos, también se hizo presente la acción sistemática de grupos ligados al narcotráfico y la delincuencia organizada que aprovecharon la crisis para intentar debilitar a la policía y ejercer un mayor control territorial sobre vastos sectores del país, incluyendo en ellos diversas comunas y la plaza Italia como lugar emblemático de su poder.
Parte de ese esfuerzo fueron los miles de rayados y consignas contra la policía (la yuta se dijo, copiando una expresión que viene del movimiento piquetero de allende Los Andes), las agresiones en la calle a carabineras y los ataques nocturnos a las comisarías encabezadas por turbas violentas y muchas veces armadas.
Claramente, la versión más radicalizada del estallido social, que tuvo su eco en la Convención Constitucional, buscó la destrucción de Carabineros como institución encargada del resguardo del orden público. No estuvieron lejos de tener éxito. Los escándalos financieros, el montaje en la Araucanía y las violaciones a los derechos humanos durante los días del estallido social, hicieron lo suyo. La crisis de Carabineros se reflejó en la pérdida de valoración pública, en el hecho que los nuevos postulantes a la institución cayeron dramáticamente y en que en la Convención la comisión de derechos humanos propuso “sustituir a carabineros”, mientras que el fracasado proyecto que se sometió a la ciudadanía eligió no nombrar a la institución.
Los caprichosos vientos, sin embargo, en poco tiempo han cambiado radicalmente. En 2020 el número de interesados para convertirse en oficiales bajó en un 40,5% mientras que los postulantes a la escuela de suboficiales cayeron un 56,7%. Hoy, en el proceso 2022, nuevamente los atraídos a la institución han sobrepasado la oferta de matrícula. La última encuesta del CEP pone a Carabineros y la PDI como parte de las tres instituciones más valoradas por los chilenos.
La profundidad del cambio tiene que ver con la situación de inseguridad que atraviesa el país y el rol que la ciudadanía espera de las policías en la restitución de un orden público y una seguridad básica. Esta situación no sólo impacta en la valoración del trabajo policial, sino que, de fracasar el país en la restitución del estado de derecho, pone peligrosamente en cuestión valores básicos como la confianza en el sistema democrático, el rechazo al autoritarismo o el valor de las libertades frente a la seguridad.
Así las cosas, todo parece indicar que estamos frente a un cambio profundo de clima que, con una toma de conciencia más activa de la ciudadanía, puede llevar al fracaso de quienes quisieron poner en jaque al Estado, muy particularmente a Carabineros, incentivando el individualismo, la desobediencia a las normas mínimas de convivencia y legitimando la violencia.
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